Agustín Lozano: los sobornos, la coacción a dirigentes y clubes y otros delitos que se le imputan

El dirigente deportivo fue capturado en su casa, en San Borja. “Solamente quiero pedirle a mi familia tranquilidad. Espero que se haga justicia, que todo se aclare y pedir tranquilidad para las personas que confían en mi trabajo”, expresó en su traslado a la Prefectura de Lima.

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El general PNP Nilton Santos Villalta, director de la Policía Fiscal, detalló que la orden de detención preliminar de 15 días es contra 13 personas y el allanamiento se ejecuta en 17 inmuebles, 12 de ellos en Lima y 5 en el interior del país.

Agustín Lozano es investigado por los delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, lavado de activos, corrupción, entre otros. Todos vinculados al ejercicio como presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ya que habría tenido participación para obtener los derechos de transmisión del fútbol peruano, en la licitación y firma de contrato con la empresa 1190 Sports, en la coacción a clubes que se resistían a sumarse al nuevo contrato con la dueña de los derechos de transmisión, en el gasto realizado para llevar a una delegación de acompañantes a la selección peruana por el repechaje al Mundial 2022, la utilización de las instalaciones de la Videna en favor de terceros, entre otros.

Agustín Lozano es acusado del delito de organización criminal por presuntamente constituir, desde el 7 de diciembre del 2018 hasta la actualidad, un red enquistada en la FPF y que estaría conformada por 21 personas, se acuerdo con un documento del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho.

Los hechos están referidos a delitos perpetrados principalmente por integrantes vinculados a la ejecución directa de la disposición del patrimonio de la FPF a terceros, a través del aporte ilegal de dinero a clubes, ligas departamentales; así como por haber gestionado conjuntamente con la Junta Directiva de la FPF una licitación pública en la que existió un conflicto de intereses para favorecer a la empresa 1190 Sports; y posteriormente coaccionar a clubes de la Liga 1 2023.

“(Lozano) preside la Junta Directiva de los periodos 2019-2021 y 2022-2025, con quienes habrían instrumentalizado sus cargos para cometer delitos de fraude a la administración de personas jurídicas, corrupción en el ámbito privado, coacción y lavado de activos”, se indica en los fundamentación de los cargos.

“Se le atribuye (a Lozano) haber dirigido la realización de licitación pública de derechos de televisión de la Liga 1 2023, generando en dicho proceso un conflicto de intereses para favorecer a la empresa 1190 Sports, pues fue quien en el año 2020 coordinó y contrató con la empresa Prisma para que los asesore en dicho proceso, cuyo representante es Diego Fernando Raffo, primo de Joel Raffo Olcese (presidente de Sporting Cristal), miembro de la comisión de derechos de televisión; siendo ambos primos del representante de la empresa 1190 Sports, Gianella Raffo”, se indica en el documento.

“Se le atribuye haber suscrito, conjuntamente con el secretario general de la FPF, Jean Marcel Robillliard Ibárcena, el contrato con 1190 Sports, a pesar que tenía pleno conocimiento que en dicho acuerdo existió un conflicto de intereses”, se señala en otra parte del texto.

También se le sindica a Agustín Lozano Saavedra haber aprobado conjuntamente con la Junta Directiva de los periodos 2019-2021 y de 2022 hasta la actualidad la entrega de aportes no justificados por diversos conceptos a los clubes de la Liga 1, Liga 2, así como a las Ligas Departamentales del Fútbol Peruano; destinando así el patrimonio de la persona jurídica (FPF) en provecho de terceros para fines diferentes a su actividad de una asociación sin fines de lucro, como es la Federación Peruana de Fútbol.

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En ese contexto, se le imputa beneficiar económicamente, especialmente con montos considerables a los clubes y ligas departamentales en donde susrepresentantes son parte de la Junta Directiva, lo que denota claramente la diferenciación de aportes entre los clubes, puesto que los mismos difieren entre sí, “lo que acarrea un conflicto de intereses e ir en contra del principio de competitividad entre los clubes del fútbol peruano”.

El presidente de la FPF es acusado de haber aprobado el traslado de invitados a los encuentros futbolísticos desarrollados por la selección peruana en Barcelona (05/06/2022) y Doha (13/06/2022), como parte del repechaje al Mundial 2022, informando recién – formalmente - tal hecho con posterioridad a su ejecución, conforme a lo consignado en el acta de Junta de Directorio del 02 de julio de 2022.

Además, se le cuestiona a Agustín Lozano haber propuesto y aprobado, el día 27 de febrero del 2020, los adelantos de cesión de derechos de televisión para cuatro clubes: Alianza UDH, Carlos Stein, Atlético Grau, adelantos que fueron ratificados mediante acta de fecha 18 de mayo del 2020, y ratificados por segunda vez en acta fecha 06 de agosto del 2020. Asimismo, haber aprobado y ratificado los adelantos por derechos de transmisión del Club Deportivo Llacuabamba en las actas de fecha 18 de mayo del 2020 y 6 de agosto del 2020.

En ese sentido, se le acusa el haber propuesto y aprobado los adelantos de cesión de derechos de televisión para dichos clubes, en el que, presuntamente, toman fondos de la Federación Peruana de Fútbol para ingresarlos al patrimonio de los clubes, recursos que no habrían sido reintegrados al patrimonio de la FPF, afectando la institución, que es una asociación civil sin fines de lucro.

El fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, aclaró que el hecho de que la FPF sea un ente privado no significa que esté fuera de la jurisdicción de las autoridades peruanas.

“El hecho que sea un ente privado no significa que esté fuera de la jurisdicción de nuestro país. La Federación Peruana de Fútbol no es una embajada. En consecuencia, si se cometen delitos en territorio nacional tienen que ser investigados y la investigación es objetiva, eso para aclarar en primer lugar”, argumentó.

“En segundo lugar, luego de una investigación de más de un año y medio, donde los abogados de la Federación y de todos los investigados han tenido acceso a la investigación, han participado en todas las diligencias, el fiscal ha tomado la decisión de solicitar este requerimiento de allanamiento con fines de registro y detención de algunas personas”, agregó.

Julio García, abogado experto en Derecho Deportivo, explicó que deben existir “indicios muy serios” para que el Poder Judicial haya aceptado el pedido de Ministerio Público para proceder a la detención preliminar de Agustín Lozano y su entorno.

Remarcó que esta intervención en la FPF no tendrá repercusión en la FIFA, pues consideró que dicha acción está dentro de las competencias fiscalizadoras de las autoridades peruanas.

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“Es una situación que estaba dentro del margen de lo que podía ocurrir. Esta es una investigación que tiene año y medio y que se suma en la parte deportiva a hechos de arbitrariedad que la Federación ha estado incurriendo, básicamente desde su cabeza, desde parte de las personas que están detenidas”, explicó.

“Tienen que haber indicios muy serios para que, primero, la Fiscalía haya solicitado esta medida y, segundo, que el juez haya considerado otorgar estos 15 días (de detención preliminar)”, añadió.

“La Fiscalía debe seguir con sus funciones. Esto no nos genera ninguna contingencia frente a FIFA. La FIFA reconoce la potestad de los estados para ejercer, entre otros, este poder fiscalizador de sus normas penales y verificar si ciertas conductas constituyen o no delitos. Aquí o en cualquiera de los otros 209 países que conforman FIFA no es intervención del Estado este tipo de procesos. Sí sería una intervención del Estado si hoy arbitrariamente el IPD decide intervenir, sobre todo porque hay una ley peruana que lo prohíbe”, expresó.

García indicó que ante la ausencia de Lozano y de cara a los próximos partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026 corresponde al vicepresidente de la FPF asumir como presidente o, en caso no acepte, convocar a la Junta Directiva. Otra opción sería que la secretaria general adjunta convoque a una Asamblea de Bases.

Jhonny Baldovino, abogado de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap), indicó que el caso Lozano tuvo su destape cuando la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) y varios clubes denunciaron ante el Ministerio Público las amenazas que recibían por negarse a firmar el contrato con la empresa 1190 Sports, la nueva dueña de los derechos de transmisión del fútbol peruano.

“La denuncia que inicia Óscar Romero (entonces presidente de la ADFP) es firmada por algunos clubes que se consideraron en ese momento perjudicados o agraviados. Me parece que estaba Alianza, estaba Cienciano, entre otros clubes. Entonces hay clubes que firman esa denuncia contra FPF”, expresó Baldovino.

“En el 2023 hubo mucha presión y amenazas contra clubes que si no firmaban con el nuevo dueño de los derechos de televisión, ya que no jugaban, hubo un escándalo en Cusco, en Matute, que se metió la Policía y la Fiscalía, amenazaron a los clubes y todo eso forma parte de la denuncia. Ahí abrieron la caja de Pandora”, añadió.

“Cuando comienzan a investigar comienzan a encontrar otras cosas. El origen de la denuncia es eso (los derechos de transmisión) porque algunos clubes sostenían que los derechos de televisión le pertenecían a ellos y otros aceptaba que los derechos son de la Federación. Ese es el origen del tema pero luego van encontrando lo del viaje a Qatar, la entrega irregular de dinero a algunos clubes durante la pandemia y postpandemia. En los años 2022 y 2023, cuando ya estaba la pelea por los derechos de televisión, algunos clubes no tenían derecho de televisión, pero la Federación les entregaba en préstamo un millón y medio de dólares o 800 mil soles. A los de la Liga 2, que ya no tenían derechos de televisión, le daba 200 mil dólares anuales, por eso se vuelve complejo el tema”, precisó.

Giulliana Loza, abogada de Agustín Lozano, afirmó que la detención preliminar por 15 días de su patrocinado es “totalmente desproporcionada e injusta”, pues considera que la medida “no tiene sustento”.

Argumentó que se ha demostrado que el dirigente cuenta con arraigo laboral, domiciliario y se brindaron facilidades a la Fiscalía para la investigación.

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“Ha habido tres allanamientos anteriores a la Videna, en la cual también se ha brindado todas las facilidades respectivas, así que no entendemos la razón de que ahora se solicita el allanamiento de su domicilio”, expresó.

Además, Loza cuestionó que las autoridades judiciales tomen como una posibilidad de que el dirigente deportivo pueda fugar del país.

“Están especulando totalmente ante una posibilidad sin ningún elemento objetivo, real, cierto y concreto, de que hubiera un acto de perturbación a la investigación. Se le ha detenido a pesar de que tiene los arraigos, de que no hay peligro de fuga y a pesar de que la propia Fiscalía no ha sido capaz de presentar un elemento que diga que hay un riesgo de obstrucción a la justicia”, manifestó.

En comunicación con El Comercio 1190 Sports informó que “presentó proactivamente en 2022, su propuesta de gestión integral de los derechos de transmisión del fútbol local en el marco de la convocatoria privada liderada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y respaldada por un banco de inversión global de prestigio internacional, asegurando un proceso transparente y competitivo. Desde su llegada al Perú, 1190 Sports está abocada a aportar valor al fútbol local, ofreciendo sólidas credenciales y respaldo estratégico”.