Andrés Hurtado y el supuesto soborno para obtener libertad: ¿Cuánto complica su situación legal esta acusación?

Hurtado Grados tiene vigente dos mandatos de prisión preventiva. Uno, de 18 meses, por el caso de la supuesta entrega de un millón de dólares a la fiscal Elizabeth Peralta para devolver un lote de oro al empresario Javier Miu Lei. El segundo, de 9 meses, es por presuntamente haber gestionado ante la entonces superintendenta de Migraciones, Roxana del Águila, la celeridad de la desnacionalización del futbolista Roberto Siucho.

En los últimos días se conoció que Russell Robles González, quien ejerció de la defensa legal de ‘Chibolín’ y quien supuestamente realizaría gestiones ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, fue apartado del equipo de abogados del imputado sin que se conociesen los motivos.

Sin embargo, Robles González hizo una grave acusación contra Andrés Hurtado, lo que podría llevar a que se le abra una nueva investigación a su excliente. De acuerdo con la versión del abogado, el excomediante le habría entregado 20 mil dólares y 12,500 soles para, supuestamente, entregárselo a Checkley a fin de que ordene su liberación. El objetivo de ‘Chibolín’ era celebrar la Navidad en libertad, pero eso no ocurrió.

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Es decir, el propio abogado ha confesado ante la Fiscalía haber recibido el dinero para, supuestamente, entregárselo a Checkley, pero eso no se concretó, pues adujo que lo utilizó para pagar las diversas deudas que tenía.

Robles Indicó que decidió asumir la defensa legal de Andrés Hurtado tras un pedido realizado por Ana Altamirano, hija de María Teresa García, la directora de la revista VIP Diplomática. García organizaba en el extranjero eventos en los que se otorgaba reconocimientos a personajes de la política y a funcionarios de distintos organismos públicos. La presencia de ‘Chibolín’ era constante en dichas ceremonias. Sin embargo, ella negó ser amiga del exconductor de televisión.

El abogado penalista Andy Carrión indicó que Andrés Hurtado, ante esta nueva denuncia, podría ser acusado de cohecho simple, que implica una pena de 4 a 6 años de cárcel. Remarcó que dicho delito se constituye incluso si el funcionario no ha recibido el dinero.

“Aquella persona que otorga, así sea a través de un intermediario, dineros a un funcionario también podría estar incurso dentro de cohecho. Solamente hace falta la dádiva, es decir, también el ofrecimiento o la mera promesa y eso sería lo que ha coordinado en coautoría con el abogado”, explicó el especialista a El Comercio.

En el caso del abogado Russell Robles González, Carrión remarcó que podría ser investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. En ambos casos, la pena que se aplica va de los 4 hasta los 6 años de cárcel.

“El hecho de solicitar dinero a su cliente y, a partir de ello, interceder ante un funcionario público constituye el delito de tráfico de influencias. Es un delito que, en rigor, no solo sanciona a quien tiene la posibilidad real de influenciar a la otra persona, sino, además, si estas son influencias simuladas, como lo ha señalado (el propio abogado)”, expresó.

“Otro de los delitos que se comete es el de cohecho simple, la solicitud de dinero, pero no solamente implica al abogado porque eventualmente quien ha realizado el desembolso para este supuesto pago de soborno sería Andrés Hurtado, con lo cual estaría implicado en el delito de cohecho”, agregó.

Carrión remarcó que esta denuncia podría afectar un eventual pedido de Hurtado Grados para que se le varíe la prisión preventiva por una comparencia restringida.

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“Esta podría ser la circunstancia más importante para no otorgarle esta variación, ya que la variación implica que el imputado haya demostrado un adecuado comportamiento procesal, pero si despliega actos obstruccionistas o de influencia para perturbar la propia investigación esto podría ser interpretado como un acto que impediría la liberación de Andrés Hurtado”, aseveró.

Al igual que Andy Carrión, Carlos Caro, abogado penalista, indicó que en el más reciente caso que involucra a Andrés Hurtado se vislumbran los posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho.

“Conforme al artículo 400 del Código Penal, el delito de tráfico de influencias da lugar a la sanción incluso cuando el vendedor o traficante de influencias utiliza, habla o alardea de influencias mentidas o simuladas. Es decir, no hace falta que la influencia exista y en este caso esa podría ser una posibilidad. Dice el abogado yo no conocí al juez supremo, nunca me reuní con él, en verdad, prácticamente engañé a Hurtado con la finalidad de recibir dinero porque tenía gastos que hacer. Si ese fuera el supuesto, estaríamos ante un típico caso de tráfico de influencias mentidas o simuladas”, expresó.

“La otra opción es que la Fiscalía investigue un caso de cohecho. Y en el caso del abogado, hay un caso específico en el 398 del Código Penal para sancionar al abogado que comete un acto de corrupción. En ese caso, la Fiscalía, aunque al final no pueda acreditar de que ha existido un pago, una coima al funcionario público, como lo declara el abogado, eso no quita de que, para efectos de una investigación preliminar, pueda incorporar ese delito como materia de investigación”, precisó.

Las autoridades siguen intensificando la investigación a Andrés Hurtado. El fiscal José Espinoza Din, del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos, dispuso que se levante el secreto bancario de ‘Chibolín’. En la investigación participará, de manera conjunta, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Autorizar una investigación conjunta con la Unidad de Inteligencia Financiera, a fin de realizar un análisis e investigación de los actos financieros, económicos y comerciales, bancarios, contables, etc, de los investigados, teniendo como marco de referencia los hechos investigados”, se indica en el documento emitido el pasado 23 de enero.

En la argumentación de la decisión fiscal se señala que Hurtado Grados se relacionó con varios alcaldes de Lima, los cuales eran asiduos visitantes de su programa de televisión y colaboraban con los casos sociales. Incluso, muchos ellos fueron clientes de las agencias de viajes vinculadas a ‘Chibolín’. También se hizo hincapié en que el exconductor de televisión hacía constantes envíos de dinero al exterior a través de terceras personas.

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La investigación también alcanzará a Kelly Medina Meza, quien fue asistente personal de Andrés Hurtado, miembro del equipo de producción del programa “Es sábado con Andrés” e integrante de las diversas empresas que fundó el exconductor de televisión. Ella es sindicada de ser la presunta testaferro de ‘Chibolín’.

La información permitirá conocer los movimientos bancarios de Hurtado Grados, como los depósitos que recibía y transferencias que realizaba desde sus cuentas bancarias. Él investigado por el presunto delito de lavado de activos.

Andrés Hurtado también ha sido imputado de formar parte de un esquema de lavado de activos que habrían montado los hermanos Luis Sánchez Aranda, César Augusto Sánchez Aranda y Jonathan Sánchez Aranda, propietarios de la conocida cevichería “Mi Barrunto”.

De acuerdo con el organigrama elaborado por el fiscal Elías Pizarro, Hurtado Grados y Luis Sánchez, más conocido como ‘Luchito Mi Barrunto’, estarían en el primer nivel de la presunta organización criminal, mientras que César Augusto Sánchez y Jonathan Sánchez se hallan en el segundo nivel. Itamar Orellana (esposa de Luis Sánchez) y Lizbeth Cruz Purizaca figuran en el tercer nivel y son sindicadas de ser las testaferros.

El Ministerio Público también señala que el clan de los hermanos Sánchez Aranda creó empresas, como Mari Aranda, Barrunto Peruvian Sea Food, Sinchi Pancha y Maldivas Fresco Mar, para “realizar actos de lavado de dinero de fuente patrimonial ilícita”, provenientes del tráfico ilícito de drogas y defraudación tributaria.

“Se apreciaría la existencia de una presunta organización criminal dedicada a la comisión del delito de lavado de activos. Es decir, los actos de conversión, transferencia y ocultamiento de activos habrían sido cometidos por integrantes de una presunta organización criminal debidamente estructurada”, se indica en el documento fiscal.

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En medio de las investigaciones, un hecho que llamó la atención es la venta, incluida una posterior devolución, de una camioneta Porsche Cayenne de propiedad de AH Entertaiment Company, empresa de Hurtado Grados, a Luis Sánchez Aranda.

La venta se realizó el 12 de julio del 2023. La empresa de ‘Chibolín’ vendió la camioneta a 30 mil dólares a ‘Luchito Mi Barrunto’, sin embargo, él devolvió el vehículo el 17 de noviembre del 2023, alegando que presentaba fallas muy graves y que repararlas le iba a costar 100 mil dólares.

Sánchez Aranda adujo que adquirió la camioneta Porsche porque necesitaba una unidad para colocarle blindaje, pues consideraba que esa marca de vehículo era la idónea para el objetivo que deseaba.

Aseguró que hizo la transacción con Kelly Katherine Medina Meza, cercana a Andrés Hurtado, y que el entonces conductor de televisión no se apareció en la notaría.