

La inseguridad se mantiene como el principal problema del país y las gestiones municipales son la primera línea de defensa en los distritos de la capital. Durante el primer trimestre del 2025, la Contraloría General de la República realizó operativos en distintas circunscripciones de Lima y Callao, donde detectó 645 cámaras inoperativas de videovigilancia en un total de 17 jurisdicciones ediles.
El distrito de Lima con más cámaras inoperativas es Los Olivos. En abril del 2025, el informe de la Contraloría detectó un total de 124 equipos que no funcionan a la actualidad. De este total, 120 cámaras inoperativas se encuentran adjuntas a la Central Integrada de Operaciones de Emergencia que está ubicada en la cuadra 22 de la Avenida Universitaria.
Sumado a esto, el ente de control alertó en su informe que la Municipalidad de Los Olivos no almacena las grabaciones de las cámaras por el plazo máximo de 45 días, según lo establecido en la normativa vigente. Fueron 31 equipos en los que no se almacenan las imágenes, videos o audios grabados por ese plazo de tiempo. En una tercera observación, la Contraloría indico que la entidad no cuenta con un plazo o programa de mantenimiento preventivo de las cámaras de videovigilancia.
Consultado por El Comercio, el alcalde Felipe Castillo explicó que, a través de la Central Integrada de Operaciones de Emergencia, su gestión administra 767 cámaras entre las adquiridas por la municipalidad (477) y las adquiridas por los vecinos (290). Según indicó Castillo, la Contraloría solo examinó las de la municipalidad.
“La inoperatividad de alguna de ellas se debe en su mayoría de los casos a rotura de fibra óptica que se da frecuentemente por los trabajos de obra. Una sola rotura en un punto y dependiendo del lugar del daño puede afectar y dejar inoperativas a 40 o 50 cámaras”, aseveró el alcalde y anunció que este año su gestión adquirirá 300 cámaras adicionales para reemplazar las cámaras inoperativas de más de 10 años de antigüedad y colocar otras en puntos estratégicos para llegar a las 1.000 cámaras.
Santa Anita es el segundo distrito de Lima con más problemas con las cámaras de videovigilancia, y acumula dos situaciones adversas. Lo primero es que 38 de sus equipos se encuentran inoperativos. Lo segundo es que 137 cámaras no reciben mantenimiento adecuado y continuo lo que, según la Contraloría, “genera el riesgo de afectar su calidad y buen funcionamiento, así como el monitoreo permanente del sistema de seguridad ciudadana”.
En otros casos como Puente Piedra, la Contraloría encontró 36 equipos inoperativos entre las más de 540 cámaras que cuentan para videovigilancia. Un mayor problema se registra en el ámbito de almacenamiento, donde se detectó que 371 cámaras no guardan las grabaciones por un plazo mínimo de 45 días exigidos por la normativa vigente. Al respeto, el alcalde Rennan Espinoza adelantó a este Diario que adquirirán 150 nuevas cámaras en el primer semestre del año, con el fin de reemplazar a los equipos obsoletos y poder cubrir nuevas ubicaciones.
Similar número de cámaras inoperativas se encontró en San Juan de Lurigancho, con 34 equipos sin poder utilizar. Desde la gestión del alcalde Jesús Maldonado explicaron que han instalado 610 cámaras, las cuales están operativas al 98% (el 2% restante solo falta implementar con inteligencia artificial). Según añadieron, las cámaras inoperativas detectadas por la Contraloría corresponden a cámaras antiguas que fueron adquiridas entre 2014 y 2025, las cuales son “obsoletas”.
En el caso de la Municipalidad de Lima, el máximo órgano de control advirtió que 29 de las 196 cámaras se encuentran inoperativas. Además, nueve monitores de pared de su control de operaciones no proyectan imágenes correspondientes al sistema de videovigilancia.
De igual manera, en el centro integrado de la Municipalidad de Lima no se visualizan imágenes en tiempo real por falta de internet.
Distritos de Lima | Cámaras inoperativas detectadas por la Contraloría |
---|---|
Los Olivos | 124 |
Santa Anita | 38 |
Puente Piedra | 36 |
San Juan de Lurigancho | 34 |
Lima Metropolitana | 29 |
El Agustino | 28 |
Ancón | 25 |
San Martin de Porres | 20 |
Independencia | 7 |
La Victoria | 6 |
Miraflores | 3 |
Distritos del Callao | Cámaras inoperativas detectadas por la Contraloría |
---|---|
Ventanilla | 200 |
Bellavista | 53 |
La Perla | 17 |
Carmen de la Legua | 14 |
La Punta | 7 |
Mi Perú | 4 |
El caso del Callao
En la región del Callao, todos sus distritos cuentan con cámaras inoperativas. En total, suman 295 equipos que no funcionan, siendo Ventanilla el distrito el que acumula más casos por el tamaño de su jurisdicción.
La gestión del alcalde Jhovinson Vásquez explicó que cuentan con 701 cámaras, de las cuales 435 fueron instaladas hace más de 10 años. A la fecha, cuentan con 500 cámaras operativas para el resguardo de la ciudad chalaca, y recordaron que están a la espera de que el Gobierno Regional del Callao apruebe su proyecto de financiamiento para la adquisición de 400 nuevas cámaras para así bordear los 1.000 equipos operativos.
En el caso de Bellavista, no solo presentan 53 cámaras inoperativas, sino que la Contraloría detectó que cinco monitores de vigilancia tampoco funcionan. Este Diario buscó los descargos del alcalde Alexander Callán, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.

Un distrito sin vigilancia
Entre sus visitas de inspección, la Contraloría encontró un caso de particular en el distrito de Santa Rosa. Según consta en el informe de control, esta jurisdicción limeña “no cuenta con centro de vigilancia operativo”.
Si bien la municipalidad en cuestión informó que vienen implementando un centro de videovigilancia con cuatro monitores y 13 cámaras, el equipo de la Contraloría se encontró con otra realidad: los cuatro monitores están instalados pero sin funcionar, las 13 cámaras estaban en sus cajas, y en los postes donde deben estar los equipos de vigilancia solo han instalado una caja metálica.
La gestión del alcalde George Robles otorgó la buena pro para el sistema de videovigilancia en diciembre de 2024, desembolsando una inversión de S/ 264 mil. La adjudicación implicaba, no solo la adquisición de las cámaras, sino también la instalación a todo costo para la implementación del sistema de videovigilancia.
Según las bases del proceso de adquisición, el contratista debió entregar en funcionamiento las cámaras vigilancia en el plazo de 45 días calendario. Es decir, las cámaras debieron estar funcionando desde febrero pasado. Sin embargo, en la inspección realizada a finales de marzo, la Contraloría constató que esto no se había cumplido.
Es por ello que el informe de control concluye con una frase contundente: “se verificó que la entidad no cuenta con cámaras de videovigilancia para la seguridad ciudadana”.
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