Crimen en San Bartolo: Caso Andreina Farías evidencia falta de filtros para verificar antecedentes de técnicos y el riesgo hacia los clientes

El caso de la muerte de la venezolana María Andreína Farías Torres (31) en San Bartolo, al sur de Lima, ha puesto en evidencia el riesgo al que se encuentran expuestos los clientes, especialmente las mujeres, durante la instalación de servicios de telefonía o de internet en sus domicilios, ya que los trabajadores entran a ambientes privados y muchos de ellos cuentan con antecedentes policiales.

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Este hecho volvió a cobrar notoriedad tras la captura, el último lunes, de Rubén Darío Cueva Velásquez (31), uno de los implicados en la muerte de Andreina Farías, en una vivienda de la urbanización Virgen del Carmen, en Ate. Sobre él pesa un mandato de detención preliminar de siete días por los presuntos delitos de violación sexual y homicidio simple.

Cueva Velásquez y su compañero Jean Carlos Montero Huaylinos (28), también partícipe de la muerte de la extranjera, pertenecían a la empresa PC Telecom, que a su vez presta servicio a la compañía de telecomunicaciones Claro.

Andreina Farías Torres murió, el pasado 14 de mayo, tras ser arrastrada y atropellada por la minivan, de placa AHT-088, en la que se encontraban los técnicos Rubén Darío Cueva Velásquez y Jean Carlos Montero Huaylinos, quienes habían acudido al inmueble ubicado en la avenida 15 de setiembre, en la urbanización Hijos de San José (San Bartolo), para hacer un traslado de módem por pedido de la víctima.

La extranjera se iba a mudar del segundo al tercer piso del mismo inmueble, ya que deseaba tener una habitación más amplia. Los sujetos llegaron al predio a las 11 a.m. del aquel miércoles 14 y realizaron el cambio de ubicación del módem. De acuerdo con la versión de los vecinos, los dos trabajadores y Andreina Farias se retiraron del lugar cerca de las 2 p.m. en la minivan. Luego, regresaron al promediar las 7:30 p.m. y compraron botellas de cerveza en una bodega e ingresaron a la habitación del segundo piso.

En medio de la reunión, Andreina llamó por teléfono, a las 9 p.m., a una amiga para que acuda a su habitación y la acompañe. Las personas que alquilan habitaciones en el mismo piso coinciden en que del cuarto de la extranjera se escuchaba una fuerte música y olor a cigarrillo.

La compatriota de Andreina no se sentía cómoda con la presencia de los trabajadores y así se lo hizo saber a su amiga cuando los dos hombres se retiraron para comprar cerveza en una bodega cercana, por lo que se iba a retirar a la media hora de haber llegado, pero la retuvo y le pidió que se quede. Finalmente, se marchó cerca de las 10 de la noche.

Lo que ocurrió después es un misterio que la Policía viene investigando. Las cámaras de seguridad registran que los dos sujetos salen del inmueble a las 10:39 de la noche y tratan de subir a la minivan, pero detrás de ellos viene la mujer para increparles y les advierte que los denunciará. La Policía investiga si la mujer fue víctima de violación sexual, tocamientos indebidos o robo, pero hasta el momento no se conocen los resultados de la necropsia al cuerpo.

Para impedir que se marchen, Andreina se agarra de la parte delantera de la unidad, pero el conductor, Jean Carlos Montero, pone reversa a toda velocidad y luego acelera, ocasionando que la extranjera caiga a la pista y termine siendo arrollada por el vehículo. Ambos ocupantes huyeron y no lo auxiliaron. Los vecinos y paramédicos del distrito socorrieron a la víctima y la trasladaron a un centro de salud de San Bartolo, donde finalmente falleció.

Una amiga de la víctima remarcó que los sujetos le debieron haber hecho algo grave a Andreina para que ella reaccione de esa forma, pues usualmente no tenía ese comportamiento. “Yo la conozco bien, para que ella reaccione de esa manera algo le hicieron porque ella, en sí, no era así”, aseveró.

Los dos trabajadores de la empresa PC Telecom cuentan con antecedentes policiales. Rubén Cueva fue denunciado en enero del 2019 por su madre tras agredirla en su vivienda, ubicada en La Molina. De acuerdo con el acta policial, el sujeto golpeó el brazo de su progenitora con la puerta de la vivienda e intentó ahorcarla. Incluso, opuso resistencia y se mostró violento en el momento que era intervenido por policías.

Por su parte, Jean Carlos Montero fue denunciado en junio del 2023 por un empresario debido a una presunta usurpación de terreno en Cieneguilla. Además, en un hecho que llama la atención, él denunció que, el 7 de febrero del 2024, fue dopado en un taxi y le robaron su morral que contenía su arma de fuego. Él se dedicaba a trabajar como agente de seguridad.

Ambos también habrían sido identificados por otras clientas por actos intimidatorios cuando prestaban servicio para la empresa PC Telecom.

Erika Reyes, representante legal de PC Telecom, explicó que, durante la atención del requerimiento hecho por Andreina Farías, Rubén Cueva participó como técnico principal, mientras que Jean Carlos Montero fue chofer y ayudante.

Remarcó que ambos trabajadores ya no pertenecen a la empresa, pues, desde que ocurrió el suceso, no se han reportado ni han respondido las llamadas, por lo que se ha establecido su cese.

“Lamentamos que estos dos trabajadores, que estuvieron hasta esa fecha, se hayan comportado de esa manera. Nosotros ya hemos roto todo vínculo laboral con ellos”, expresó

Reyes aseguró que ambos trabajadores no contaban con antecedentes policiales, penales o judiciales cuando fueron contratados por PC Telecom, ya que presentaron el certificado único laboral. Incluso, indicó que se les sometió a evaluaciones psicológicas y médicas, cuyos resultados arrojaron que estaban aptos.

Sobre la muerte de Andreína Farías, remarcó que los hechos ocurrieron “fuera del horario laboral” de PC Telecom.

Pronunciamiento de Claro

Por su parte, Claro afirmó, a través de un comunicado, que los hechos “ocurrieron fuera del marco del servicio de instalación, en un entorno de carácter privado”. Remarcó que PC Telecom “cumplió con los requerimientos solicitados para operar, a través del Contrato, que exige a la contratista garantizar que sus accionistas, trabajadores y terceros vinculados mantengan patrones de conducta que sustenten nuestra confianza en su labor y durante su presencia en los hogares de nuestros clientes”.

“Confirmamos que la instalación del servicio de internet en el domicilio de la señora Farías se llevó a cabo el miércoles 14 de mayo, con inicio a las 10:01 a.m. y cierre a las 12:50 p.m. Tras concluir la instalación, nuestro servicio de atención al cliente se comunicó con la Sra. Farías, quien confirmó que la atención fue satisfactoria y no reportó observación alguna. En consecuencia, el caso fue cerrado formalmente en nuestros sistemas, sin que existiera justificación para una segunda visita a ese domicilio”, indicó Claro en su pronunciamiento.

“Luego de ese servicio, los técnicos continuaron con otra atención programada, culminando su jornada laboral alrededor de las 7:40 p.m. en una dirección distinta. Este trabajo también fue validado por el área de atención al cliente de Claro”, agregó.

La muerte de Andreina Farías ha dejado en el desamparo a sus cinco hijos, quienes viven en Venezuela junto a su abuela. Ella vino al Perú hace ocho años y trabajaba hasta 12 horas diarias y realizaba horas extras en un restaurante de San Bartolo con el objetivo de enviar dinero a su familia.

Los vecinos contaron que Farías Torres no tenía familiares en el Perú, por lo que los trámites para retirar el cuerpo de la morgue se complicaron, ya que tiene que ser gestionados solo por un pariente cercano. Además, los procedimientos para obtener una carta poder en Venezuela pueden costar hasta 1.000 dólares.

Otro tema que ha representado una dificultad para los familiares es el posible traslado del cuerpo a Venezuela, pues tiene un costo de 4 mil dólares, monto con el que no cuentan.

Los familiares evalúan que el cuerpo de Andreina Farías sea velado en San Bartolo y posteriormente cremado o enterrado en Lima.

César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), indicó que las empresas que contratan personal para instalar servicios de telefonía e internet deben implementar mejores filtros de selección y cruzar información sobre lo que aparece en el currículo vitae.

“La empresa que ha contratado a este personal no ha ido in situ a verificar realmente si viven donde dicen, no han ido al trabajo anterior para conocer el motivo de la salida. Esa es una investigación básica que actualmente debería hacerse a todos los empleados nacionales y extranjeros”, manifestó el especialista a El Comercio.

“Las empresas de telecomunicaciones no han revisado la documentación y no la han contrastado”, agregó.

Ortiz Anderson enfatizó que las empresas de telecomunicaciones deben involucrarse en el tema de la verificación de los antecedentes del personal que trabaja bajo su marca.

“Estos técnicos trabajaban para una empresa que, a su vez, el daban el servicio a una operadora de teléfonos, esta última puede decir que no es su cuento, pero sí es su cuento, ya que los clientes están pagando para que manden un personal verificado y controlado, y no lo han hecho”, indicó.