Redacción EC

GUSTAVO KANASHIRO FONKEN / @gkanashiro

Si su alcalde solicitara que deposite dinero en una cuenta para crear un fondo con el cual recompensar a quienes den información sobre criminales, ¿lo haría? Precisamente eso le pide Carlos Burgos a los vecinos de San Juan de Lurigancho para poder pagar unos aportes de hasta US$300 a cualquier persona que brinde datos que permitan detener a delincuentes.

La iniciativa ha sido calificada como cuestionable y peligrosa por especialistas. El procedimiento podría prestarse para cometer delitos como peculado, lavado de dinero o malversación de fondos, entre otros. Esto sin tomar en cuenta que los saldos presupuestales (otra fuente de dinero para los incentivos) podrían correr el riesgo de ser utilizados de forma indebida.

“La iniciativa puede servir para la malversación de fondos y otros delitos, especialmente si tomamos en cuenta que estamos en un año electoral. Se podría terminar dando estipendios a personas allegadas a la autoridad que busca una reelección”, dijo a El Comercio el municipalista Martín D’Azevedo.

Los fondos, al estar dentro de una cuenta bancaria fiscalizada por la propia comuna de SJL, se vuelven fácilmente manipulables. Según la Ley de Municipalidades, las donaciones entran y salen de la municipalidad con el visto bueno de dos tercios del concejo, norma que no representa un obstáculo para la gestión de Burgos, la cual cuenta con el respaldo de 12 de los 15 regidores.

Concejo de San Juan de Lurigancho. (Difusión)

La propuesta se aprobó el viernes 14 con 10 votos a favor y 3 en contra. (Difusión)

“Contará con el apoyo de ese mismo concejo que le permite a Burgos que cobre su sueldo sin trabajar, que viaje sin dar explicación alguna. Él se tapa bajo la falda de sus concejeros”, sostuvo Jesús Maldonado, regidor de Somos Perú y uno de los tres opositores dentro del municipio.

CONTRA LA NORMA

Las municipalidades cumplen un rol importante en la lucha contra la delincuencia. Según ley, las comunas distritales deben organizar un servicio de serenazgo eficiente de acuerdo a lo que señalan las municipalidades provinciales. Sin embargo, el acuerdo de concejo va más allá y se permite pagar bonos a policías que consigan incautar armas ilegales o civiles que brinden información.

“En caso de incautar un arma ilícita, la policía debe reportar ante su propia institución la incautación y comunicársela al Ministerio Público para que abra investigación. Tampoco pueden entregar dinero a personas a cambio de información. El apoyo a la PNP se hace a través de los comités de seguridad ciudadana, pero no de forma aislada”, señaló Julio César Castiglioni, especialista en temas municipales.

Todas estas fallas que ha ignorado el concejo municipal al aprobar esta iniciativa apuntan a que el plan tiene otros intereses. “El concejo está usurpando funciones del Ministerio del Interior”, añadió.

 

Publicación en su cuenta oficial de Facebook.

¿SIN PRESUPUESTO?

Ante los cuestionamientos, el propio Carlos Burgos aseguró en diversos medios que la municipalidad  para combatir la inseguridad ciudadana, principalmente porque recibió una “herencia” de S/.150 millones como deuda cuando comenzó a ejercer el cargo en el 2007.

Sin embargo, la comuna no escatimó en gastar más de medio millón de dólares en la compra de un helicóptero que hasta ahora no funciona a través de un proceso de adquisición con un único postor.

“La municipalidad tiene un presupuesto para combatir la inseguridad, pero este ha sido gestionado de manera torpe con la compra de ese helicóptero y por pagarle a una empresa inexistente por el mantenimiento de las camionetas de serenazgo”, denunció Maldonado.

Para evitar que la cuenta bancaria ya creada por la municipalidad sea utilizada para fines cuestionables, el regidor solicitó la fiscalización de la . Mientras tanto, Burgos no ha podido informar si es que alguien ya ha depositado alguna contribución.