SíseVe registró 930 casos de agresiones físicas y sexuales en colegios de Lima Metropolitana en cinco meses

De acuerdo con el testimonio que el niño brindó a sus familiares, los hechos habrían ocurrido una semana antes en los baños de la institución educativa. Al regresar a su vivienda y aún afectado por lo sucedido, el menor les relató lo ocurrido, tras lo cual la familia presentó la denuncia correspondiente.

El caso no es un hecho aislado. De acuerdo con el Sistema Especializado en la Prevención y Atención de la Violencia Escolar (SíseVe) del Ministerio de Educación, entre enero y mayo de 2026 se registraron 930 casos de agresiones sexuales y físicas en instituciones educativas de primaria y secundaria de Lima Metropolitana.

Días después de conocerse la denuncia, un grupo de padres de familia se congregó en los exteriores del colegio para expresar su indignación y exigir una respuesta por parte de la institución educativa. Según denunciaron, el plantel no habría actuado con la celeridad esperada tras tomar conocimiento del caso.

El 7 de julio, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Warmi Ñan, acudió al colegio para brindar atención a la presunta víctima de tocamientos indebidos. Además, presentó un escrito ante la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público para solicitar que las diligencias e investigaciones se realicen de manera oportuna.

Por su parte, la Primera Fiscalía Provincial de Familia de Santa Anita abrió una investigación por la presunta comisión del delito de violación sexual en agravio del menor. Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició una investigación contra Innova Schools, sede Ate, tras la denuncia presentada por los padres, con el fin de determinar si la institución cumplió con las obligaciones que le corresponden frente a un caso de presunta violencia sexual.

Los registros del Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar (SíseVe) muestran que las denuncias por agresiones físicas y sexuales en instituciones educativas de Lima Metropolitana se han mantenido en niveles similares en los últimos años. En 2024 se reportaron 3.377 casos, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 3.443, lo que representa un incremento de 66 denuncias. En ambos años, la mayoría de los casos correspondió a agresiones entre escolares. En 2024 se registraron 2.776 denuncias de este tipo frente a 601 en las que los presuntos agresores fueron profesores. Para 2025, las agresiones entre estudiantes aumentaron a 2.914 casos, mientras que aquellas atribuidas a docentes disminuyeron a 529.

Las cifras correspondientes al periodo de enero a mayo de 2026 abarcan las siete Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Lima Metropolitana, responsables de administrar los servicios educativos en los 43 distritos de la capital. En ese periodo, el sistema reportó 930 casos de agresiones físicas y sexuales en instituciones educativas de primaria y secundaria. De ese total, 240 correspondieron a agresiones sexuales, diferenciadas según el tipo de agresor: profesor o escolar.

En la capital, durante el presente año, las agresiones sexuales en el nivel secundario alcanzaron un total de 162 casos, de los cuales 109 correspondieron a agresiones entre escolares y 53 a agresiones cometidas por profesores. El distrito con el mayor número de agresiones entre estudiantes fue San Juan de Miraflores, con 30 casos, seguido por Cercado de Lima, con 17, y Rímac, con 18. En contraste, Ate registró 6 casos. En cuanto a las agresiones atribuidas a docentes, Cercado de Lima concentró el mayor número de denuncias con 12 casos, seguido de Comas con 11 y San Borja con 9.

En el nivel primario se registraron 78 casos de agresiones sexuales, de los cuales 50 correspondieron a agresiones entre escolares y 28 a agresiones cometidas por profesores.

Respecto a las agresiones físicas, en secundaria se reportaron 453 casos, de los cuales 434 ocurrieron entre escolares y 19 fueron atribuidos a profesores. En primaria se contabilizaron 237 casos, con 202 agresiones entre estudiantes y 35 cometidas por profesores. En ambos niveles educativos, la mayor cantidad de reportes por agresión física corresponde a hechos ocurridos entre escolares.

Las cifras del SíseVe muestran que las agresiones entre estudiantes concentran la mayor parte de los casos registrados tanto en agresiones sexuales como físicas en los niveles de primaria y secundaria.

Para Susana Díaz, gerente de Desarrollo Institucional de Asociación de Colegios Particulares Amigos (ADECOPA), el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (SíseVe) fue creado como un canal para que estudiantes, padres y docentes denuncien casos de violencia escolar y bullying. Sin embargo, considera que “se ha convertido en un trámite burocrático para cumplir los protocolos, más que para prevenir y reparar situaciones de violencia escolar”.

La especialista afirmó que el temor a las denuncias y a la judicialización de los casos ha reducido la capacidad de actuación de docentes y directivos. “Las normas indican que a un estudiante que tiene mal comportamiento hay que reorientarlo, darle contención y evitar ‘sanciones’ que mellen su autoestima. Las normas son un malentendido del enfoque de derechos sin un enfoque de deberes”, sostuvo.

Díaz señaló que la prevención de la violencia debe comenzar en el hogar. “Si los niños y jóvenes no reciben una formación ética en casa y tienen acceso a contenidos inapropiados en internet desde edades tempranas, aumenta la posibilidad de desarrollar problemas de autorregulación y de salud mental, lo que repercute en su comportamiento en la escuela y en la sociedad”, indicó.

Asimismo, consideró que es necesario fortalecer el trabajo conjunto entre las familias y las instituciones educativas. “Hace falta una mayor cultura de prevención y formación para los padres. Las instituciones requieren autonomía para prevenir, corregir e implementar una disciplina restaurativa (...) Es necesario fomentar el respeto, la responsabilidad y el interés por el otro entre adultos, escolares, maestros y padres de familia”, concluyó.

La presunta agresión sexual denunciada en el colegio Innova Schools, sede Ate, ha puesto nuevamente en el centro del debate la violencia entre estudiantes dentro de las instituciones educativas, debido a que no se trata de un hecho aislado.

Ante este escenario, la abogada penalista Jacqueline López explicó que el primer paso es determinar el rango de edad de los involucrados en este tipo de casos, ya que ello define el procedimiento aplicable. Si los agresores tienen entre 14 y 18 años, el caso puede ser analizado bajo el régimen de responsabilidad penal del adolescente. Sin embargo, si se trata de menores de 14 años, no existe una responsabilidad penal, pero sí pueden ser efectivas algunas medidas de protección previstas en la legislación.

“Si resulta ser menor de 14 años, quiere decir que no tiene una responsabilidad penal, pero sí le va a corresponder que intervenga un sistema de protección. Puntualmente, a ellos se les otorga una medida de protección que va desde la amonestación hasta el retiro de la tutela hacia los padres”, explicó López.

La abogada penalista subrayó que, independientemente de la edad de los involucrados, la denuncia inmediata es fundamental, debido a que esta permite activar los mecanismos de protección para la presunta víctima, preservar los elementos necesarios para la posterior investigación y garantizar la intervención de las autoridades.

En ese sentido, las instituciones educativas cumplen un papel fundamental porque están en la obligación de actuar de manera rápida desde que se toma el conocimiento de una presunta agresión sexual, física o psicológica dentro del plantel.

“Cualquier institución educativa tiene un deber totalmente inmediato de protección. Tienen que activar todos los protocolos o adoptar medidas para evitar cualquier tipo de nuevo riesgo que pueda ocurrir para la presunta víctima y, principalmente, comunicar estos hechos a las autoridades competentes, entiéndase a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, y registrar este caso en el Sistema SíseVe. Esto es totalmente concurrente”, indicó la abogada penalista.

La penalista advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones puede generar consecuencias penales para las autoridades de la institución educativa. “El hecho de no denunciar oportunamente constituye igual un delito que se encuentra regulado en el artículo 407 del Código Penal, que se llama omisión de denuncia, que está a cargo de las autoridades, en este caso directorales de esta institución educativa, y que se sanciona con una pena que va hasta los cuatro años de pena privativa de libertad”, sostuvo López.

Asimismo, precisó que el deber de los colegios no se limita a la aplicación de protocolos internos. Esto debido a que no solo deberían activar los protocolos a nivel del colegio administrativo, sino también denunciar ante las autoridades este presunto hecho. Indicó que si no lo han realizado, ellos pueden ser catalogados o encuadrarse dentro del delito de omisión de denuncia.

Consultada sobre las cifras del SíseVe, López consideró que estos registros reflejan la necesidad de fortalecer la respuesta institucional frente a este tipo de hechos. “Estos claros casos requieren una investigación más especializada que tenga un enfoque en niñez y adolescencia. Es importante destacar aquí que si el colegio ha incumplido sus deberes de prevención y además supervisión o actuación oportuna, esto puede generar una responsabilidad administrativa o eventualmente alguna responsabilidad civil o penal por los hechos generados”, manifestó Jackeline López.