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Seis aspectos que se discuten sobre la ley universitaria

Aquí analizamos seis de los puntos más comentados sobre este mecanismo recientemente aprobado por el Congreso

JUAN PABLO LEÓN ALMENARA

Lo que parece ser la primera intención concreta del Ejecutivo de mejorar la calidad universitaria, desde la creación del Ministerio de Educación en 1935, ha generado cerca de 7.500 posts al día en redes sociales a favor y en contra. La regulación estatal, la libertad de empresa y la corrupción son lo más discutido. En este artículo analizamos los seis puntos más comentados.

1. “Se vulnera la autonomía universitaria”

Desde antes de que, el pasado 26 de junio, el Congreso aprobara la nueva ley universitaria, el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Orlando Velásquez Benites, se mostraba en contra de que las universidades comiencen a depender del Ministerio de Educación (Minedu) y pierdan su condición de autónomas.

“Viola la Constitución, el libre gobierno de universidades, está imponiendo un gobierno desde el Poder Ejecutivo, lo que viola absolutamente la autonomía”, señaló el titular de la ANR, la entidad que será disuelta en los próximos 90 días como también lo dispone la norma.

Para el abogado Francisco Bobadilla, especialista en pensamiento político y social y analista en derechos humanos, la ANR se formó como respuesta a uno de los mayores daños que sufrió la educación en el país: la creación del Consejo Nacional de la Universidad Peruana durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. 

“Y ahora, la nueva Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), adscrita al Ministerio de Educación, pone a la educación en manos del Ejecutivo, que no se ha ganado el pergamino de ser un buen conductor de la educación peruana”, dijo.

Con Bobadilla discrepa la educadora y ex titular del Minedu, Patricia Salas O’Brien, quien aseguró que la creación de la Sunedu no violará la autonomía de las universidades. “El ministro de Educación no podría intervenir en los acuerdos y en las políticas, porque el Sunedu tiene un directorio propio y en su misma ley está prevista su autonomía”, indicó.

2. “Se viola la libertad de cátedra”

Si bien nada está dicho sobre una eventual interferencia con la autonomía académica hasta que la ley universitaria esté reglamentada, lo cual sucederá en un plazo de seis meses, el Minedu ha negado que la nueva norma implique censurar los contenidos de las materias que se enseñarán en las aulas. 

“La ley aprobada garantiza la convivencia entre la autonomía universitaria y la rectoría que va a ejercer el Ministerio de Educación para manejar la calidad educativa”, explica Antonio Trelles, asesor del despacho ministerial.

Ricardo Cuenca, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), defendió la labor de la Sunedu al ser el ente que ejercerá un control de calidad educativa.

“Ha habido un error de interpretación. No se va a vulnerar el derecho de cátedra ni la autonomía universitaria. Lo que va a solicitar la Sunedu serán las condiciones mínimas de lo que se va a enseñar. Será un sistema de regulación de las condiciones mínimas de calidad. No será una intervención de contenidos”, explicó el analista a El Comercio.

3. “Cerrar las universidades constituye una violación a la libertad de empresa”

“Al menos 40 universidades deberían cerrar hoy”, decía el congresista Daniel Mora un día después de la aprobación de la ley universitaria, el 27 de junio.

¿El motivo de su sentencia? Esta normativa establece la obligación de que las universidades públicas y privadas cumplan con criterios aceptables de calidad académica. Cada institución que no siga estos criterios será sancionada las primeras veces y, en un lapso aún no determinado, podrán cerrarse. 

En términos prácticos, el Gobierno Central busca erradicar las universidades chicha, aquellas que ofrecen un bajo nivel educativo y de infraestructura y otorgan títulos solo para amortiguar el desempleo juvenil. Según el ministro de Educación, Jaime Saavedra, primero se trabajará con las universidades que operan solo con autorizaciones provisionales, que en la actualidad son más de 40. 

La ANR evalúa tomar medidas legales, como acciones de amparo o demandas ante el Tribunal Constitucional, frente a esta medida. Según Iván Rodríguez, rector de la Universidad Ricardo Palma y ex presidente de la ANR, la ley universitaria vulnera la libertad de empresa y no soluciona el problema de la calidad educativa en el país. 

Mora defendió esta medida al sostener que el proceso de adecuación de los centros de estudios durará seis años, tiempo en el que podrían corregir sus deficiencias académicas.

El jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Richard García, explicó que no habrá excepción para ninguna universidad sobre esta medida.

4. “La ley universitaria no funcionará si el Ministerio de Economía no invierte”

Una de las condiciones básicas que establece la nueva ley para otorgar licencias a las universidades es la implementación de infraestructura y equipamiento. La Sunedu, como rector, podrá cerrar las universidades que no cuenten con biblioteca, laboratorio y campus adecuados.

“Ya no va a nacer una universidad sin campus, en la que se pueda decir ‘yo alquilo este pabellón en este centro comercial y pongo mi facultad’. Tiene que nacer con un estándar internacional de calidad”, afirmó Mora.

Sin embargo, el gremio de rectores ha advertido que los estándares de infraestructura que exige el Estado a través de la ley serán imposibles de cubrir, por la lentitud que sufren los organismos de Estado al adjudicar licitaciones, y por la burocracia que implicará la implementación de tecnología.

Daniel Salas, investigador de Centrum-Católica, defendió la normativa, pero advirtió que el Gobierno juega un rol básico para cumplir esta norma. 

“El espíritu de la ley solo se podría cumplir cuando el Estado y los gobiernos regionales decidan invertir fuerte en educación terciaria. Debido a la enorme inversión y mística que esto implica, esta es una tarea que debe ser liderada por el Estado”, opinó.

5. “El voto universal generará populismos dentro de las casas de estudios”

El rector de la Universidad Ricardo Palma, Iván Rodríguez, advirtió que la nueva ley universitaria, que le concede el voto directo a los estudiantes en la elección de autoridades de los centros de estudios superiores públicos, puede convertirse en una medida populista y demagógica.

Con él coincide el presidente de la ANR, Orlando Velásquez, quien considera que la imposición del voto universal “es una carta abierta para que organizaciones como Sendero Luminoso y el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) establezcan poder en las casas de estudios superiores”. 

Ante ello, la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) calificó de ridículo el argumento de la ANR, y aseguró que el voto universal era una demanda de los alumnos. 

“Que Sendero Luminoso ejerza el poder es ridículo, pues por ahora hemos podido lograr el voto universal en universidades como Cajamarca, Ayacucho y Puno, y esto no sucede”, dijo Michel Ortiz, presidente de la FEP, quien calificó esta medida como un importante avance.  

6. “La nueva ley universitaria mejorará la calidad educativa”

La ley universitaria tiene como objetivo mejorar la calidad en el servicio educativo. Tanto el gremio de docentes como el empresarial y el alumnado ven con optimismo esta propuesta. 

Pero uno de los estatutos de la ley es el impulso de las investigaciones dentro de las casas de estudios. Para ello, establece la creación de un vicerrectorado de investigación para las universidades públicas y la eliminación del bachillerato automático, grado que ahora solo será obtenido a través de una tesis. 

El abogado y ex rector de la Universidad de Piura (UDEP) Antonio Abruña criticó las propuestas y negó que la investigación vaya a incrementarse con estas medidas. 

“La investigación debe reservarse para aquellos alumnos que de verdad quieran hacerla. Hay alumnos a quienes lo que les interesa es ser profesional para ejercer una carrera”, señaló el docente español.

Otro de los artículos de la ley universitaria exige docentes con mayores grados académicos. Ahora, las autoridades universitarias tendrán que poseer posgrados académicos completos, no de medio tiempo, y los miembros del consejo deberán tener grado de doctor. 

Esto último fue defendido por el investigador Ricardo Cuenca, quien adujo que la ley reafirma que la universidad es un espacio de construcción de conocimiento basado en la investigación y la formación integral.

LO QUE DEBE SABER
El grupo El Comercio, a través de su subsidiaria Vigenta Educación, es propietario de PEIP (Proyectos Educativos Integrales del Perú), a su vez propietario de Avansys.

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