Emergencia, toque de queda, chalecos para motorizados y las repetitivas propuestas de seguridad que dejó la reunión de alcaldes con José Jerí

En la antesala de una masiva marcha ciudadana y con una convocatoria a través de un tuit, el presidente José Jerí se reunió la mañana de ayer con 35 alcaldes de Lima Metropolitana para hablar sobre la inseguridad ciudadana. Durante más de tres horas, cada autoridad expuso la situación de su distrito y sus alternativas para enfrentar el problema. El resultado se resumió en un pronunciamiento con cinco propuestas, algunas bastante conocidas y cuya aplicación ha sido cuestionada antes por su poca efectividad.

Estado de emergencia, toque de queda, municipalización de determinadas funciones policiales, uso obligatorio de chalecos naranja en transporte lineal y circulación de una sola persona en moto, entrega de armas ilegales y “destacar el liderazgo del Presidente de la República en la lucha por la seguridad ciudadana”. De las cinco propuestas, al menos tres ya se han aplicado en distintas ciudades del país sin marcar un cambio significativo en la lucha contra el crimen.

Solo en Lima Metropolitana, el gobierno de la vacada Dina Boluarte decretó cuatro estados de emergencia por el incremento de casos de extorsión y delincuencia. En todo el país, en los últimos seis años, las diferentes gestiones del Ejecutivo declararon el mismo estado de excepción 10 veces (sin contar sus respectivas prórrogas) por la delincuencia en diferentes regiones y provincias. En Pataz, por ejemplo, desde el 2024, con Boluarte, se realizaron nueve prórrogas al estado de emergencia por criminalidad debido al avance de la minería ilegal.

Para el alcalde de Magdalena, Francis Alisson, quien no participó en la reunión, dicha estrategia es un “engañamuchachos” que no ha demostrado efectividad . “Si no logró su objetivo en sectores específicos como La Libertad, menos en todo el país. El toque de queda funcionaba contra Sendero Luminoso y MRTA que ponían bombas de noche, ahora asesinan todo el día. Esa medida no concuerda con lo que se necesita. Han dado acuerdos gaseosos, vagos y genéricos. La evidencia muestra que los chalecos naranjas no funcionó, no hay capacidad policial para controlar que no vayan dos en moto en todo el Perú”, dijo a El Comercio.

La reunión inició ayer poco después de las 8 de la mañana en Palacio de Gobierno. La convocatoria la hizo el propio Jerí la noche previa a través de un mensaje en la red social X. Francis Alisson, alcalde de Magdalena, calificó de poco serio dicho llamado. “La invitación por X del presidente interino José Jeri, a los alcaldes de Lima quizá sea moderna, pero no es seria. Menos serio aún es que un gobierno sin ministro del interior nos cite para consensuar acciones contra la delincuencia. La lucha contra la delincuencia debe abordarse con firmeza y responsabilidad, no como un mecanismo mediático para darle legitimidad a quien no la tiene”, escribió.

“La reunión tenia como objetivo, no la seguridad ciudadana sino demostrar que tenía el apoyo de los alcaldes de Lima. El acta firmada, que he llamado acta de sujeción municipal, demuestra que tuve razón porque de seis puntos, cinco son de apoyo al presidente y para rechazar la protesta ciudadana”, añadió en conversación con El Comercio.

En total asistieron 35 alcaldes (de 44, incluyendo al burgomaestre metropolitano) acudieron a la cita. “El objetivo es escuchar, sobre la base de la experiencia que tiene cada uno de ustedes en el ejercicio diario de su función, esas propuestas que nos permitan tomar acción concretamente. Más tarde, cuando juramente el gabinete tendremos esa coordinación adicional para aplicar lo que hoy se acuerde”; dijo Jerí al iniciar la reunión. Para ese momento, todavía no se había confirmado ningún nombre para las carteras del Ejecutivo.

Lista de acuerdos

1.Los retos que demandan administrar el desarrollo económico y social en la ciudad capital se tornan aún más complejos, a raíz de la lucha que debemos librar contra el crimen organizado que azota a la población, frenando el camino del desarrollo que legítimamente se plantea cada ciudadano.

2.Por ello, respaldamos la gestión del señor Presidente Constitucional de la República, José Enrique Jerí Oré, quien acaba de asumir el Gobierno Nacional por los conductos correspondientes que nuestra Constitución establece, apostando por la unidad y la reconciliación nacional, que requiere un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y la sociedad civil.

3.En tal sentido, ratificamos nuestro compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática, que constituye una condición indispensable y es la base fundamental de un Estado de derecho y para el desarrollo nacional.

4.Rechazamos todo acto orientado a desestabilizar las bases de nuestras instituciones y nuestra democracia, y que solo ven en el caos una alternativa para atentar el poder. Ante ello, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales a sumarse a un pacto por la gobernabilidad y la lucha contra el crimen organizado.

5: proponemos las siguientes medidas, entre otras, para la lucha contra la inseguridad:

-La declaratoria del estado de emergencia con medidas efectivas.

-Evaluar lo tiene que hacer el presidente del Gobierno Central.

-Evaluar el toque de queda como alternativa.

-Municipalización de determinadas funciones policiales.

-Uso obligatorio de los chalecos naranja en transporte lineal y vehículos menores de manera temporal, y circulación de una sola persona por motocicleta.

-Promover la entrega de armas, plazo perentorio para entrega de armas ilegales dentro de lo que sería la declaratoria del estado de emergencia.

-Destacar el liderazgo del Presidente de la República en la lucha por la seguridad ciudadana.

6.Reconocemos la predisposición del Gobierno a aplicar las medidas y evaluar constantemente sus resultados

Aunque hubo matices respecto a la situación de cada distrito, los planteamientos coincidieron en ampliar el Foncomun (Fondo de Compensación Municipal), establecer un estado de excepción y fortalecer la PNP. Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, pidió también que el penal de la Dinoes (penal de Barbadillo) “podría albergar todos los extranjeros indocumentados”.

“Surge la necesidad de declarar en estado de emergencia el país porque evidentemente hay que tomar acciones de forma urgente. Hemos hablado de tomar el control de los penales a través de las FF.AA, tomar medidas respecto a las motocicletas en el periodo de emergencia. El tema recurrente de la falta de efectivos policiales […] También se debe trabajar el tema de los extranjeros y tomar medidas drásticas”, dijo el nuevo burgomaestre metropolitano.

Carlos Canales, alcalde de Miraflores, sumó al pedido un eventual toque de queda en el país, miembros del ejército en las calles, así como “soldados en unidades de transporte público”.

Carlos Bruce, alcalde de Surco, propuso prohibir temporalmente que dos personas circulen en motocicleta y la aprobación del uso de pistolas paralizadoras por parte de los serenos. “A corto plazo ver la posibilidad de incorporar una categoría especial de policías, la propuesta la hizo el exministro Vicente Romero, para que licenciados de las FF.AA con una capacitación de seis meses puedan patrullar las calles con la policía y así incorporar personal con armas de fuego”, agregó.

La propuesta a la que se refiere es la “Policía del orden y seguridad”, promesa del mensaje a la Nación de Dina Boluarte del 2023. La iniciativa, que se resumió en el PL 05633/2023, fue archivada en el Congreso. El propio Instituto de Defensa Legal Policial, luego de un estudio técnico legal, determinó que proyecto “contraviene en todos sus extremos la normativa interna de la PNP” al crear una quinta categoría que no forma parte de la carrera policial. “En el supuesto de que sus integrantes tengan alguna inconducta con personal policial de armas o entre POS [policía del orden y la seguridad], no hay forma clara de cómo se inicia un posible procedimiento administrativo disciplinario”, se lee en el documento donde declaraban inviable la propuesta.

Un alcalde que fue claro en advertir la poca eficacia de los estados de emergencia fue Hernán Sifuentes, de San Martín de Porres, cuyo distrito ha estado incluido en dicho régimen en varias oportunidades. Lo mismo sucedió con el alcalde de Comas, Ulises Villegas, quien detalló que cuando se se decretó esta medida, las comisarías de su jurisdicción se mantenían con “camionetas y motos malogradas y los policías con chalecos y armamento de 30 años atrás”. Pese a ello, ambos firmaron la propuesta para declarar al país en emergencia.

En diálogo con El Comercio, Sifuentes explicó que una medida de este tipo sí podría ser efectiva si se complementa con una inversión sustancial en recursos. “Son otros tiempos. Hay darle la posibilidad de que el presidente pueda asumir el liderazgo para fortalecer paralelamente a la policía nacional con recursos para la inteligencia, la investigación y para dotarla de tecnología que ayude a capturar a las bandas criminales y extorsivas. El control territorial no ha funcionado, pero el presidente ahora debe asumir el liderazgo para invertir en reforzar los cuerpos de seguridad y de justicia”, explicó.

Durante la reunión, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, también propuso modificar las normas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para agilizar la contratación del personal de serenazgo y redistribuir los recursos de seguridad ciudadana para permitir la compra de logística y equipamiento.

Aunque Rennán Espinoza, alcalde de Puente Piedra, no participó en la reunión, indicó a El Comercio que esto se debió a temas de agenda. La noche anterior, la Mancomunidad de Lima Norte coordinaron las propuestas que presentarían al nuevo presidente. Espinoza comparte con Jerí la afiliación al partido Somos Perú. Sobre la marcha programada para hoy, el alcalde de Puente Piedra consideró que debe ser una exhortación a que los tres niveles de gobierno actúen de manera inmediata.

“Está bien que la gente se movilice. Es necesario que escuchemos a la población porque cuando esta se moviliza es una señal clara que hay que actuar con rapidez en los tres niveles de gobierno. Lo que ocurre es que hay otro pliego de reclamos que son producto de la frustración, es comprensible, pero estamos convencidos que las decisiones del gobierno va a tener resultados”, añadió a este Diario.

Horas después de la reunión, Jerí tomó juramento de Vicente Tiburcio, general en situación de retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP) que formó parte del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Carlos Malaver.