Sodalicio: ¿qué penas recibirían los presuntos responsables?

En el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), organización católica peruana fundada hace más de 40 años, ha explotado una bomba. El libro “Mitad monjes, mitad soldados”, del periodista Pedro Salinas, presenta testimonios de cinco ex sodálites que acusan a su fundador, Luis Fernando Figari, de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran menores y pertenecían a su sociedad religiosa. 

Según Salinas, tres de ellos presentaron demandas notariales ante el Tribunal Eclesiástico de Lima en el 2011 dirigidas a Víctor Huapaya, su presidente y vicario judicial, y ante la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Secretaría de Estado vaticana en Roma. Cuando una denuncia se realiza ante el Tribunal Eclesiástico, entidad católica encargada de impartir justicia, esta tiene que ser revisada por el Vaticano. Según expertos en derecho e historia de la religión, el presidente del tribunal, en este caso Huapaya, es el responsable de llamar a las personas involucradas, autoridades y líderes del Sodalicio, para abrir una investigación. Acción que no se sabe si ha ocurrido. El Comercio intentó comunicarse tanto con representantes del Tribunal Eclesiástico como del Arzobispado, pero no tuvo éxito. 

Según el derecho canónico, las posibles sanciones para quienes transgreden las normas de la Iglesia son la amonestación, el traslado y aislamiento, la remoción del oficio eclesiástico y la pérdida del estado clerical. Hasta el día de hoy, los denunciantes no han recibido respuesta de los órganos religiosos; Figari, ningún castigo. 

Ahora bien, al ser el Perú un Estado laico, las normas que se aplican a sus ciudadanos son las legales y no las morales o religiosas. Así, el Código Penal es obligatorio para todos los que cometen un delito dentro del territorio, independientemente de si pertenecen a una u otra organización religiosa. Toda violación sexual cometida por algún miembro de la Iglesia debería procesarse en el fuero penal. Por ello, la mayor incógnita en este caso es por qué no se ha denunciado a Figari en este fuero. 

La pena que se aplica a los delitos de violación sexual –como a todo delito– es aquella que está vigente al momento de su comisión. Esta ha tenido distintas modificaciones en el Código Penal. Desde el 2006, el delito de violación sexual a mayores de 14 años, aprovechando una posición de autoridad sobre la víctima, es penado con 18 años de cárcel y prescribe en la misma cantidad de tiempo; entre el 2004 y 2006 fue de 15 años; entre 1994 y el 2004 fue de ocho años y antes fue de seis años. Por ello, si las supuestas violaciones cometidas por Figari ocurrieron antes del 2004, la acción penal ya prescribió, pero si estas sucedieron después aún no han prescrito. En estos casos las víctimas podrían denunciar a Figari en el fuero penal o el Ministerio Público podría comenzar una investigación de oficio. 

Respuesta de SVC 
El Sodalicio publicó un comunicado el lunes ante lo denunciado en el libro. Primero pide perdón a las víctimas de acciones u omisiones cometidas por miembros de su comunidad. Segundo, declara haber investigado todo testimonio presentado ante sus autoridades actuales. Según algunos testimonios del libro, las víctimas sí dieron cuenta a autoridades (anteriores) del Sodalicio de los abusos cometidos, pero estos no fueron investigados. 

Tercero, dice no haber sido informado de ninguna denuncia presentada ante el Tribunal Eclesiástico de Lima o los órganos judiciales de Roma. Cuarto, informa que en el 2014, cuando el superior general actual, Alessandro Moroni, recibió testimonios de distinta índole sobre Figari, dispuso que este intensificara su vida de retiro en Roma siendo aun miembro del Sodalicio, pero apartado de la vida en la comunidad. Figari vive retirado, según el SVC, desde el 2010 cuando renunció a su cargo de secretario general. Sus movimientos migratorios revelan viajes regulares al Perú. 

Cabe preguntarse, en todo caso, por qué el Sodalicio decidió solamente intensificar el retiro de Figari y no pedir una investigación ante el Tribunal Eclesiástico o incluso ante el Ministerio Público. El Comercio intentó comunicarse reiteradamente con el SVC, pero no tuvo éxito.