El ministro de Defensa, Walter Martos señaló que el toque de queda está en evaluación y precisó que el principal factor del análisis de la medida pasa por un tema de salud y no de seguridad. (Foto: Joel Alonzo/GEC)
El ministro de Defensa, Walter Martos señaló que el toque de queda está en evaluación y precisó que el principal factor del análisis de la medida pasa por un tema de salud y no de seguridad. (Foto: Joel Alonzo/GEC)

Los 18 alcaldes que conforman la mancomunidad Lima Centro (12) y Lima Este (6) solicitaron al Gobierno Central que se mantenga la inmovilización social obligatoria, conocido como toque de queda, como medida para contener la propagación del (COVID-19).

La compleja situación sanitaria que vive el país y los esfuerzos para controlar el COVID-19 nos obligan a replantear medidas preventivas en el marco de una nueva convivencia social con enfoque territorial”, indicaron los representantes ediles de Lima Centro en su pronunciamiento.

El alcalde de San Borja y presidente de dicha mancomunidad, Alberto Tejada, informó que, en su caso, el pedido de extensión corresponde a temas de salud pública. “Es necesario tener una conducta preventiva para evitar reuniones. El serenazgo tiene tareas de patrullar, pero ahora con menos efectivos por la pandemia”, dijo.

Por su parte, Edde Cuéllar, alcalde de Ate e integrante de la mancomunidad de Lima Este, precisó que en la última semana se incrementó la incidencia de hechos delictivos, entre las 8 a 9 p.m. y de 4 a 5 a.m., así como la presencia de ambulantes informales.

El Ejército ha tenido destacamentos en varios distritos y ayudó favorablemente en las labores de control, en colaboración con la Policía Nacional. Es necesario discutir la presencia de los militares en las calles para prevenir el contagio y ayudar en la seguridad ciudadana”, manifestó Cuéllar.

Ayer, el ministro de Defensa, Walter Martos, manifestó que el principal factor para levantar la inmovilización social sería el tema de salud y no la seguridad ciudadana. “El toque de queda es un tema de evaluación. Las actividades durante la noche mayormente son de distracción y en este momento no es conveniente levantarla, pero es una decisión producto de una reunión con el Consejo de Ministros”, dijo.

—En debate—

La ex vice ministra de seguridad pública, Nataly Ponce, indicó que es pertinente que se continúe con el toque de queda, pero considerando una focalización territorial en los puntos más críticos de la ciudad.

Hay lugares donde se juntan dos elementos críticos: el nivel de situación alta de contagio y la vulnerabilidad de los residentes por la inseguridad ciudadana. El toque de queda se debe mantener a fin de preservar la salud pública, la cual aportará a controlar los riesgos de inseguridad pública y privada”, manifestó Ponce.

Remigio Hernani, ex ministro del Interior, sostiene que prorrogar el toque de queda debe ser enfocado en evitar las congregaciones, pero no es una solución para frenar los hechos delictivos. “La delincuencia se debe de combatir con las armas de la ley, pero no coaccionando libertades. Para el tema de inseguridad, la Policía Nacional tendrá que activar elementos de investigación”, precisó.

Para Ricardo Valdés, ex viceministro de seguridad pública, asegura que mantener el toque de queda para combatir la delincuencia es soslayar las obligaciones de los gobiernos locales, quienes deben desarrollar mecanismos para enfrentarla, en coordinación con la Policía Nacional.

“La concentración de robo y hurto se da en horas donde no hay toque de queda, entre las 5 y 9 p.m. Si los alcaldes no han esperado un pronunciamiento del comando COVID, lo que temo es que usen el argumento de la emergencia como una excusa para impedir la libre circulación, con lo cual atentan la constitución del libre tránsito. Es una forma de evitar una responsabilidad por la que cobran arbitrios”, puntualizó Valdés.

Esta misma idea comparte Fernando Rospigliosi, ex ministro del interior, quien señala que la mayoría de actos delictivos ocurren en horarios previos a la inmovilización obligatoria. “La persecución del delito no implica que los ciudadanos tengan derechos mermados, como el libre tránsito. Eso de pretender ciudades militarizadas no funciona porque hemos visto que no pueden estar tanto tiempo en las calles”, acotó.