La ex ministra Ana Jara denunció que su madre falleció porque en el hospital Rebagliati de Essalud se demoraron en trasladar a su madre a UCI bajo el pretexto de que no tenía el DNI físico. (Dante Piaggio / El Comercio)
La ex ministra Ana Jara denunció que su madre falleció porque en el hospital Rebagliati de Essalud se demoraron en trasladar a su madre a UCI bajo el pretexto de que no tenía el DNI físico. (Dante Piaggio / El Comercio)

La muerte de la madre de la ex ministra ha puesto en evidencia un problema que el propio titular de , Gabriel del Castillo, ha calificado como “falta de sensibilidad” en la atención de pacientes.

Jara, quien fue presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Ollanta Humala, denunció que su madre falleció porque en el hospital Edgardo Rebagliati se demoraron en trasladarla a la unidad de cuidados intensivos bajo el pretexto de que no tenía el DNI físico de su progenitora. Es decir, un trámite administrativo antepuesto a la salud. Sin embargo, no es la única queja contra la atención en hospitales y clínicas.

Elena Zelaya, titular de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), entidad encargada de supervisar a las entidades prestadoras de salud, informó que en lo que va del año han recibido más de 51 mil consultas de pacientes y sus familiares, de las cuales aproximadamente 600 derivaron en una queja formal.

“La mayoría es por problemas en la atención, la falta de oportunidades, acceso a la información, cobros indebidos y maltratos”, detalló a El Comercio.

Si bien dichas quejas se encuentran en proceso de investigación, más de 40 instituciones ya han sido multadas solo este 2017.

-HASTA DOS MILLONES DE SOLES EN MULTA-
Zelaya informó que la investigación por la muerte de la madre de Ana Jara, Yolanda Velásquez Carrión, tendrá un plazo de 30 días útiles. En ella se determinará qué derechos se vulneraron en el hospital Edgardo Rebagliati.

De acuerdo a la titular de Susalud, de confirmarse que se cometieron infracciones, se tomarán dos caminos: la sanción contra el hospital y la denuncia administrativa, civil e incluso penal contra quienes sean identificados como los responsables directos del condicionamiento en la atención.

“Presumo que va a ser una infracción muy grave por la falta de oportunidad y una muerte de por medio. Probablemente llegue a las 500 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), que es un poco más de 2 millones de soles (S/2'025.000)”, informó.

-SIN CONDICIONAMIENTOS-
La superintendenta recordó en entrevista con El Comercio que ninguna institución prestadora de servicios pública o privada puede condicionar la atención en emergencia bajo ningún criterio, según el reglamento de la Ley N° 29414, que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.

“No puede anteponerse ningún trámite administrativo a la atención y más aún en condición de emergencia”, enfatizó. Esto implica la prohibición de que se exijan dinero, la firma de un pagaré o incluso insumos médicos.

Esta disposición también se enmarca en el Decreto Legislativo N 1246 que obliga a las entidades del Estado a no pedir copia de DNI, y otros, para trámites administrativos.

“No hay manera de justificar lo que ha sucedido”, remarcó.

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