
La mancomunidad de Lima norte es la más afectada por la ola de criminalidad registrada en los últimos meses. La delincuencia ha girado de rubro, según se puede constatar en los registros de denuncia, pues ha comenzado a reducirse los robos, pero ha empezado a crecer la extorsión. Frente a ello, no todas las gestiones municipales parecen tener las estrategias y recursos necesarios para combatir la inseguridad ciudadana.
Lo único constante en Lima norte es que cada administración edil lucha con su propia estrategia y prioridades, así como con distintos recursos. Sobre esto último, el portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestra que solo dos de los ocho distritos de Lima norte ejecutaron proyectos de inversión en seguridad durante el primer trimestre del 2025.
-Acciones claves-
Se trata de San Martín de Porres y Los Olivos. En San Martín de Porres, la gestión del alcalde Hernán Sifuentes muestra una constante en la inversión en seguridad, pues fue el alcalde de Lima norte que más gastó en el rubro hasta 2024, y en el primer trimestre del 2025 logró ejecutar casi el 100% de su proyecto de inversión para reforzar el patrullaje.
Las acciones del alcalde Sifuentes coinciden con la reducción en las cifras de denuncias por robo en su distrito. En marzo de 2025, San Martín de Porres registró su cifra más baja de denuncias por robos desde 2023. “Lo que muestra la cifra de denuncias es que los operativos de patrullaje funcionan para reducir la delincuencia común, pero la extorsión es un problema mayor donde se requieren más recursos de inteligencia e incidencia policial”, explicó el alcalde Sifuentes. Con Los Olivos sucede algo distinto. Si bien la cifra global de denuncias por robo es menor respecto a años anteriores, en el mes a mes de 2025, existe un incremento. En robo, las denuncias pasaron de 45 en febrero a 75 en marzo, mientras que las denuncias por robo agravado pasaron de 55 a 64.
Santa Rosa es el único de los ocho distritos cuyo arranque del 2025 presenta más denuncias por robo respecto a años anteriores. Este año, la Contraloría alertó que la municipalidad no contaba con centro de vigilancia operativo: los cuatro monitores estaban instalados, pero sin funcionar; las 13 cámaras de videovigilancia estaban guardadas en sus cajas; y en los postes donde deben estar los equipos de vigilancia solo han instalado una caja metálica. El equipo debió ser instalado en febrero, pero para marzo no estaba listo.

-Recursos dispares-
Este Diario solicitó a los ocho distritos de Lima norte el detalle de los recursos utilizados en seguridad ciudadana. Aunque solo dos alcaldes transparentaron la información, esto es suficiente para mostrar la realidad del sector.
En San Martin de Porres cuentan con 44 camionetas (14 unidades adquiridas por la gestión actual), mientras que en Independencia solo cuentan con 18 vehículos de serenazgo. En Independencia, la gestión actual ha obtenido ocho nuevas camionetas, cinco de estas bajo el mecanismo de renting y tres brindadas por los centros comerciales que operan en el distrito.
Algo similar ocurre con las cámaras de videovigilancia, donde San Martín de Porres cuenta con 228 (el 46% adquiridas por la actual gestión), mientras Independencia tiene 108 y han logrado incorporar otras 330 unidades a su red, pero se trata de dispositivos privados de los vecinos.
Un gran problema detectado en Lima es la dificultad para conseguir serenos motorizados y los motivos son varios, aunque el más recurrente es el tema salarial, por lo cual siempre terminan ganando más personal los distritos que tienen sueldos más atractivos. Mientras que San Martin de Porres pagan S/ 1.900, Independencia ofrece solo S/ 1.800. En TikTok, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, publicó una oferta laboral de S/ 2.200 para serenos motorizados para el 11 de abril, y luego tuvieron que repetir la convocatoria para el 19 y 21 de abril, en plena semana santa.
El Congreso acaba de aprobar una ley para la creación del sistema nacional de unidades de flagrancia. En Lima norte, San Martin de Porres y Puente Piedra son los únicos distritos que apoyaron a la implementación de unidades de flagrancia antes de la aprobación de la norma.
