En trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), realizaron un megaoperativo simultáneo en diversos penales de la capital con el fin de imponer el principio de autoridad.
En trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), realizaron un megaoperativo simultáneo en diversos penales de la capital con el fin de imponer el principio de autoridad.
De esta manera, las acciones que contaron con la presencia del ministro Eduardo Arana, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Charles Napurí, y el secretario general del Minjusdg, George Otsu, fueron llevadas a cabo en los penales de Lurigancho, Callao y Castro Castro.
Durante el operativo, personal del INPE, PNP y EP revisó celdas, patios, pasadizos, áreas comunes, y realizó revisión corporal a la población penal, a fin de hallar artículos y sustancias ilícitas.
Se informó que en Castro Castro se intervinieron a 389 internos del pabellón 12, clasificados de mediana seguridad. Fueron un total de 60 efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) más agentes de la Policía Nacional y Ejército, que realizaron este operativo, acompañados del presidente del INPE, Javier Llaque; el general de Brigada Julio César Guzmán Flores del Ejército del Perú; y el director de Fronteras de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Carlo Enrique Mori.
El presidente del INPE resaló que si bien es cierto cuentan con la ayuda de la PNP para estas acciones, no cuentan con las herramientas tecnológicas adecuadas para las requisas, por lo que se realiza manualmente, pero que “no siempre es 100 % efectiva”. Agregó que “no es un reclamo, es solo información”.
Por otro lado, sostuvo que el Ministerio de Justicia ya presentó un gran plan de obras por impuestos. “La presidenta ha presentado en Palacio de Gobierno ante un grupo de empresarios que ha presentado interés. Estas obras tienen un paquete de 1.400 millones de soles para el INPE para implementar tecnología en los penales más sensibles, donde nos vulneran o sale alguna llamada delictiva”, anotó.
En ese sentido, desligó de “lo que ocurre en la calle se organice en los penales”. Precisó que son situaciones excepcionales. Destacó que, en 2023, de las 19 mil extorsiones denunciadas, 21 provinieron de las cárceles, es decir, un 0.1 %. Además, en 2024 aumentó y solo aumentó a 0.5 %. “Lo de la calle no tiene correlato en los penales”.
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