Estos son los riesgos que rodean a Lima en caso de un sismo

Según el último informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), El Niño costero (de magnitud moderada) que afectó la ciudad los últimos dos meses, dejó hasta el momento diez fallecidos, 45 heridos y más de ocho mil damnificados. Sin embargo, otro tipo de desastre, como un terremoto de 8 grados de magnitud, dejaría 51 mil fallecidos, más de 686  mil heridos y unas 500 mil viviendas colapsadas o afectadas, según la última actualización del Plan de Operaciones de Emergencia (POE) de la Municipalidad de Lima.

Para prevenir y actuar ante un desastre en la ciudad, el Gobierno Central tiene al COEN, que se convierte en la primera entidad de respuesta ante las emergencias.
“Nuestra función antes de un desastre natural es realizar alertas con la información proporcionada por el Senamhi, la Autoridad Nacional del Agua, Imarpe, entre otras instituciones. Cuando ocurre una emergencia cruzamos la información con el Indeci y el Ministerio del Interior para desplegar personal de las Fuerzas Armadas hacia el punto crítico”, indica el jefe del COEN, general Jorge Chávez.

El COEN coordina el traslado de especialistas de salud, búsqueda y rescate, los protocolos de seguridad en la zona y la reubicación de la población, según indican los POE, elaborados por cada municipalidad.

“Cada distrito y provincia tiene un plan de reacción ante un desastre para poder proteger a los ciudadanos y proveerlos de lo necesario como agua, carpas y electricidad”, explica Mario Casaretto, subgerente de Defensa Civil de la MML. Casaretto precisa que si bien el POE genera el peor de los escenarios de riesgos que podrían afectar a la ciudad, se trabaja de manera paralela para disminuir los efectos de una situación de gran emergencia.

—Riesgo en la ciudad—
José García Calderón, ex coordinador técnico del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y el Callao (PLAM) 2035, asegura que la mala planificación con la que aún crece la ciudad la expone a ser más vulnerable ante eventos naturales de gran magnitud, debido a que está asentada en suelos de alto y muy alto riesgo.
“Desde Ancón hasta Pucusana hay  unas 250 mil familias en áreas de riesgo irreversible, donde no se pueden realizar obras para mitigar el impacto. Otras 750 mil están en zonas donde se pueden reubicar, pero costaría mucho hacerlo”, dijo García Calderón.
Para el jefe de Defensa Civil del Gobierno Regional del Callao (GRC), Julio Moreno, un movimiento sísmico cercano o mayor a los ocho grados sería devastador. “Las casas de los asentamientos humanos y del Centro Histórico son antiguas y de un material que no soportaría tal evento”, señala.

Según el mapa de riesgo del GRC, un tsunami producto de un sismo de gran magnitud formaría olas de hasta 14 metros que llegarían, en algunas zonas, hasta el aeropuerto Jorge Chávez y la avenida Gambetta. Esto pone en riesgo a decenas de asentamientos humanos a lo largo de la costa chalaca.

Otros puntos críticos de alto riesgo donde se ubican viviendas son las laderas de los cerros. Según un estudio del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes), hay más de un millón de personas asentadas en dichas zonas. “Por poner un solo ejemplo, más del 80% de la población de Independencia se vería afectado con daño severo”, dice José Sato, gestor de riesgo del Predes.

—Planificación—
El congresista Carlos Bruce anunció que plantea un proyecto de ley para vacar a los alcaldes que entreguen títulos en zonas de riesgo. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo Mori, estuvo de acuerdo con esta propuesta. “No podemos reconstruir en zonas de riesgo”, dijo.

García Calderón asegura que, en primer lugar, el Gobierno Central debe revisar si tiene la posibilidad de construir las viviendas para los miles de personas que viven en dichas zonas.

“No solo es reubicar, sino ver los números que son los desafíos reales. ¿El Estado tiene la capacidad de construir 50 mil viviendas en una ciudad donde es imposible porque no hay terreno nuevo? Aún los gobiernos no han podido controlar la informalidad”, finalizó García Calderón.

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