Foro Seguridad Ciudadana 2024: los delincuentes tienen tres veces más capacidad de acción y presupuesto que el Estado peruano

El 3 de diciembre, la ESAN School of Government organizó un foro sobre Seguridad Ciudadana, donde participaron diversos ponentes que compartieron las estrategias que consideran fundamentales para mitigar esta problemática. Durante el evento, se destacaron soluciones y mecanismos que contribuyen a mejorar la calidad del bien público. Además, se creó un espacio de discusión para presentar alternativas, al que asistieron ciudadanos y militantes de partidos políticos.

En primer lugar, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra, destacó que son necesarias propuestas a corto, mediano y largo plazo. “Las Fuerzas Armadas y la Inteligencia del Ejército deben actuar de manera coordinada con la Inteligencia de la Policía. La extorsión y el sicariato solo se pueden combatir con inteligencia”, señaló.

Por su parte, Daniel Hermoza, director de Pymes Unidas del Perú, resaltó la existencia de una red vinculada a la delincuencia dentro del sector empresarial. “El Ejército no solo debe realizar un trabajo disuasivo en distritos declarados en emergencia, sino que también debe intervenir en las fronteras distritales. Muchos de los afectados provienen del sector de las bodegas”, comentó.

Además, precisó que el 7% de los empresarios peruanos están considerando abandonar sus negocios de bodegas para trasladarse a otros sectores debido a la inseguridad. “Es sorprendente pensar que ser bodeguero se ha convertido en un negocio de alto riesgo, por eso cientos de empresarios cierran sus bodegas debido a la alta inseguridad ciudadana y al cobro de cupos. Es urgente trabajar en políticas de Estado rápidas que protejan a nuestros empresarios”, afirmó.

El economista Enrique Cornejo señaló que el presupuesto del gobierno es de 66.438 millones de dólares en el actual periodo. De este monto, 15.532 millones de dólares están asignados al orden público. “Esto demuestra que los delincuentes tienen tres veces más capacidad de acción y presupuesto que el Estado peruano. Tengamos en cuenta estas cifras y pongámonos las pilas. Nos están ganando la batalla”, comentó.

Posteriormente, Juan Villarán, representante del Partido Popular Cristiano, mencionó que las actividades delictivas mueven aproximadamente 10.000 millones de dólares al año. “Estas actividades deben ser observadas por todo tipo de autoridades, ya sean municipales, regionales e incluso por el propio Congreso de la República”, agregó.

“No existe una política clara, sino errática, por parte del gobierno. En promedio, un Ministro del Interior permanece doce semanas en su cargo, lo que implica que se deben implementar políticas de Estado con líderes que cambian a sus sublíderes cada 12 semanas. Es necesario hacer un cambio estructural en la ley del sistema de seguridad ciudadana, así como una reestructuración del sistema penitenciario”, afirmó.

Además, destacó que los cabecillas del crimen organizado buscan mantener la cadena de valor de un mercado ilícito. Por ello, sugirió la creación de unidades especiales con policías asignados para combatir la inseguridad a nivel regional y nacional.

Jorge del Castillo, representante del APRA, destacó la necesidad de una mayor estabilidad y políticas de Estado más claras y definidas. “El APRA propone que el presidente de la República tome las decisiones políticas sobre seguridad ciudadana junto a un comando especial. Además, no puede ser posible que haya tantos fiscales involucrados en casos de corrupción. Es fundamental reforzar los Comités de Defensa y las juntas vecinales. También debe haber una mayor prevención y sanción contra la violencia hacia las mujeres y detener la cultura de normalización de la violencia”, afirmó.

Alberto Pinto, representante de Fuerza Popular, indicó que actualmente en Perú el número de efectivos policiales es de 136.993, distribuidos en 14 direcciones, de las cuales 9 están dedicadas a la investigación criminal. “Dentro del orden interno, es necesario focalizar los esfuerzos. Contamos con 40.000 comisarías distribuidas a nivel nacional, lo que representa un gran desafío”, sostuvo.

“También es crucial potenciar el sistema de emergencias. Cuando uno llama al 105, el sistema es deficiente y no hay conexión con la central, por lo que se necesitan más efectivos en esa área. Además, en el país existen conflictos sociales de manera permanente, por lo que nos faltan más manos. Es importante implementar políticas de seguridad, reformular y fortalecer el programa Barrio Seguro, mejorar la organización de la policía, y que las Fuerzas Armadas asuman el control de los penales de máxima seguridad para enfrentar a las grandes organizaciones criminales dentro de esos espacios”, concluyó.

Miguel Fernando Lostanau, representante de Fuerza Moderna, señaló que la violencia y la extorsión han crecido exponencialmente no solo en Perú, sino en toda América Latina. Existen 72 políticas nacionales, de las cuales 10 están relacionadas con el control de la violencia y la inseguridad, pero estas no son políticas de Estado. “Debemos convertirlas en políticas de Estado, sin importar qué presidente esté en el poder; son políticas que deben perdurar en el tiempo”, expresó.

“Es fundamental atacar a las organizaciones criminales en su capacidad económica. Todos hablan del control de la inseguridad, pero también es crucial hablar de la prevención. Los alcaldes deben apostar por la prevención, ya que esto nos brindará una mayor efectividad. Es necesario más liderazgo por parte del poder ejecutivo, un rediseño de las políticas públicas, la implementación de tecnologías de seguridad, y una mayor participación ciudadana y contribución comunitaria”, indicó.

El representante de Avanza País, Juan Carlos Liendo, considera que uno de los mayores retos es el crimen transnacional organizado. “El Estado está en cuidados intensivos en temas de seguridad. La seguridad nacional nos implica a todos los peruanos, sin importar nuestras ideologías. Se necesita una unidad de todos los peruanos. La seguridad ciudadana debe ser responsabilidad de las municipalidades, especialmente en lo que respecta a los riesgos de nuestra vida cotidiana, como al cruzar la calle o al transitar por zonas sin iluminación, entre otros”, expresó.

“Además, los bomberos deben estar atentos a posibles choques y desastres, en coordinación con la policía. El país actualmente enfrenta una gran inseguridad, pero no es una situación nueva. Debemos preguntarnos por qué hemos fallado en temas de seguridad. Es necesario que las autoridades hagan un mea culpa”, agregó.

José Luis Gil, representante de Renovación Popular, sostuvo que Perú enfrenta una cultura criminal. “No se trata solo de enfrentar a grupos delincuenciales, sino de una cultura criminal, con códigos y una serie de actividades que unen a todos los criminales. El primer objetivo de los criminales es el dinero; la criminalidad necesita dinero en circulación, y este se encuentra en las capas más bajas de la informalidad. Es fundamental adoptar estrategias como desincentivar el crimen, evitar normas que lo favorezcan y, en su lugar, implementar medidas de seguridad y trabajar en inteligencia”, dijo.