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Comas: todo lo que se sabe del derribado mausoleo terrorista

Restos de ocho presos por terrorismo que murieron en El Frontón fueron reubicados. Se presume que, llegado el momento, la edificación iba a destinarse para enterrar a Abimael Guzmán

Comas: todo lo que se sabe del derribado mausoleo terrorista

Luego del retiro de los ocho ataúdes, personal de la Municipalidad de Comas procedió a destruir con maquinaria el llamado mausoleo terrorista, construido en el 2016. (Foto: Lino Chipana / El Comercio )

A las 7:30 a.m. de ayer, personal de la Municipalidad de Comas, encabezado por el alcalde, Miguel Saldaña, inició la demolición del mausoleo terrorista que –desde el 2016– albergaba los restos de ocho presos que murieron abatidos durante un motín en el otrora penal El Frontón, en junio de 1986. Todos, según el Ministerio Público, eran procesados por terrorismo.

La destrucción de la estructura fue posible gracias a la modificación de la ley de cementerios, promulgada por el Poder Ejecutivo en noviembre pasado. La norma fue una iniciativa del congresista Alberto de Belaunde, y faculta a los municipios a trasladar los féretros que hayan sido enterrados en lugares no autorizados.

En este caso, el mausoleo nunca contó con el visto bueno de las autoridades del municipio de Comas y, por lo tanto, debía ser demolido.

La estructura fue construida en lo alto del cementerio Mártires 19 de Julio y contaba con 51 nichos. En el 2016, Miguel Canales, presidente de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, Desaparecidos y Víctimas de Genocidio (Afadevig), sostuvo que estaba de acuerdo con que los terroristas Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre, llegado el momento, sean sepultados en ese lugar.

El mausoleo terrorista se hizo conocido a raíz de unas imágenes que difundió el diario “Correo” en las que se apreciaba que, en agosto del 2016, los familiares de los fallecidos habían realizado una romería por las calles de Comas con los féretros en hombros, listos para ser llevados a ese recinto. Cuando llegaron, los sepultaron entre petardos, banderolas y bengalas rojas.

Policías de la Dirección contra el Terrorismo filmaron a los familiares lanzando arengas a favor de los fallecidos, a quienes llamaban “presos políticos”. Exigían “solución política” y “reconciliación nacional”. Además catalogaban al Estado de “genocida”. Desde ese momento, el alcalde de Comas inició los trámites para la demolición de la estructura ilegal.

PRECISIONES

► El 19 de junio del 2016 se trasladó al mausoleo terrorista el primer féretro y el 7 de agosto de ese año se colocaron otros siete ataúdes.
► A raíz de la construcción de la estructura, se endurecieron las penas por apología del terrorismo.
► En noviembre uno de los familiares de las personas enterradas en el mausoleo terrorista interpuso un hábeas corpus contra el alcalde Miguel Saldaña, a fin de detener la demolición. El caso se ventila en el Poder Judicial.

–Dos versiones–
El alcalde Saldaña informó que los restos fueron ubicados en otros nichos dentro del cementerio, pero de forma dispersa. El objetivo era que no estuviesen juntos para evitar acciones de apología del terrorismo.

El 20 de noviembre, la Municipalidad de Comas notificó, a través del diario oficial “El Peruano”, a los deudos de las ocho personas enterradas en el mausoleo terrorista para que en un “plazo de 15 días retiren y trasladen los restos de la construcción ilegal [...] debiendo ser llevados a la ubicación señalada en las cartas notariales del 12 de noviembre remitidas a sus domicilios. En caso de incumplimiento de la presente publicación se procederá, de acuerdo con la modificación de la ley de los cementerios”, es decir, al retiro.

Sin embargo, los deudos protestaron ayer porque, según ellos, el alcalde nunca los notificó. “Me enteré de que estaban sacando el cuerpo de mi hermano por las noticias. Vine de inmediato al cementerio, pero la policía no permite que suba para saber dónde colocarán el ataúd. Esto es un abuso del alcalde”, se quejó María Gonzales, hermana de Alfonso Gonzales, quien murió en El Frontón. Al igual que esta mujer otros familiares cuestionaron la medida.
El retiro de los cuerpos contó con la presencia de tres fiscales de Lima norte. Luego del traslado se procedió a derrumbar la edificación.
Miguel Sánchez Calderón, abogado de los familiares, indicó que el alcalde no debió trasladar los cuerpos porque uno de los deudos interpuso un hábeas corpus en la Corte Superior de Lima Norte y la decisión final será evaluada la próxima semana. “¿Cómo el alcalde va a sacar el ataúd si el Poder Judicial aún no se pronuncia definitivamente?”, cuestionó.

Según la modificación de la ley de cementerios, un juez deberá determinar el retiro de un féretro cuando haya un proceso judicial de por medio. Al cierre de esta nota, este Diario no pudo contactarse con un representante del Poder Judicial para que se pronuncie.


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