Andrés Hurtado: la revista VIP Diplomática que era clave en el plan de premiaciones de ‘Chibolín’

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Es conocido que uno de los modus operandi de Hurtado fue vincularse a personajes ligados al poder a través de su programa de televisión, donde les hacía largas entrevistas y luego, según las acusaciones en su contra, les solicitaba prebendas o canje de favores.

En ese contexto, se señaló que la revista VIP Diplomática también estuvo vinculada al exconductor de televisión, incluso él participó en las premiaciones organizadas por la revista en el extranjero y entrevistó en varias ocasiones en su programa a su propietaria y a su directora, María Teresa García y Ana Altamirano, madre e hija, respectivamente. Tras el escándalo por el caso ‘Chibolín’, la publicación desactivó su página web, así como sus cuentas en redes sociales.

Andrés Hurtado cumple actualmente prisión preventiva por el caso del presunto cobro de un millón de dólares al empresario Javier Miu Lei para supuestamente gestionar, junto a la fiscal Elizabeth Peralta, la devolución de un lote de oro incautado. Actualmente, nadie dice ser su amigo o haber hecho negocios con él.

María Teresa García indicó que conoció a Andrés Hurtado en la inauguración de un centro de estética de Miraflores en el 2017 y que él le dio su número telefónico para que pueda comunicarse y así ella pueda ser invitada a su programa. Sin embargo, ahora dice que se arrepiente de haber conocido a ‘Chibolín’, descarta que él haya tenido manejo de la revista o que esta sea de fachada. Remarcó que no compró pasajes en las agencias de viaje del exconductor de televisión.

“Jamás (Andrés Hurtado) ha pertenecido, jamás perteneció a la revista, él fue invitado a la revista, al premio. Lo invité dos veces al premio. Como todo el mundo, yo me acerqué porque quería salir en el programa, yo quería promocionar mi evento, por eso fui invitada a su set”, afirmó García.

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“Amistad es una cosa y conocido es otra. Lo conozco, ha estado invitado dos veces, ha estado en Panamá con nosotros, pero eso no quiere (decir) que ha estado comiendo con nosotros o que ha tenido alguna injerencia en mi revista. Él jamás me ha dicho premia a tal persona o a este no”, agregó.

Un punto que genera sospecha es la premiación que realizaba la revista VIP Diplomática en Panamá a alcaldes, oficiales de la Policía y autoridades de distintos sectores, ya que luego de esas distinciones la hija de María Teresa García era beneficiada con algunas designaciones o contratos.

Así, se conoció que Ana Altamirano, a sus 29 años, había obtenido más de 20 órdenes de servicio, que suman más de 250 mil soles en las alcaldías de San Isidro, San Miguel y Surco, cuyos burgomaestres fueron galardonados por su revista.

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Por ejemplo, en la Municipalidad de Surco, durante la gestión del exalcalde Jean Pierre Combe, Altamirano obtuvo más de 200 mil soles en órdenes de servicio para desempeñar, entre el 2020 y 2022, la coordinación en Relaciones Públicas para la Subgerencia de Eventos y Protocolo. Combe fue uno de los asiduos visitantes al programa de ‘Chibolín’.

Durante la administración de Eduardo Bless en San Miguel, la directora de la revista VIP Diplomática obtuvo órdenes de servicio por más de 37,500 mil soles, mientras que, en San Isidro, durante la gestión de la actual alcaldesa Nancy Vizurraga, ella consiguió dos órdenes de servicio por un monto de 12 mil soles entre el 2023 y 2024.

Lo que llama la atención es que Ana Altamirano haya obtenido las órdenes de servicio pese a que solo cuenta con estudios no concluidos de Derecho y cursa actualmente la carrera de Ciencias de la Comunicaciones. Ella postuló en el 2018 a la alcaldía de Surco, pero no ganó, pese a contar con el apoyo de Andrés Hurtado.

No obstante, García aseguró que no se solventó el pasaje ni la estadía de los alcaldes premiados en el evento, pues aseguró que fueron invitados por el municipio de Panamá.

Otro punto que cabe destacar es que Ana Altamirano fue designada, el 28 de febrero del 2024, como subprefecta de Asia solo cuatro meses de que dicha publicación otorgara una distinción a Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector general del Gobierno Interior, implicado en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’ y encargado de los nombramientos de prefectos y subprefectos.

María Teresa García asegura que Ortiz Marreros fue invitado al evento por ser funcionario del Ministerio del Interior y que se le costeó los pasajes y la estadía a dicho funcionario. Indicó que solo lo vio dos veces: durante el reconocimiento en Panamá y en la entrega de su diploma en su despacho en Lima.

Descartó que la designación de su hija en dicho cargo público esté relacionada con la premiación a Ortiz Marreros, pues recordó que ella solo duró en el puesto dos meses.

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“Él la conoció en Panamá, ella (mi hija) también habló sobre diferentes temas, entonces, me imagino, que le habrá preguntado si esa vacante estaba libre, si ella podría ser subprefecta”, expresó la fundadora de la revista VIP Diplomática.

Por su parte, Ortiz Marreros dijo no recordar la designación de Ana Altamirano. “Tantas designaciones que he tenido, tendría que recordar. Para subprefecto no se necesita (mayor evaluación), son cargos de confianza. No se requiere mayor cosa para ser subprefecto distrital”, expresó.

María Teresa García indicó que invitó a varios oficiales de la Policía al evento desarrollado en Panamá en 2022 y que costeó los pasajes y el alojamiento de los generales PNP Óscar Arriola y Carlos Céspedes, ya que ellos iban a participar en una ponencia sobre seguridad ciudadana.

El comandante general de la Policía, general PNP Víctor Zanabria, señaló que la invitación fue hecha a él y a muchos otros oficiales como parte de un reconocimiento al trabajo que realizan.

Otros de los asistentes a los ventos de la revista VIP Diplomática fueron el general PNP (r) Raúl Alfaro, excomandante general de la Policía; Carlos Chong, entonces jefe del Estado Mayor de la PNP; y el general (r) Javier Gallardo Mendoza, exjefe de la Policía.

La abogada Mónica Yaya, especialista en contrataciones, detalló que, si se comprueba que hubo un intercambio de favores en la premiación que hizo la revista VIP Diplomática y los cargos que desempeñó su directora, sí habría sanciones por imponer.

“Podríamos estar hablando de delitos de corrupción de funcionarios, tales como el de colusión, en el cual hay una concertación de intereses, favores, beneficios a cambio de defraudar al Estado con contratos públicos. También podríamos estar hablando del delito de negociación incompatible con el cargo, a través de este premio hace que un funcionario se interese en contratar a la hija de la dueña de la revista”, expresó.

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“Podríamos estar hablando del delito de tráfico de influencias. Esto está en colisión con los deberes que tienen los funcionarios públicos de asegurarse que ninguna de sus facultades entre en conflicto con los intereses públicos que representa”, agregó Yaya.

Además, la especialista recordó que muchas veces las municipalidades realizan contrataciones para pagar favores o a cambio de obtener beneficios a futuro.

“Hay municipalidades que ofrecen contratos no solo a quien le signifique una ventaja o un beneficio actual, sino que también a quienes están vinculados a algunos proyectos políticos que posteriormente, a futuro, significa la devolución del favor por ese contrato que hoy firman utilizando el presupuesto del Estado”, manifestó a El Comercio.

El abogado penalista Luis Lamas Puccio indicó que, frente a este caso de la revista VIP Diplomática, el Ministerio Público podría indagar si efectivamente esas licitaciones, compras o gestiones se ciñeron a las exigencias legales.

“Desde el punto de la secuencia de los acontecimientos, el inicio es la revista, después viene la publicidad de la revista, luego viene el contacto con el funcionario y, en última instancia, una gestión con ese funcionario que salió en la revista y, como consecuencia de eso, hubo un tráfico de influencias para poder orientar la decisión de un funcionario público”, enfatizó Lamas Puccio a El Comercio.

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“Esos temas ya pueden tener interés del Ministerio Público, con lo cual habría que entrar a analizar y conocer un poco más en qué condiciones se realizaron esas licitaciones, esas contrataciones en cada municipalidad en particular, y si esas contrataciones cumplieron o no con los reglamentos y con las exigencias de la ley. En cada una de esas gestiones que se ha hecho en las municipalidades, el Ministerio Público debe abrir una indagación y ver qué cosa es lo que sucedió en ese trámite municipal administrativo”, añadió.