El caso de la muerte de los jóvenes trabajadores Alexandra Porras Inga (18) y Carlos Campos Zapata (19) en un local de McDonald’s de Pueblo Libre, en el 2019, sigue sin resolverse, ya que, a más de cinco años de ocurrida dicha tragedia, la investigación del Ministerio Público acaba de concluir hace unas semanas y se ha planteado denunciar a un grupo de gerentes de la cadena transnacional, que es representada en el Perú por la empresa Arcos Dorados.
MIRA AQUÍ: Cuatro menores de edad muertos en 48 horas: Dos abominables casos y las escabrosas hipótesis que maneja la policía
Los dos jóvenes fallecieron electrocutados debido a una fuga de descarga eléctrica de una máquina expendedora de gaseosas cuando se encontraban haciendo labores de limpieza en el local, ubicado en el cruce de las avenidas La Marina y Universitaria.
La Fiscalía acusa a María Pisfil, Jazmín Martín, Franklin Medina, Gabriel Chuchón y Fidel Rodríguez del delito de homicidio simple con eventual dolo. José Carlos Andrade Roy, gerente general de Arcos Dorados, es sindicado de atentar contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
El programa “Panorama” difundió, el último domingo, un chat de WhatsApp en el que se evidencia que supuestamente los gerentes y trabajadores de la empresa sabían del mal estado de la máquina expendedora de gaseosa, ya que, según el reportaje, María Pisfil avisó en el grupo denominado “La Marina”, 48 horas antes de las muertes de los dos jóvenes, que “el multiplex pasa corriente”, en referencia al mal estado de la máquina.
Carlos Gabriel Edgardo Campos y Alexandra Antonella Porras fallecieron cuando realizaban labor de limpieza en el local de McDonald's de Pueblo Libre.
Los hallazgos del Ministerio Público
El informe pericial 3525-2019 determinó que “la máquina expendedora de gaseosa presentaba un deficiente aislamiento” debido a manipulaciones y adaptaciones del sistema de control y fuerza, por lo que “la carcasa presenta energización, superando el valor máximo de lo que establece la norma”.
La Fiscalía indica que Alexandra Porras se electrocutó al coger con la mano derecha un tanque de CO2 que, a su vez, se conectaba directamente con la máquina de gaseosa que presentaba fuga eléctrica, mientras que Carlos Campos también murió adherido de la mano de su compañera al intentar socorrerla.
Arcos Dorados se pronuncia tras denuncia fiscal
La empresa Arcos Dorados, que representa a McDonald’s en el Perú, afirmó que las personas involucradas en el caso de la muerte de dos de sus trabajadores en el local de Pueblo Libre no actuaron con la intención de producir dicho desenlace.
Además, indicó que ha colaborado con las investigaciones y que espera que en la etapa judicial “se esclarecerá lo ocurrido y permitirá cerrar este triste suceso”.
“Nunca dejaremos de lamentar lo sucedido hace cinco años. Consideramos que ninguna de las personas actuó con la intención de producir este desenlace que nos sigue doliendo profundamente a todos. Desde el inicio, apoyamos integralmente a las familias, colaboramos plenamente con las investigaciones y en esta nueva instancia confiamos en que la justicia esclarecerá lo ocurrido y permitirá cerrar este triste suceso”, expresó la empresa en un comunicado.
Investigación fiscal demoró por archivamientos, asegura abogado del padre de la víctima
José Ocampo, abogado de Ricardo Porras, padre de la joven Alexandra Porras Inga, indicó a El Comercio que el caso McDonald’s se ha retrasado debido a que tuvo dos archivamientos, en setiembre del 2020 y diciembre del 2022, pero que las apelaciones que presentaron permitieron que las indagaciones continúen.
El abogado explicó que la investigación fiscal recién concluyó a fines de enero pasado y que el caso está en una etapa intermedia, en la que corresponde el control de la acusación. Remarcó que el inicio del juicio se ha reprogramado debido a que una de las partes no fue notificada.
“Está claro que este proceso va a continuar hasta un juicio porque hay evidencia de una causa probable, hay existencia de responsabilidades, está probado el dolo, entonces, hay una alta probabilidad de una condena”, manifestó.
Ocampo se mostró de acuerdo con que se acuse a los involucrados por el delito de homicidio simple con eventual dolo porque, según consideró, los gerentes del local de McDonald’s en Pueblo Libre sabían con anticipación de la falla que presentaba la máquina expendedora de gaseosa y expusieron al peligro a los trabajadores. Incluso, recordó que existe una conversación de WhatsApp en el que se comenta sobre el mal estado del multiplex.
El local de McDonald's fue clausurado en el 2019 tras la muerte de dos de sus trabajadores.
/ Jessica VicenteEl abogado indicó que para María Pisfil y Jazmín Martín han pedido siete años de cárcel por los delitos de homicidio simple y violación a las normas de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de los gerentes Fidel Rodríguez García, Franklin Ramón Medina Huamán y Carlos Gabriel Chuchón, se ha pedido una condena de seis años. Para José Carlos Andrade Roy, gerente general de Arcos Dorados, se ha planteado 4 años de pena privativa de la libertad por atentar contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Ocampo enfatizó que su defendido no busca una reparación civil en el proceso, solo que se determine las responsabilidades en el caso McDonald’s y que apelarán en caso se pretenda archivar el caso. Precisó que los padres de las víctimas ya cobraron una indemnización tras llegar a un acuerdo económico con la empresa Arcos Dorados.
LEE AQUÍ: Sicarios ahora ingresan a viviendas para matar: el cruel perfil de los asesinos de la familia de un colectivero en Carabayllo
Descartó que los delitos se le imputan a los investigados vayan a prescribir, ya que el homicidio simple recibe una pena de 6 a 20 de cárcel, y para que prescriba tiene que transcurrir el máximo de la pena más el 50%, según el artículo 80 del Código Penal.
Ocampo remarcó que, en caso se sentencien a los acusados, se sentará un precedente en el Perú, pues recordó que en el Perú no se ha sancionado a una persona por violar las normas de seguridad y salud en el trabajo. Recordó que tras las muertes de Alexandra Porras y Carlos Campos Zapata se hicieron modificaciones a las normas sobre las responsabilidades en el cumplimiento de las medidas de seguridad.
“El caso Utopía es un precedente”, afirma abogado penalista
El abogado penalista Andy Carrión indicó que el caso McDonald’s tiene como precedente el caso Utopía, donde los gerentes y los propietarios fueron condenados por las decenas de jóvenes muertos en dicha discoteca, en Surco, en julio del 2002.
“Aquí hay discusión muy interesante que puede tener precedente en aquella discusión que se dio a propósito del caso de la discoteca Utopía. En aquella oportunidad, creo que es perfectamente posible trasladar ese ejemplo a este caso, se discutió si es que los empresarios o los gerentes serían responsables por un delito negligente, es decir un homicidio culposo, o serían responsables por un homicidio doloso”, indicó Carrión a El Comercio.
Alexandra Porras Inga y Carlos Campos Zapata murieron tras recibir una letal descarga eléctrica cuando trabajaban en el McDonald’s de Pueblo Libre. (Composición)
“Esa vez fue la primera vez que en el ámbito empresarial en nuestro país se discutió acerca de los alcances de este tipo de delitos por negligencia en la implementación, al menos en el ámbito empresarial o en el local, de adecuadas medidas de seguridad. En aquella oportunidad se terminó condenando a los empresarios, incluso uno está como no habido, por el delito de homicidio doloso, a pesar de que la imputación inicial era de homicidio negligente o culposo”, agregó.
TE PUEDE INTERESAR: Andrés Hurtado y el supuesto soborno para obtener libertad: ¿Cuánto complica su situación legal esta acusación?
“La jurisprudencia es el caso Utopía, el precedente más importante. En el precedente Utopía los gerentes fueron condenados por homicidio doloso, entonces es posible interpolarlo a este caso de McDonald’s y es por esto que la Fiscalía ha acusado por un delito doloso”, manifestó Carrión.
Además, consideró como excesivo el plazo de más de 5 años que se han tomado las autoridades fiscales para investigar y formalizar acusación. “Si uno atiende el tema de la regularidad del trámite en una investigación de esta naturaleza pareciera que es un tiempo excesivo que se han tomado las autoridades hasta actualmente, incluso solo formular la acusación, no se está todavía frente a una sentencia condenatoria o absolutoria. Estamos frente a una acusación que es una etapa muy previa al juicio en sí mismo”, aseveró.
