Lince y Cercado en emergencia: qué implica, qué busca el gobierno y qué efectos tendría

A partir de mañana 11 de octubre, el estado de emergencia planeado para combatir la delincuencia y el crimen organizado se extenderá oficialmente a los distritos de Lince y Cercado de Lima. Así lo anunció ayer (lunes), el primer ministro Alberto Otárola, finalizada la sesión del Consejo de Ministros. Ambas jurisdicciones se sumarán a San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y siete distritos de Sullana (Piura), donde dicha medida excepcional rige desde el pasado 20 de setiembre.

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Otárola sostuvo que con esta decisión se busca preservar la seguridad y la vida de los peruanos, así como combatir de manera radical y frontal el proxenetismo, la prostitución clandestina y la trata de personas.

Vale precisar que la presidenta de la República Dina Boluarte ya había anunciado la próxima extensión del estado de emergencia al Cercado de Lima la tarde del pasado jueves, durante la clausura de la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), en la ciudad de Trujillo (La Libertad).

“El Consejo de Ministros ha acordado declarar en emergencia al Cercado de Lima, pero también al distrito de Lince. El Decreto Supremo se va a publicar mañana (martes). Queremos preservar la seguridad y la vida de los peruanos, de los negocios y queremos combatir de manera radical el proxenetismo, la prostitución clandestina, la trata de personas”, declaró el primer ministro en conferencia de prensa.

Asimismo, señaló que los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se encargarán de garantizar el control del orden interno y desplegarán las labores que sean necesarias en aras de cuidar a los ciudadanos. “Esta decisión se da luego de recibir los informes correspondientes. En consecuencia, Las Fuerzas Armadas pasarán a apoyar en las tareas del control de orden interno con las restricciones constitucionales”, indicó.

Durante la conferencia, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Romero, detalló que inicialmente, mediante el Decreto Supremo N° 105-2023-PCM, se declaró el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana. Sin embargo, este se ha tenido que modificar a fin de extender la medida a los distritos de Lince y Cercado de Lima, debido al aumento exponencial de la criminalidad y violencia en ambas jurisdicciones, así como al pedido de sus autoridades.

“Después de San Juan de Lurigancho, el Cercado de Lima es el segundo distrito con una alta incidencia delictiva. Se cometen una serie hurtos, robos, y especialmente estafas y extorsiones. Por otro lado, en el distrito de Lince, la Policía Nacional ha encontrado que existen más de 7 puntos donde se llevan a cabo acciones de trata de personas. Este es el delito más cruel que existe actualmente”, explicó Romero.

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Además, tal como ocurren en los distritos donde ya rige la medida excepcional, precisó que tanto en Cercado de Lima como en Lince quedan suspendidas las actividades comerciales desde la medianoche hasta las 4 de la mañana. Esto, al menos, durante las primeras dos o tres semanas. Agregó que esta disposición de horarios será evaluada para no perjudicar a gran parte de la población de ambas jurisdicciones.

“La Policía Nacional conoce su trabajo y hay que dejarlos trabajar. Los trabajos de inteligencia se hacen paralelamente, van de la mano, esto no se ve, pero los resultados allí están. Desde las 00 horas hasta las 4 am no va a haber actividades comerciales, pero tenemos la posibilidad de evaluar, dentro de los primero 15 o 20 días, cómo van desarrollándose las actividades y sobre eso adoptaremos nuevas medidas”, dijo Romero.

Por su parte, el jefe del Gabinete Ministerial resaltó que el estado de emergencia viene dando resultados, pues ha contribuido a reducir la ola de criminalidad en los distritos donde se viene ejecutando. En esa línea, descartó la posibilidad de que dicha medida se extienda en los próximos días a toda Lima Metropolitana o, más aún, en todo el Perú.

“El Ejecutivo no va a tomar una decisión que incluya una declaración masiva de emergencia, porque creemos que hay que tener la inteligencia y estrategia suficiente como para poder enfocar de manera adecuada y asertiva las decisiones que se tomen sobre estas políticas públicas. La presidenta ha pedido evaluaciones diarias, por eso creemos que estamos por buen camino, dando duros golpes al crimen organizado”, expresó.

La extensión del estado de emergencia al distrito de Lince se da luego de que el último fin de semana, sujetos dejaran una bomba molotov al frente de un edificio ubicado en la cuadra 21 de la calle Carlos Alayza. Al lugar llegaron miembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional.

Esta no es la primera vez que se registra un hecho así en este distrito. A principios de este mes, se registró un ataque y el estallido de una granada en plena calle. Cámaras de seguridad captaron el momento en que delincuentes en moto lanzaron el explosivo contra la puerta del hostal Aristo, ubicado en la cuadra 20 de la avenida Petit Thouars.

La fachada del hostal, así como inmuebles aledaños, resultaron seriamente afectados. Incluso, algunos vehículos que circulaban por la zona y otros que estaban estacionados cerca, como combis y autos particulares, terminaron con las lunas destrozadas producto de la detonación. El ataque habría tendido el propósito de intimidar y amenazar al local en mención y/o el cobro de cupos a las trabajadores sexuales de la zona.

Asimismo, la semana pasada, personal del Ministerio Público en colaboración con la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional desplegaron un megaoperativo en hoteles ubicados a lo largo de la avenida Petit Thouars. Algunos locales allanados fueron ‘Jardín’ y ‘Astoria’, donde se encontraron a trabajadoras sexuales en compañía de clientes.

Un reciente informe de El Comercio, da muestras de cómo es que en ciertas calles de Lince predomina la explotación sexual, el cobro de cupos, las extorsiones, los casos de sicariato, entre otros delitos, así como el modus operandi de las bandas de trata de personas y la disputa por el control territorial.

De acuerdo a la investigación, la zona roja y más crítica del distrito ha sido identificada entre el jirón Risso y Bernardo Alcedo; colindantes con la Av. Arequipa, Av. Petit Thouars y la Av. Ignacio Merino. El “movimiento” en este lugar inicia desde a las 6:30 de la tarde. En los exteriores de los hostales, trabajadoras sexuales esperan e invitan a los transeúntes masculinos a que las acompañen al interior de ellos. Según información policial, en Lince hay un aproximado de 67 hostales y hoteles.

Las mujeres son observadas desde lejos por sus captores (proxenetas) y reciben órdenes a través de mensajes. El proxeneta de las bandas labora con brazos armados o gatilleros, sujetos que rondan con armas de fuego o explosivos para defender la hegemonía del territorio.

Investigaciones de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri han detallado que existen dos bandos que se están enfrentando por ejercer el control territorial de cobro de cupos: uno integrado por delincuentes peruanos y el otro por venezolanos (remanentes de diversas facciones del ‘Tren de Aragua’).

Tras la inclusión de Cercado de Lima y Lince en el paquete de distritos donde rige el estado de emergencia, el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, recordó que la Municipalidad de Lima ya había sentado su posición al respecto días atrás. Indicó que el viernes pasado, en conferencia, sostuvo que la comuna acepta que se extienda la medida, pero que considera que debe ir acompañada de algunas otras medidas complementarias y ajustes.

“Ya nos hemos pronunciado al respecto. Quiero reconocer que se tomó en cuenta lo planteado el viernes, para que de alguna manera se amplíe a Lince el estado de emergencia” señaló.

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Reggiardo resaltó que la Municipalidad de Lima considera que no basta con el estado de emergencia, y que este tiene que ir acompañado de otras medidas. “Debemos trabajar en el corto, mediano y largo plazo”, dijo.

Sostuvo que es necesaria la creación de una secretaría nacional, una autoridad del más alto nivel, dependiente de la Presidencia de la República, y que esta articule esta con todas las dependencias del Estado que tienen que ver con la lucha contra la la delincuencia. “Si esto no se hace, desde mi punto de vista, creo que va a ser más de los mismo. Hay que tomar el toro por las astas”, expresó.

En tanto, sobre los comercios y establecimientos que se verían perjudicados por las restricciones propias del estado de excepción, dijo que la comuna de Lima ha planteado que esta medida se ejecute sin necesidad de restringir derechos ciudadanos.

“Nuestra propuesta es que el Gobierno derogue una disposición del año 2022 que modifica la norma y establece que los miembros de las Fuerzas Armadas solo deben salir a las calles en situación de estado de emergencia. Si esta norma vuele a su estado anterior, seguramente se tendrá el apoyo de los militares, pero sin afectar los derechos de los ciudadanos y evitar consecuencias en perjuicio de los comerciantes. No queremos que se perjudiquen”, comentó.

Un último informe de este Diario da cuenta que más de 20 municipios de Lima y Callao han rotado de gerente de seguridad en el último tiempo. Como Lince, son 21 los distritos de Lima y Callao que han rotado de gerentes de seguridad en menos de 10 meses de gestión. Solo entre ese grupo de comunas suman 54 gerentes de seguridad hasta la fecha.

Cada municipio tiene su propia versión de las rotaciones, pero principalmente las atribuyen a la falta de resultados o renuncias “por motivos personales”. Lo que casi nadie quiere reconocer son las diferencias que existen con los propios alcaldes al mando.

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El 26 de setiembre, cinco días antes de que estallara una granada en Lince, Víctor Livia Gonzales presentó su carta de renuncia a la Gerencia de Seguridad Ciudadana de esa jurisdicción, encabezada por la alcaldesa Malca Schnaiderman. La explosión ocurrió el 1 de octubre, cuando el reemplazo de Livia, Óscar Delgado Delgado, se terminaba de acomodar con apenas tres días en el nuevo cargo.

En Lince, fuentes de la propia municipalidad indicaron que la renuncia de Livia se debió a la falta de acción frente a la situación de 17 trabajadores del Grupo de Intervención Rápida del serenazgo que se habían quedado sin contrato, y a la falta de respuesta a los informes donde se solicitaba apoyo para el mantenimiento de flota vehicular y cámaras.

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Desde la Oficina de Comunicaciones de dicho municipio alegaron que la renuncia del gerente fue un tema “estrictamente personal” y destacaron el incremento de serenos y la suscripción de un convenio con la policía para reforzar el patrullaje, durante la actual gestión. Livia, tras renunciar, ha sido contratado como gerente de fiscalización en La Victoria.

La alcaldesa Schnaiderman tiene una investigación fiscal por negociación incompatible por el de arrendamiento de un inmueble para seguridad ciudadana. La municipalidad no brindó comentarios al respecto.