Las cifras difundidas en las sesiones del Cuarto de Guerra, lideradas por la presidenta Dina Boluarte, no detallan los delitos cometidos por los detenidos ni las circunstancias de sus capturas, lo que genera dudas sobre su impacto en el crimen organizado.

Según el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (Renadespple), entre enero y marzo de 2025 se registraron 43.747 detenciones en flagrancia, pero solo el 1,39% corresponde a extorsión (0,66%), sicariato (0,03%), homicidio (0,54%) y secuestro (0,16%). La mayoría fue por delitos como violencia familiar, lesiones, conducción en estado de ebriedad y microcomercialización de drogas.

Entre enero y marzo hubo más de 500 homicidios, pero solo detuvieron a 13 personas por sicariato.

Tras analizar estas cifras, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés indicó a El Comercio que los números vinculados con los delitos que más teme la ciudadanía son “realmente mínimos”. Consideró que si bien a la cabeza de las detenciones en flagrancia existen delitos que pueden destacar, no son los más relevantes para la ciudadanía, que son aquellos relacionados al aumento de la criminalidad.

“Definitivamente es preocupante que apenas haya detenidos por los 4 delitos más temidos (extorsión, sicariato, homicidio y secuestro). Y lo que más preocupa es que en un trimestre se haya podido detener a solo 13 sicarios en todo el país, según ha dicho el Gobierno”, señaló.

Por su parte, el analista de datos Juan Carbajal criticó que en los Cuartos de Guerra que lidera la presidenta Boluarte solo se den a conocer números absolutos a nivel macro, pero sin disgregar la información. Agregó que en el mismo Ministerio del Interior y la Policía Nacional existen datas sobre denuncias y operativos, pero no ahondan en mayores detalles.

“No indican cuál es el tipo de delito por el cual una persona fue detenida. Si se diera esta información sería de mucha importancia“, sostuvo.

No obstante, para Nicolás Zevallos, fundador y director del Instituto de Criminología, es evidente que sean mayores las cifras de detenidos en flagrancia por delitos como manejar ebrio o violencia familiar, y no otros como el sicariato o la extorsión, ya que los primeros van a seguir siendo muchos más si es que se suman todas las acciones policiales y los operativos.

“Aun cuando haya crecido fenómenos como el sicariato, extorsión, secuestro y demás, los otros hechos siguen siendo mucho más. Va haber siempre mayor cantidad de actividades vinculadas accidentes de tránsito, por ejemplo. Eso va a ocurrir siempre así”, expresó.

Valdés manifestó que genera mucha preocupación la forma en que está informando el Gobierno sobre sus avances, pues opinó que esta se da “de manera muy equivocada”. Detalló que esto no es reciente, sino que viene de tiempo atrás, pues usualmente los ministros han presentando la información en volumen, cuantificando. Por ejemplo, mencionan número de ‘quetes’ incautados o cantidad de casquillos decomisados.

“Consideran que con ese menudeo pueden generar un impacto positivo en la ciudadanía. Están equivocados. Creo que la PNP se debe centrar en bajar la victimización que mide el INEI en al menos 2 puntos porcentuales o incrementar la atención de denuncias, en fin, generar una serie de indicadores para poder medir. Esto va a crear una mayor capacidad de credibilidad“, precisó.

En tanto, Casas dijo que lo que realmente le interesa a la ciudadanía no es tanto la detención de los delincuentes, sino cómo es que fluye ese circuito hasta su sentencia condenatoria o absolutoria. Es decir, saber si esa persona ha sido declarada culpable o inocente, si irá a la cárcel o será liberado. Se, requerirían datos en ese sentido, resaltó.

“Imaginemos que se detienen en flagrancia a 300 personas, luego la fiscalía dice que ha habido un error de la policía, que solo son 50 y los otros 250 han tenido que irse. Pero, ¿cómo lo sabremos si no se comunica?. Necesitamos que la fiscalía corra al mismo ritmo que está trabajando la PNP y el PJ para definir claramente este circuito. Existe un proceso el cual muchas veces se pierde de vista”, explicó.

Con respecto al RENADESPPLE, Carbajal sostuvo que no hay una data abierta en donde se pueda analizar públicamente los registros con respecto a los detenidos y liberados por diferentes delitos en el Perú, según donde provenga la información (Fiscalía, PNP, INPE). Mucho menos se puede extraer información.

El experto en datos aseveró que no solo basta con que el “Cuarto de Guerra” muestre números absolutos sino que hace falta que tales datos sean disgregados y diferenciados según el tipo de delito, de modo tal que se visibilice todo el contexto y sin sesgo alguno.

“Deberían integrar y unificar toda la información, por ejemplo, en un portal web por medio de un dashboard (tablero de datos) que sea público y abierto para que toda la ciudadanía esté plenamente informada”, manifestó.

Del mismo modo, Valdés señaló que la recomendación de tener un dashboard es absolutamente válida, pues ayudaría bastante en revisar detalladamente la información y desglosar las cifras para saber a qué delitos corresponden. Eso permitiría también correlacionar los resultados con los ingresos a los penales o los números de muertos.

“Me permite establecer comparaciones mucho más útiles. Y es importante que esa información sea manejada toda ella con IA porque tenemos que empezar a modelar mejor todos los delitos que hay en el país para saber cómo ocurren, cuándo y por qué”, dijo.

Por su parte, Casas coincidió en la idea de que tendría que haber un mayor nivel de desagregado de la información brindada por el Gobierno. Saber por qué tema esas personas han sido detenidas, si tienen una investigación abierta, denuncia, si están prófugos de la justica por algún tipo de delito o si están vinculados a un tema de organización criminal.

“La urgencia ahora es la captura y el enjuiciamiento de sujetos asociados al crimen organizado, principalmente a la extorsión. Esa información hay que pedirle al Ministerio del Interior para de alguna manera conocer bien el panorama de la cifra real de aquellas personas que nos interesa”, indicó.

Pese al estado de emergencia que rige en Lima y Callao por 30 días, la tendencia creciente de homicidios aun persiste. Durante el primer trimestre del 2025, se han registrado 554 homicidios, lo cual representa un 18% más con respecto al mismo período del año pasado.

Asimismo, la cantidad de homicidios registrados de enero a marzo de este año iguala lo registrado en el tercer trimestre del 2024.

Por otro lado, entre los años 2018 y 2024, se han registrado más de 75 mil denuncias por extorsión. El aumento de estas ha sido exponencialmente mayor en los últimos 3 años (2022/2023/2024): por encima de los 60 mil.

Sin embargo, la cantidad de internos en los penales por el delito de extorsión solo se ha incrementado en alrededor de 200. Es decir, el aumento de presos que purgan condena en cárceles por extorsión en los últimos 3 años no llega ni siquiera al 1% del total de denuncias.