Extorsión y crimen: la realidad que llevó a La Victoria a la declaratoria de emergencia

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció ayer que el distrito de La Victoria será declarada en estado de emergencia por seguridad ciudadana. Con esta incorporación, suman 15 las jurisdicciones de Lima y Callao –cerca del 30% del total de distritos– con el régimen de excepción que entró en vigencia hace 69 días.

La inclusión de La Victoria entre la lista de distritos en emergencia y la implementación de medidas concretas contra el avance de la extorsiones era un pedido constante del alcalde Rubén Cano, empresarios y comerciantes del distrito que alberga al emporio más grande del país, Gamarra. De hecho, 6 de setiembre, 20 días antes de que el gobierno de Dina Boluarte ordene la medida excepcional en 14 distritos, Cano encabezó la marcha “La Victoria quiere paz” ante el aumento de ataques contra fiscalizadores municipales.

Aunque La Victoria tiene oficialmente poco más de 188 mil habitantes, cada día el distrito es visitado por cientos miles de personas que acuden a las zonas comerciales. Solo Gamarra recibe al día entre 300 mil y 500 mil personas en temporada de fiestas de fin de año. Sin embargo, el distrito apenas cuenta con 180 policías.

“La Victoria es la despensa y la logística de Lima. Tenemos 160 policías, nos ofreció 100 más, pero no se ha cumplido, simplemente nos han aumentado a 180 policías. Compramos 78 francos policiales para el patrullaje integrado, pero no alcanza”, dijo el alcalde Cano días atrás en una entrevista con Canal N.

El número limitado de agentes de seguridad contrasta con los altos índices de delincuencia. Solo entre abril y junio (segundo trimestre del 2024) hubo 1.541 denuncias por delitos contra el patrimonio (robo, hurto, extorsión) y 12 homicidios en La Victoria, de acuerdo con estadística de la Policía Nacional del Perú.

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, advierte que un 9% de emprendedores ha sido víctima de extorsión. Esa fue una de las razones por las que el 23 de octubre se sumaron a la protesta nacional contra la delincuencia. Fue la primera vez que el emporio paralizó sus actividades para exigir medidas concretas ante organizaciones criminales que se dedican al cobro de cupos.

“Estamos pidiendo que sea una declaratoria de emergencia mucho más definida y programada, que incluya la presencia de las Fuerzas Armadas. Ese ha sido el compromiso de la presidenta Boluarte. Queremos que se garantice la entrada y salida de empresarios y clientes que asisten a diario al emporio y al distrito”, dijo a El Comercio.

De acuerdo con la I Encuesta de Seguridad Ciudadana Gamarra 2024 realizada por la Asociación Gamarra Perú, que agrupa a más de 7.500 micro y pequeñas empresas y a 70 galerías comerciales, el 87.9 % de los empresarios ha sido víctima de algún tipo de delito en los últimos 12 meses. Entre los delitos más frecuentes, el robo tuvo un 71.7 % de incidencia.

Para Saldaña, lo mínimo que necesitaría el emporio es 500 policías por turno. “Somos conscientes que no nos van a dar esa cantidad de policías. Entonces la única forma de incrementar la capacidad operativa es el Ejército, pero no para que reemplace a la policía, sino para apoyar y fortalecer el patrullaje y el trabajo disuasivo. Así la policía puede concentrarse en el temas de inteligencia para derrotar las mafias de cobros de cupos en Gamarra”, añadió.

Hasta el cierre de esta nota la declaratoria de emergencia en La Victoria aún no era oficializada con su respectivo decreto supremo.

Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia (ICEV) y exviceministro del Interior, considera que el problema de inseguridad ciudadana no se resuelve con medidas de 30 o 60 días, sino con un trabajo articulado y con metas claras que puedan ser evaluadas. En diálogo con este Diario, mencionó que, por ejemplo, hasta ahora no hay cifras que demuestren que el reciente estado de emergencia haya reducido la victimización y la comisión de delitos.

“El estado de emergencia, con esos plazos breves, no tiene un resultado inmediato que se espera. Los datos también sugieren que no ha habido ningún impacto positivo con la medida implementada en setiembre pasado. Hay más victimización, hay más robos, hay más homicidios. Entonces, no queda claro cuál es la necesidad de insistir sobre una medida que a todas luces tiene suficientes evidencias de que no funciona. Es preocupante que se apueste por eso y no por planes más concretos, a largo plazo y con responsabilidad más clara de los actores involucrados”, dijo.

El 27 de setiembre pasado, el Gobierno Central declaró el estado de emergencia en los distritos de Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador, de la provincia de Lima, y en el distrito de Ventanilla, de la provincia constitucional del Callao. El plazo inicial era de 60 días calendario, pero la semana pasada se amplió por 45 días más.

Durante los estados de emergencia, concebidos como un régimen de excepción de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. Se trata de un régimen que puede aplicarse en caso de “perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”.