Comisión de la verdad para abusos en la iglesia: cómo funcionaría y qué impacto tendría en las investigaciones

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“Iniciar una investigación formal independiente dirigida por el Estado sobre el abuso sexual de menores en la Iglesia Católica Romana, con plenos poderes de investigación, con miras a identificar las fallas de las instituciones del Estado, identificar a las víctimas, incluso de abusos pasados, y establecer un mecanismo para compensarlas”, exhortó el mencionado Comité, integrado por 18 expertos en derechos de la infancia y adolescencia de todo el mundo.

La solicitud, publicada en un informe con fecha del 31 de enero, analiza cómo el Estado protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes según lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Este es el tratado de derechos humanos más ratificado del mundo e incluye la gama completa de derechos humanos de los niños, incluido su derecho a la protección contra la explotación y el abuso sexual.

Cabe mencionar que ya varios países en todo el mundo han respondido al abuso institucional de niños estableciendo comisiones de la verdad. Los gobiernos suelen aprobar este tipo de instancias a raíz de un escándalo cuando un problema se ha vuelto demasiado grande o complejo para ser resuelto mediante los mecanismos existentes.

José Enrique Escardó, primer denunciante de los abusos en el Sodalicio y fundador de la Red de Sobrevivientes Perú, indicó a El Comercio que este pedido de la ONU al Gobierno peruano se trata de un hecho sumamente importante, pues lo insta a investigar los abusos dentro de la Iglesia Católica (incluso los pasados), identificar a los responsables dentro del Estado, o sea, no solo en la Iglesia, y también crear un sistema de reparación para las víctimas. Adicionar a esto, abre las puertas para que lo mismo se pueda repetir en otros países.

“Es histórico, porque además abre las puertas para que lo mismo se pueda hacer en otros países. Lo están celebrando también organizaciones de otros lados que han visto la noticia y se han comunicado con nosotros”, manifestó.

Asimismo, Escardó resaltó el hecho de que este pedido se haya producido luego de las recientes decisiones por parte del Papa Francisco, entre ellas, la disolución por completo del Sodalicio. “En estos momentos donde hay un crecimiento arrollador del conservadurismo sobre todo en occidente es sumamente importante acciones de este tipo”, dijo.

Ahora, ya que el Estado peruano tiene noticia del informe que lo exhorta a crear esta Comisión de la Verdad, lo que hay que hacer es “empujarlo” para que cumpla, sostuvo. Agregó que al ser un organismo externo como la ONU quien lo apremia, no hay la posibilidad de juzgar o demandar al Estado si es que no ejecuta el pedido, por lo tanto tiene que haber una labor de insistencia.

“Sobre lo ocurrido con el Sodalicio, pienso que justamente el Papa, que ya es una persona de edad y probablemente no tenga mucho más tiempo en el cargo, ha querido tomar un caso que es sumamente visible para dejar un precedente, y que sea un escándalo si es que las siguientes autoridades de la Iglesia no continúan en ese camino”, comentó Escardó.

Asimismo, el teólogo de la PUCP Juan Miguel Espinoza señaló que es importante destacar que la solicitud de las Naciones Unidas se da en un contexto donde no ha habido respuesta alguna por parte del Estado ni de la propia Conferencia Episcopal Peruana ante las denuncias de abuso.

“Creo que es una muy buena noticia por donde se la vea. Es lo que se da en otros lados donde se ha ido tomando mayor conciencia de la gravedad de estos abusos particularmente sexuales dentro de la iglesia y contra niños y adolescentes. Por ello, sería importante conocer la verdad y dar reparo a las víctimas”, dijo.

Indicó que estos procesos de investigación ya han ocurrido en Australia, Alemania, Estados Unidos, Francia y España. En los últimos dos, por ejemplo, han surgido por propia iniciativa de la conferencia episcopal de esos países. En ese sentido, consideró que en Perú hubiera sido bueno que la propia Iglesia, por acto de transparencia, sea la que tome la iniciativa, sin embargo, la presión está viniendo desde un órgano externo.

“Desde mi punto de vista es algo que la propia conferencia episcopal peruana debería haber asumido como hoja de ruta. Pues estamos quedándonos mucho en el hecho aislado del caso del Sodalicio, ahora ha trascendido con una figura de mucha importancia como el Cardenal Cipriani, pero en realidad este problema de los abusos tal y como se ha dado en otros contextos nacionales es un problema sistémico, es un problema que va más allá de algunas manzanas podridas”, expresó Espinoza.

Por su parte, la constitucionalista y canonista Milagros Revilla precisó que el pedido de las Naciones Unidas es idónea y también necesaria para afrontar este gran problema dentro de la Iglesia católica en el Perú. Se trata de una recomendación que se hace al Estado peruano para afrontar un problema de gran envergadura que pone en peligro a los niños.

“Jurídicamente el país está vinculado a la Comisión por los Derechos Humanos. Hemos firmado, ratificado y también estamos obligados a seguir las indicaciones del comité. Por ello, internacionalmente estamos obligados a seguir sus indicaciones”, dijo.

La experta agregó que el tema de los abusos a niños en la Iglesia es a nivel universal y en ese sentido ya en otros países como Estados Unidos y Europa se siguen tomando medidas al respecto desde hace varios años. Incluso, mencionó que en algunos casos se ha llegado a juicio.

“La ONU nos está pidiendo tomar medidas cuando en el Perú no hemos hecho oficialmente nada frente al problema de menores que han sido abusados dentro de los alcances de la Iglesia. El Estado peruano ha silenciado sistemáticamente el problema en perjuicio justamente del interés superior del niño y en perjuicio de las víctimas que ahora en estos tiempos son adultos”, manifestó.

José Enrique Escardó detalló que estas comisiones generalmente tienen como objetivo establecer los hechos y responsabilizar a las instituciones culpables, basarse en gran medida en los testimonios de las y los sobrevivientes de abusos y emitir recomendaciones para la reforma de políticas y leyes para prevenir futuros abusos y garantizar reparaciones para los sobrevivientes.

“Se tiene que hacer una investigación completa, histórica. Además tiene que participar también la sociedad civil, que es algo que normalmente pasa en las comisiones de la verdad. No solamente participa o la hace el Estado, sino que participa la sociedad civil a través de organizaciones”, señaló.

No obstante, considera que con este Gobierno no se va a poder conseguir un avance en el tema, por lo que quedaría esperar a ver qué figura asume en el siguiente periodo y ahí comenzar a movilizarse para poder conseguir que la comisión se instale. “Recién cuando se instale vamos a tener que trabajar los detalles de cómo va a funcionar, pero lo que sí dice el informe es que tiene que estar financiado completamente por el Estado”, precisó.

Por otro lado, Escardó añadió que una las propuestas que maneja es la creación de un consejo de sobrevivientes, mediante el cuál se puede brindar un aporte sustancioso a la Comisión de la Verdad. “Los sobrevivientes somos los que hemos pasado por esto, somos expertos, algunos de nosotros nos hemos capacitado como psicólogos o abogados a raíz de nuestros casos y conocemos perfectamente cómo funciona esto, qué es lo que falta y qué es lo que se tiene que hacer o no se ha hecho”, sostuvo.

Similar opinión tiene Espinoza, quien resalta la importancia de que la comisión sea llevada por personas técnicas, profesionales independientes, expertos en la atención de este tipo de casos, que puedan escuchar a las víctimas y que tenga total autonomía frente al Estado y la propia Conferencia Episcopal Peruana.

“Las comisiones que han investigado abusos en otros contextos a nivel internacional han tenido personas especializadas en acompañamiento de casos de abusos de niños y adolescentes. Además, a diferencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, donde muchas víctimas estaban dispuestas a hablar, en este caso las víctimas que han sufrido abuso sexual siendo niños tienen mucha reserva y temor ya que han pasado hace muchos años. Así es más difícil construir ese clima de confianza”, explicó.

Por otro lado, Revilla indicó que a fin de acabar con la impunidad, primero, el Estado tiene que organizar la comisión con profesionales en la materia, que sepan tratar a las víctimas de abusos, que las asistan física y psicológicamente y sepan escuchar. Lo que está de por medio es el interés superior del niño, resaltó.

“Se debe asistir a las víctimas que ahora son adultos, pero que han visto una situación de impunidad frente a lo que les ha sucedido. En ese sentido, el Estado tiene que conformar una comisión con personajes idóneos para atender a las víctimas y en buscar la verdad dentro de aquellos hechos que estas plantean y que no se vuelvan a repetir”, expresó.

Para Escardó, la decisión de disolver el Sodalicio y otras acciones de mano dura contra el tema de abusos por parte del Vaticano tienen que marcar un antes y un después de cómo la Iglesia ve y atiende los casos de violencia física, psicológica, espiritual y sexual dentro de ella misma, y comenzar a marcar un nuevo camino para poder trabajar en prevención y también en atención de las víctimas. Esto último es algo que ha descuidado mucho la Iglesia, subrayó.

“Si la Iglesia va por ese camino, yo le he dicho al Papa, cuando tuve la oportunidad de reunirme con él, que tanto yo como otras víctimas vamos a estar como aliados y construiremos a su lado, pero si no van por ese camino vamos a seguir criticando y exigiendo como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos años”, indicó.

En tanto, sería ideal que lo que está haciendo el Vaticano de alguna manera se conecte con lo que debería hacer el Estado peruano y que lamentablemente no lo ha hecho. La comunidad internacional le está pidiendo que deje de lado esa negligencia y comience a trabajar de una manera real y responsable.

“Pero, si se sigue dejando de lado, hay la posibilidad de denunciar o demandar al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya hay precedentes”, dijo.

Por otro lado, Espinoza destacó que el caso peruano es uno particular, pues es probablemente una de las pocas veces donde el Papa ha decidido sancionar con tanta severidad el tema de abusos. Por ejemplo, el caso Sodalicio ha implicado una disolución de todo lo que fundó Luis Fernando Figari. Anteriormente, a otros movimientos vinculados a los mismos hechos se les ha dado la oportunidad de refundarse y atravesar un proceso de reparación interna.

“Y en el caso del Cardenal Cipriani pues incluso se le ha puesto restricciones siendo una figura muy importante a nivel eclesiástico”, agregó.

En ese sentido, Espinoza opina que cuando toda la verdad salga la luz en algún momento, es inevitable que repercuta en un deterioro importante de la Iglesia Católica. La gran pregunta entonces es ¿qué va a hacer la iglesia para hacerse responsable? ¿Qué es lo que hará para mitigar de alguna forma el daño que esto va a representar a su propia reputación y a la confianza que los peruanos le tienen. A ello se suma el rol que va a tomar el Estado.

“En otros países había un actor que asumió esta lucha y que ha buscado que salga adelante un proceso de justicia y reparación. En Australia fue el propio gobierno que instituyó una comisión designada para investigar y procesar los casos. En España y Francia la conferencia episcopal gestaron procesos para poder reparar a las víctimas. Entonces, la gran pregunta es ¿quién se va a comprar el pleito en el Perú? ¿Quién va a asumir la responsabilidad para que esto salga adelante?”, expresó.

El medio especializado InfoVaticana fue el primero en dar la noticia de la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana por orden del papa Francisco el pasado 18 de enero. Precisó que más de un centenar de profesos perpetuos del Sodalicio, reunidos en asamblea general en la ciudad de Aparecida en Brasil, fueron informados de la disolución por parte del “cardenal Gianfranco Ghirlanda, el jesuita experto en derecho canónico que había sido nombrado por el Papa para acompañar el proceso de reforma del Sodalicio”.

Entre agosto y noviembre del 2024, el Vaticano expulsó a 15 altos miembros de la organización religiosa, incluido el fundador Luis Fernando Figari. Las sanciones se sustentaban en la investigación realizada en el 2023 por Charles Scicluna, arzobispo de Malta, y el sacerdote Jordi Bertomeu, miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

No obstante, los abusos y denuncias datan de mucho antes. El 26 de octubre del año 2000, José Enrique Escardó publicó la primera de una serie de columnas en la extinta revista Gente que marcaron el inicio de las denuncias contra el Sodalicio de Vida Cristiana.

Además, en el 2015, el libro “Mitad monjes, mitad soldados” de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, reunió treinta crudos testimonios de víctimas del Sodalicio. Esta investigación marcó un antes y después del caso porque, pese a las revelaciones previas de Escardó y otras denuncias periodísticas surgidas años después, no fue sino hasta el 2015 que el Ministerio Público actuó de oficio con una investigación.

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Por otro lado, días atrás, un artículo del diario El País de España afirmó que el papa Francisco forzó el retiro del cardenal Juan Luis Cipriani, en 2019, luego de que se conociera una denuncia en su contra por abuso a un menor, quien hoy en día tiene 58 años. El Vaticano confirmó el domingo las sanciones disciplinarias impuestas al cardenal peruano tras las acusaciones en su contra y agregó que siguen vigentes.

Cipriani, de 81 años, quien reside en Madrid, reconoció las sanciones y en una carta enviada al diario español, negó haber cometido abuso sexual contra un menor.