Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Horas antes de que se publique este reportaje, un equipo de El Comercio fue amenazado por un grupo de taxistas del aeropuerto Jorge Chávez mientras cubrían una información de amplio interés y que es el eje central de este informe: los antecedentes policiales, judiciales y penales de la red de taxistas que operan en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, entre las puertas de salida automáticas de los desembarques nacional e internacional y el estacionamiento.
Horas antes de que se publique este reportaje, un equipo de El Comercio fue amenazado por un grupo de taxistas del aeropuerto Jorge Chávez mientras cubrían una información de amplio interés y que es el eje central de este informe: los antecedentes policiales, judiciales y penales de la red de taxistas que operan en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, entre las puertas de salida automáticas de los desembarques nacional e internacional y el estacionamiento.
El acoso con el que ofrecen sus servicios es solo la punta del iceberg de lo que esconden estas asociaciones de taxistas: estos gremios funcionarían como un repositorio de delincuentes, escondido en una fachada de sociedades anónimas que le dan legitimidad, cuyos gerentes también registran serios -y hasta peores- antecedentes.
La historia es así: en el 2023 se revelaron varios casos de pasajeros víctimas de reglaje, que llegaban a Lima vía aérea, tomaban un taxi hacia sus domicilios, hoteles o inmuebles alquilados, y terminaban asaltados al llegar a sus destinos, principalmente en distritos como San Isidro y Miraflores. La policía halló indicios de que habían sido seguidos desde el mismo aeropuerto por motorizados a lo largo de toda su ruta. A partir de esas denuncias, El Comercio publicó un informe que narraba con detalle el modus operandi de estos ladrones.
El siguiente paso fue buscar las empresas y los rostros de quienes controlan la oferta de taxis en el terminal chalaco, conocidos por abordar a los pasajeros apenas de abre la puerta automática del desembarque. Para ello, se buscaron antecedentes penales y policiales con información del Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Registro Nacional de Detenidos (Renadesple) y la Sucamec.
Una mafia en el aeropuerto
Se calcula que hay unas 33 asociaciones o empresas que agruparían a unos 800 taxistas operando en el aeropuerto Jorge Chávez en diferentes turnos del día. De ellas, 14 asociaciones tienen a choferes con denuncias policiales, procesos en la fiscalía e ingresos a algún penal.
Del total de estos taxistas aeroportuarios, hay 201 tienen denuncias policiales desde robo, violación, homicidio, tráfico de drogas, secuestro, inducción de fuga de menores, atropellos con abandono de la víctima, conducción en ebriedad hasta fabricación de explosivos y otros materiales peligrosos. En otras palabras, uno de cada cuatro taxistas tienen denuncias.
De ese total de taxistas denunciados, 143 de ellos tienen procesos en la fiscalía por los mismos delitos.
Lo más alarmante de esta situación es que los gerentes o representantes legales de estas asociaciones también tienen un grave prontuario. De las 28 personas que lideran las empresas o asociaciones y que son supervisadas por Ositrán, 18 tienen antecedentes graves, desde estafa, fraude, violación sexual, violencia familiar, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, secuestro y hasta homicidio calificado. Y de estos 18, cinco han cumplido condena en prisión.
Es decir, taxistas y los representantes de estos están en similar situación legal. Estas asociaciones de taxistas no reclutan a sus choferes de forma gratuita. Lo hacen por medio de pagos por supuestos “derechos” a pertenecer al gremio, un cobro de cupo disfrazado de formalidad. De hecho, se han registrado casos de taxistas independientes que deciden ingresar por su cuenta y que terminan siendo amedrentados o atacados por miembros de los gremios asociados.
Esta mafia aeroportuaria ha detectado la manera perfecta de poder ingresar sin pagar al aeropuerto y permanecer largas horas por la vía rápida, que ofrece solo unos minutos para permanecer a recoger pasajeros: intercambiando o ‘ruleteando’ tickets con otros choferes y así poder quedarse más tiempo.
LAP responde: “Es un espacio público”
Frente a estas revelaciones, Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto, declaró a El Comercio sobre las facultades que tienen estos taxistas para apoderarse del estacionamiento.
“En el marco del contrato de concesión, Lima Airport Partners (LAP), como operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, realizó concursos comerciales para otorgar espacios de funcionamiento para ofrecer el servicio de taxi tanto para pasajeros de llegadas nacionales o internacionales. Hoy en día, los taxistas independientes ofrecen sus servicios a viva voz, tratando de convencer a los pasajeros que salen del terminal, cobrando inclusive más que un servicio autorizado, y en gran medida incomodando y hasta hostigando a pasajeros para que tomen sus servicios, obstruyendo las puertas de salida del terminal, interrumpiendo su desplazamiento y transmitiendo mucho desorden e inseguridad a los turistas. En conclusión, la primera impresión que reciben los visitantes al país es de acoso y desorden”, señaló LAP a El Comercio.
El concesionario, sin embargo, admitió que “la impunidad que han mantenido se resguarda en el hecho de que cualquier ciudadano tiene la libertad de estar parado en esta zona, ofreciendo sus servicios de taxi, pues se trata de un espacio público”.
En respuesta a esta situación, a solicitud de LAP, el Ositrán emitió nuevas regulaciones para el uso de la playa de estacionamiento con el objetivo de mejorar la organización en el área. Estas normas disponen que los taxistas únicamente dejen pasajeros en la vía libre.
Luego, en un proceso de diálogo promovido por Ositrán, se formaron mesas de trabajo con los representantes de taxis para establecer límites sobre las operaciones de estos choferes que operan acosando a los pasajeros. Ese diálogo está paralizado. LAP sostiene que le comunicó formalmente al Ositrán, como intermediario de las negociaciones, “la decisión definitiva de dar por concluida las mesas de trabajo con las empresas de taxi debido al registro de un gran número de conductores con antecedentes”.
Por otro lado, LAP ha firmado acuerdos con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para respaldar sus labores de fiscalización, así como con la PNP para apoyar en la imposición de sanciones a los taxistas que incumplan las normativas vigentes.
Expuestos
Desde hace meses, diversos usuarios del aeropuerto han notado la reducción de policías que durante años estuvieron en el ingreso al aeropuerto solicitando identificación, DNI, licencia, y de ser el caso impedían el paso a quienes tenían requisitoria. Frente a ello, LAP sostiene que se trató de una reducción de personal policial para evitar demoras en los pasajeros.
“Por motivos de pandemia se dejaron de realizar muchas intervenciones, asimismo, este cambio se dio también debido a una falta de recursos, efectivos y la demora que generaba esa revisión en el ingreso de los pasajeros. Sin embargo, se ha retomado dicha práctica desde febrero de este año y dependerá de la disponibilidad de la PNP. Nosotros como LAP requerimos la presencia de la autoridad por la seguridad de nuestros pasajeros y también de todos los trabajadores del Jorge Chávez, además de que se les brinda todas las facilidades del caso para el ejercicio de sus respectivas funciones”, sostiene LAP.
