Gobierno declara el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por 30 días

El Gobierno declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la provincia constitucional del Callao por 30 días calendario, a fin de enfrentar la ola de criminalidad que azota la capital y el primer puerto.

Mediante el Decreto Supremo Nº 027-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se señala que la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

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“La Policía Nacional del Perú determina las zonas de intervención, esencialmente sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos”, indica el dispositivo legal.

Durante la vigencia de la medida se aplicará lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

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“Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación”, detalla.

Refiere que las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo.

Conforman comités

Se conformará el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), así como los Comités de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE), con integrantes cuya participación es indelegable.

El CCO estará presidido por el Comandante General de la Policía Nacional e integrado por el Jefe de Estado Mayor Conjunto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), un representante de la Fiscalía de la Nación, un representante de la Presidencia del Poder Judicial, el alcalde de Lima como representante del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) y el alcalde provincial del Callao como representante del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC).

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En forma facultativa se convocará al gobernador regional del Callao como representante del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), a un alcalde distrital en representación de las mancomunidades de Lima Norte, de Lima Este, de Lima Sur y de Lima Centro y; los responsables operativos que la Policía Nacional del Perú designe.

Se conformará el Comité de Coordinación Distrital (CCD) presidido operativamente por el comisario de más antigüedad de la jurisdicción de la Policía e integrado por los comisarios de la jurisdicción, un representante de las Fuerzas Armadas responsable de la jurisdicción y el gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad.

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Asimismo, el Comité de Inteligencia (CI), estará presidido por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) e integrado por la División de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, la Subdirección de Inteligencia del INPE o la que haga sus veces, las Direcciones de Inteligencia de las Instituciones Armadas, la Unidad de Inteligencia Financiera y un especialista en análisis prospectivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).

Se conformará en el Centro de Coordinación Permanente del CI, el Equipo Técnico Especializado de Integración Tecnológica para contrastar en tiempo real los datos de inteligencia policial, penitenciaria, financiera y predictiva que permita realizar los operativos con mayor precisión.

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De igual modo, el Comité de Fiscalización (CF) estará presidido por la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía e integrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), el Ministerio Público a través de un representante con capacidad de decisión, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) o el que haga sus veces, Migraciones, la Sucamec, Sutran, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Unidad Antidrogas especializada de la Policía (Dirandro) y el gobierno regional y los gobiernos locales de la jurisdicción.

Así también, el Comité de Comunicación Estratégica (CCE) estará presidida por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y conformado por un integrante elegido por el CCO, un representante de la División de Operaciones de Información del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un representante de la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la Policía y la secretaria de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Medidas adoptadas

En los penales habrá control penitenciario y de telecomunicaciones ilícitas. La restricción de visitas en los establecimientos penitenciarios estará sujeta de la siguiente manera:

• Una visita semanal para los internos del régimen cerrado ordinario.
• Una visita quincenal para los internos del régimen cerrado especial.
• Solo pueden recibir visitas de sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

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Habrá apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación, así como desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, encargando la vigilancia y el sostenimiento a las fuerzas integradas en el perímetro de los establecimientos penitenciarios.

Se realizarán operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, teléfonos, armas blancas, y demás artículos prohibidos, a cargo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE o el haga sus veces apoyado por las fuerzas integradas.

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“El INPE dispone inmediatamente el traslado a otro establecimiento penitenciario de aquellos internos que ponen en riesgo la seguridad penitenciaria o atentan contra la integridad del personal penitenciario o policial, o son encontrados en flagrancia delictiva o estén involucrados en la comisión de algún delito, de conformidad con el artículo 112-A del Código de Ejecución Penal”, subraya.

Prohibiciones en motos

Las fuerzas integradas ejecutarán esta medida en zonas críticas determinadas con base en el mapa del delito, información de inteligencia, registros estadísticos y otros instrumentos técnicos. Comprende el resguardo de instituciones públicas con participación de las fuerzas integradas, así como la instalación de puestos de comando temporales en coordinación con el gobierno regional y los gobiernos locales.

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Para ello, se dispondrá de patrullaje permanente y aleatorio a pie de las fuerzas integradas por equipos de acuerdo con el mapa del delito, así como patrullaje disuasivo motorizado constante en zonas estratégicas (paraderos, estaciones del metro, instituciones asociadas a servicios públicos, activos estratégicos, centros comerciales, mercados, entre otros.

Del mismo modo, habrá operativos de control de identidad en inmuebles (incluye descerraje de ser necesario), vía pública, transporte público y privado, vehículos motorizados y no motorizados con el fin de capturar a requisitoriados.

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Se prohibirá el tránsito de 2 personas adultas en vehículos menores motorizados de la categoría vehicular L1 y L3 (motos lineales). Se exceptúa el cumplimiento de la presente restricción al personal de la Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas, del Serenazgo Municipal y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, en ejercicio de sus funciones.

De igual modo, en el caso del traslado del cónyuge o conviviente declarado conforme a ley, hermanos e hijos mayores de edad, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad inscritas en el registro del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

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“Las personas intervenidas deben acreditar las condiciones antes descritas, con los documentos correspondientes para cada caso. Se encuentra prohibido el uso de cualquier elemento o accesorio, adicional al casco, que impida o limite la identificación del conductor”, sostiene.

La norma legal está firmada por el presidente José María Balcázar, la jefa del Gabinete Ministerial, Denisse Miralles, y los ministros de Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos y Transportes y Comunicaciones.

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