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Lo primero que hizo Juan José Santiváñez luego de regresar al gabinete de Dina Boluarte, esta vez como ministro de Justicia y Derechos Humanos, -sin contar sus peleas con la prensa por las investigaciones en su contra- fue anunciar la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón, en el Callao. “El segundo día de esta gestión, la empresa privada comprometió 174 millones de dólares para la obra. Este miércoles, por disposición de la presidenta Dina Boluarte, firmaremos un convenio con el Ministerio de Defensa para que el Ejército inicie el movimiento de tierras”, aseguró. Lo que no dijo es que la propuesta ya ha sido declarada inviable por el mismo Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Estos son los restos que quedan del penal El Frontón, ubicado en una isla frente al Callao. Fue fundado en 1917. En 1986, fue escenario de un violento motín que terminó con la intervención del Estado y la muerte de varios internos. Posteriormente, el penal fue cerrado
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Con una inversión de 500 millones de soles, Santiváñez indicó que el penal albergaría a 2.000 internos de alta peligrosidad con sentencias por delitos de extorsión, homicidio calificado, sicariato y otros. Aunque el domingo la presidenta y miembros de su gabinete visitaron las ruinas del antiguo centro reclusorio, no hay detalles del proyecto ni de los estudios que respalden la construcción del penal ni del muelle logístico que se necesitaría para transportar suministros y personal hasta la isla ubicada a 4.5 kilómetros del litoral.
Pese a ello, la noche del martes, el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) aprobó la construcción del penal en la isla “para jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas”. Según declaró Santiváñez, la aprobación se logró luego de “exposición de un par de horas, de exposiciones técnicas, de la viabilidad, de las cuestiones financieras”. Estaría listo, según dijo, entre 8 a 10 meses una vez que el terreno esté habilitado.
La propuesta no es nueva. Solo en la última legislatura se han presentado seis proyectos de ley para crear un nuevo penal en El Frontón. Si bien todos permanecen en la comisión de Justicia y Derechos Humanos, al menos uno de ellos ya ha recibido opinión desfavorable del INPE. El proyecto de ley 5232/2022-CR, presentado por el parlamentario Wilson Soto, fue considerado inviable por razones técnicas y presupuestales.
A través del Oficio N°D000681-2023-INPE-PRE, del 20 de setiembre de 2023, el INPE advirtió que la isla no cuenta con servicios básicos, lo que implicaría enormes costos para instalar y operar servicios como agua, desagüe, energía eléctrica, red de telefonía, residuos sólidos, entre otros. Lo mismo sucedería con la accesibilidad y localización, vía marítima, del personal administrativo y logístico, de seguridad, defensa y otros.
“Luego de analizar técnicamente la situación de lo que fue el establecimiento penitenciario El Frontón, se concluye que, el área actual del mismo no permitiría la construcción de un establecimiento penitenciario que albergue a un número importante de internos, lo que no contribuiría a reducir significativamente la brecha penitenciaria, asimismo, la ampliación del mismo, requeriría la construcción de plataformas con movimientos de tierra muy costosos debido a la elevada pendiente de la zona, tampoco cuenta con factibilidad de servicios y presenta serias dificultades en la accesibilidad, que condiciona a futuro altos costos de mantenimiento y operación”, indicaron.
En ese documento se aclaraba que el Establecimiento Penitenciario el Frontón, ubicado al noreste de la Isla el Frontón, se sitúa en tres plataformas con un área total de 5.400 m2 aproximadamente. Las normas que regulan la creación de establecimientos penitenciarios precisan que se requieren terrenos con un promedio de 150.000 m2, con una topografía relativamente plana o de mínima pendiente y con factibilidad de servicios básicos, requisitos que El Frontón no tiene. Si se construye un nuevo penal, apenas podría recibir 108 reclusos y no los 2.000 que propone Santiváñez.
“El promedio de área considerado para un interno es alrededor de 50 m2; en tal sentido, el diseño alcanzaría para 108 Unidades de Albergue (UA). Ampliar el área, requeriría la construcción de plataformas con movimientos de tierra muy costosas, por la elevada pendiente de la zona”, precisa el informe de 2023.
No es la primera vez que se pronunciaron. Unos meses más tarde, el 16 de febrero de 2024, el entonces jefe del INPE, Javier Llaque, reiteró que la construcción de un nuevo penal en el Frontón era inviable por razones técnicas y presupuestales. “Todo penal tiene que tener condiciones de accesibilidad inmediatas, una emergencia en la isla en estos momentos, no tiene ni muelle. El INPE para construir un penal tendría que construir un muelle, una flota de lanchas para llevar y traer personas. Con ese dinero podemos construir, estoy seguro, unos diez penales. Cuando existía El Frontón hace 40 años, el INPE tenía un enorme gasto de combustible que en esa época era subvencionado. si en aquella época era caro, imagínense ahora”, declaró a Canal N.
Lo que sí pedía el INPE era que se tomen en cuenta que existen cuatro proyectos de penales viables, pero no tenían financiamiento para el 2023. Se trata de centros en Huanchaco (La Libertad), Castillo Grande (Huánuco), Ancón (Lima) y Bellavista (Cajamarca) para albergar a 10.949 internos y con un monto total de inversión de 1.320 millones de soles.
A esto hay que sumarle otros dos proyectos de penales en Abancay y en Ica. Solo para el segundo, se requiere una inversión de S/ 602 millones para un penal con capacidad de 3.168 internos. Recién el 1 de setiembre se publicó en el SEACE el requerimiento para la obra, con entrega final proyectada en enero de 2028.
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Para Cecilia Caparachin Puente, especialista en gestión pública e investigadora en seguridad ciudadana y criminalidad, es necesario que se evalúe si la inversión que se necesitaría en El Frontón justifica la poca capacidad de albergue que ofrece.
“Solo para hacer una comparación, con un proyecto de inversión que tiene actualmente el INPE, el de mejoramiento y ampliación del penal de Abancay, sobre el que proyectan albergar alrededor de 800 internos e internas, según informe del INPE. Ese proyecto fue declarado viable con algo más de 80 millones de soles (el 2018); para la aprobación del primer expediente técnico el monto subió a 126 millones y, en julio de este año, en la consulta amigable del MEF sale la actualización del monto por casi 130 millones. Este proyecto está programado para culminarse el siguiente año”.
“Entonces la pregunta es, si este penal, que tendría una menor capacidad de albergue, y que la logística para su construcción no atravesaría el desafío del traslado por mar de materiales y personal hasta la construcción, cuesta así, si realmente podría costar 500 millones una construcción de un penal en una isla en la que no solo hay que iniciar las adecuaciones del terreno sino también la de servicios y que estaría pensada para una capacidad de albergue que casi triplicaría a la de Abancay”, dijo la especialista a El Comercio.
Similar opinión tuvo el exministro del Interior y exjefe INPE José Pérez Guadalupe, quien aclaró que no hay criterio de ubicación, gestión o mantenimiento que justifique la inversión en la isla del Callao. “Dar de comer a mil quinientas personas en esa isla significa llevar tonelada y media de alimentos cada día. No hay agua, no hay luz y se necesitarían más de trescientos trabajadores para operar”, dijo a Canal N.
El problema de fondo es el hacinamiento. La población penitenciaria del país comprende aproximadamente 102.493 personas que cumplen sentencias (61.86%) y o se encuentran procesados (38.15%). La sobrepoblación total es del 145% a nivel nacional, con regiones donde supera largamente este promedio. Por ejemplo, el penal del Callao tiene capacidad de 572 internos, pero tiene 3.136, es decir, una sobrepoblación de 448%. Lo mismo sucede con el penal de Camaná, puede albergar a 78 internos, pero tiene con 393.
Caparachín señala que esta situación puede atenderse con acciones a corto y media plazo, como la construcción de penales con mayor capacidad, pero se requiere un cambio de paradigma profundo. “En el largo plazo se tendría que empujar un cambio en el sistema de administración de justicia para que se sanciones con rigurosidad aquellos delitos que lo ameritan y que se piense en medidas alternativas al internamiento para aquellos delitos que no implican factores de riesgo graves”, dijo.
