Deflagración en Villa El Salvador: a 5 años de la tragedia, sobrevivientes y familiares de los 34 fallecidos no hallan justicia y denuncian abandono de autoridades

Al cumplirse 5 años de la tragedia en la que murieron 34 personas, a consecuencia de una deflagración por una fuga de gas licuado de petróleo de un camión que transitaba por el cruce de las avenidas Villa del Mar y Mariano Pastor Sevilla, en Villa El Salvador, las víctimas denuncian que no hallan justicia, pues consideran indignante la reciente sentencia del Poder Judicial sobre el caso, ya que el conductor del vehículo, Luis Guzmán Palomino, solo fue condenado a cinco años de prisión suspendida.

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Los deudos y sobrevivientes coinciden en señalar que dicha sentencia es “una burla” y que les genera “indignación”, ya que, según dijeron, no se toma en cuenta la muerte de 34 personas. Ellos consideraron que se debieron incluir a otras entidades públicas que estuvieron involucradas en el caso.

Denunciaron que ha habido un abandono de parte de las autoridades en el tema de la atención médica, ya que los 13 sobrevivientes requieren cirugías reconstructivas y terapias, así como medicamentos, pero les es imposible conseguir una cita en los hospitales. También señalan que la tragedia ha marcado sus vidas, sobre todo en el aspecto psicológico, pues ellos han recibido soporte emocional para tratar de superar dicho episodio doloroso.

En la mañana del 23 de enero del 2020, minutos antes de las 7 a.m., un camión cisterna que transportaba gas licuado del petróleo (GLP) impactó en un desnivel que había en el cruce de las avenidas Villa del Mar y Mariano Pastor Sevilla, en Villa El Salvador. De inmediato, una nube de gas salió del vehículo y cubrió una gran parte de la Av. Villa del Mar.

De acuerdo con la versión de los testigos, algunas personas trataron de alertar a los demás vecinos de que no enciendan ningún artefacto o fósforo, pero el conductor de un vehículo, pese a las advertencias, encendió su vehículo y se desató la deflagración. En pocos segundos, decenas de personas y casas quedaron envueltas en llamas.

Las investigaciones determinaron que el camión-cisterna era, originalmente, un furgón de carga que fue modificado para colocarle un contenedor de 2.500 litros de GLP. El vehículo no cumplía con los requisitos establecidos por el reglamento de seguridad para la instalación y transporte de GLP.

La tragedia pudo evitarse, ya que los vecinos habían alertado a la Municipalidad de Villa El Salvador, cuyo alcalde era en ese momento Kevin Iñigo Peralta, que el desnivel de la pista ubicada en el cruce de las avenidas Villa del Mar y Mariano Pastor Sevilla causaba diversos accidentes de tránsito.

También se cuestionó a Osinergmin, ya que era la entidad encargada de supervisar las operaciones de la unidad de Transgas LG, empresa que ya había sido cerrada en el 2018, pero que siguió operando de manera clandestina.

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Luis Guzmán Palomino, chofer del vehículo, sumaba 83 infracciones de tránsito, entre faltas graves y muy graves.

La sentencia del juez Cristhian Salazar Costa, del Juzgado Penal Liquidador, de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, establece 5 años de prisión suspendida para Luis Guzmán Palomino, conductor del camión, por el delito contra la seguridad pública- delito de peligro común.

“Imponiéndosele cinco años de pena privativa de la libertad, la misma que, de conformidad con el artículo 57 y 58 del Código Penal, se suspende en forma condicional, estableciéndose como periodo de prueba el término de cuatro años”, se indica en la resolución judicial.

Además, el magistrado determinó que Guzmán Palomino debe cumplir de manera estricta ciertas reglas, como no variar de domicilio ni ausentarse del país sin previa autorización del juzgado, concurrir cada fin de mes a fin de registrar su huella en el registro biométrico de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y no cometer nuevo delito.

En cuanto a la reparación civil, el juez Cristhian Salazar Costa señala que Luis Guzmán debe pagar a las víctimas en un plazo de 36 meses y en conjunto con la empresa Transgas LG, que fue declarada tercero civilmente responsable y cuyo gerente general es Luis Enrique Guzmán Escriba, hijo del condenado.

Lo que llama la atención del fallo es que establece montos de 5 mil a 8 mil soles de reparación civil para 49 personas, mientras que para otro grupo de 34 víctimas se determina montos que van de S/ 31,690 a S/ 90,280.

Ronald Tipismana, vocero de las familias afectadas por deflagración en Villa El Salvador, contó a El Comercio que la sentencia ha causado indignación entre los deudos y heridos, ya que, según recordó, al conductor no se le dictó prisión preventiva durante el proceso. Incluso, afirmó que la empresa Transgas LG, propietaria del camión que causó la tragedia, se declaró en quiebra dos meses después de ocurrido el siniestro. Por ello, es que han apelado la sentencia para que se dicte prisión efectiva al chofer y se eleve el monto de la reparación civil.

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Además, cuestionó el monto de la reparación civil, pues detalló que se establece el pago de 5 mil a 8 mil soles para los heridos, pero consideró que dicho monto es irrisorio en comparación con los gastos que deben realizar en medicamentos y tratamiento médico. Incluso, ellos dejaron de trabajar al quedar con limitaciones físicas y no tienen cómo generar recursos. Tambien denunció que muchos de los heridos requieren intervenciones quirúrgicas, pero hasta ahora no son programadas en los hospitales.

En el caso de los fallecidos, en el fallo se dispuso que se pague a los deudos más de 90 mil soles, en caso la víctima sea menor de edad, y más de 30 mil soles en caso sea mayor de edad.

Tipismana lamentó que en la sentencia no se haya incluido a la Municipalidad de Lima, que estuvo a cargo de la construcción de la vía en la que ocurrió la deflagración; al municipio de Villa El Salvador, encargado del mantenimiento de la pista; y al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), ya que le correspondía, según dijo, fiscalizar al camión que transportaba el gas licuado de petróleo. Por ello, indicó que se pedirá que dichas entidades sean incluidas como terceras civilmente responsables.

Muchas veces el destino pone a las personas en el lugar equivocado. Ese es el pensamiento de Grimaldo Richard Flores Muñoz cada vez que recuerda lo que le pasó aquel 23 de enero del 2020. Él se encontraba en el lugar de la deflagración de manera circunstancial, ya que, a bordo de su mototaxi, llegó a dejar un pasajero y estaba de regreso a su paradero cuando ocurrió la tragedia.

Maribel Flores, hermana de Grimaldo Richard, contó a El Comercio que su familiar tiene el 65% del cuerpo con quemaduras, principalmente desde el torso hacia arriba. Él ha quedado con el rostro totalmente desfigurado y con graves quemaduras en el cuello.

Remarcó que si bien su hermano ha recibido atención en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y en el hospital María Auxiliadora después de la tragedia y durante la pandemia del COVID-19, ahora lo que necesita él son operaciones, pues están pendientes más de seis intervenciones quirúrgicas.

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Por ello, criticó la demora en el trámite de las operaciones, pues aseguró que la cita para un procedimiento quirúrgico le toma entre un año y dos años, incluso, recordó que ella tuvo que llamar casi todos los días a un médico para que le programe la operación al cuello a su hermano.

“El detalle es que las citas para programar una operación tienes que lucharla un año o dos años. Hay personas que están esperando, y eso a él lo cansa, se impacienta. Como ya no hay esa atención preferencial que quizá había antes, un poco que a él lo desanima”, expresó la mujer.

Maribel Flores destacó el apoyo que recibió de la ONG Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem), ya que, con las terapias brindadas, su familiar pudo recuperar la movilidad en los dedos y los brazos, lo que le ha permitido valerse por sí mismo y realizar trabajos de moderada intensidad. También recibió ayuda en medicamentos y cremas para las quemaduras.

Sin embargo, aún hay heridas que no sanan y que son secuelas permanentes en la vida de Grimaldo Richard Flores Muñoz. Según su hermana, él ha tenido cuadros fuertes de depresión que, incluso, lo han empujado muchas veces a pretender quitarse la vida. Las terapias psicológicas y el apoyo de su familia han evitado un desenlace fatal.

Dichas situaciones se acentúan cuando él decide salir a trabajar en su mototaxi para ayudar en la manutención de su hija, pero muchas veces los pasajeros optan por abordar otra unidad al ver su rostro con quemaduras, lo cual le genera consternación.

Maribel Flores cuestionó que las autoridades no hayan solucionado en su momento el desnivel que se presentaba en la pista y que generó, posteriormente, el desperfecto en el camión y la fuga del gas.

“Los vecinos de la zona habían presentado (una alerta) por ese desnivel que había y si hubieran hecho caso de inmediato y habrían dado solución, eso no habría pasado, se habría evitado tantas muertes. Tantas cosas que se pudieron evitar en ese momento y que estaban en las manos de ellos (las autoridades)”, afirmó.

En esa línea, cuestionó el fallo que dicta 5 años de prisión suspendida para Luis Guzmán Palomino, conductor del camión, y que no se haya ampliado la condena a otras entidades responsables.

Jackeline Rojas Parinango siente que perdió parte de su vida en la tragedia en Villa El Salvador, ya que hasta ahora no puede superar la muerte de su hijo de tres años y medio, así como de tres sus familiares, por ello decidió mudarse a otra zona de Lima para dejar atrás recuerdos que le causen más dolor.

Ella se encontraba a punto de dirigirse, aquel 23 de enero, al gimnasio cuando fue alertada por un vecino de la fuga de gas, por lo que decidió salir a la calle junto a su familia. Todos corrieron, en medio del desconcierto, en una dirección, pero la deflagración los alcanzó.

Ella y su hijo resultaron con quemaduras graves, mientras que su pareja y su otro hijo resultaron heridos. De inmediato, ambos fueron llevados al hospital, pero su hijo falleció a las pocas horas. La mujer quedó internada en el hospital Guillermo Almenara de EsSalud hasta el 30 de mayo de aquel 2020, pues fue enviada a su casa debido a la pandemia del COVID-19.

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Jackeline Rojas aseguró que, desde que ha salido del centro hospitalario, no ha sido sometida a ninguna operación, pese a que en muchas oportunidades la han programado, incluso se realizó los exámenes prequirúrgicos, pero a última hora han cancelado sus cirugías. Ella las necesita debido a que presenta el 65% de su cuerpo con quemaduras.

Su situación personal empeoró cuando su pareja la abandonó y la dejó sola con su hijo que sobrevivió a la deflagración. Ella, pese a sus limitaciones por las quemaduras que tiene en los pies, brazos y manos, debe sobreponerse y realizar actividades domésticas.

La madre de familia indicó que recibió terapias psicológicas y físicas en Aniquem, pero que ya fueron suspendidas debido a que requiere operaciones. Remarcó que en las temporadas de verano la sensación de dolor y de ardor se incrementan, por lo que deben aplicarse cremas. Aseguró que no puede usar ropas cortas para no exponer su piel dañada al sol.

La sentencia del caso le causa más dolor porque considera que las vidas de 34 personas no valen nada. “Es una indignación que se burle el Estado de nosotros, cuántos años más vamos a esperar y hasta ahora no hay justicia. Yo he perdido a mi hijo de 3 años y medio, son 34 muertos, parece que la vida no les importa”, expresó.

Alicia Huamán Ventura no encuentra paz desde hace cinco años, ya que no solo perdió a su esposo, su único hijo y a su hermano en la deflagración, pues también vio cómo su casa quedó inhabitable y siente que las autoridades la han abandonado.

Ella contó a El Comercio que las autoridades se comprometieron a reconstruir su casa, pero que, en un inicio, solo querían hacer un reforzamiento simple en las columnas, pese a que un peritaje estableció que estaba en riesgo de colapsar.

Ante ello, Huamán Ventura indicó que realizó diversas gestiones ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero que los funcionarios solo le informaban que su caso estaba en trámite, pero luego ya ni le respondían sus llamadas.

Al no tener casa donde vivir, ella tuvo que mudarse a la vivienda de sus familiares. Toda esta situación ha agravado su salud mental, por lo que ha tenido que recibir ayuda psicológica.

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Como parte de su lucha, Alicia Huamán ha colocado en los exteriores de su casa pancartas en las que exige justicia para su demanda, acompañadas de imágenes de sus familiares fallecidos.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) señaló que aún se encuentra “en proceso” la convocatoria para la construcción de la casa de la vecina Alicia Huamán Ventura a través del Bono Familiar Habitacional, la cual “establecerá el valor del bono y las condiciones de postulación que deberán considerar las entidades técnicas”.

En un comunicado enviado a El Comercio, dicho sector indicó que ya se realizó el peritaje de la casa de Huamán Ventura, el cual determinó que era necesaria la demolición para su construcción.

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Además, remarcó que se cumplió con el saneamiento legal del predio, ya que este figuraba en registros públicos bajo el régimen de copropiedad. También se culminó la elaboración del expediente técnico para el otorgamiento de la licencia de edificación de la vivienda.

“La atención se brindó considerando el nivel de daño de cada una de las viviendas afectadas, en ese sentido, cinco predios se determinaron para la reconstrucción, quedando pendiente el predio de la señora Alicia Huamán”, indicó.

El MVCS explicó que en la zona afectada por la deflagración se atendió a 25 familias, de las cuales 17 casas fueron atendidas con el Bono Familiar Habitacional en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda, tres inmuebles se atendieron con el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos, cuatro viviendas pudieron ser reconstruidas a través del programa Mejoramiento Integral de Barrios y una vivienda está en proceso de atención.

Precisó que todas las intervenciones que se dieron a las familias afectadas por la deflagración fueron asumidas al 100% con sus recursos.

El Comercio intentó comunicarse con los demás implicados en el caso para obtener sus descargos, pero hasta el cierre de esta nota no tuvo éxito.