Delito de amenaza, armas de electrochoque y más: Los proyectos que se debatirán en el Pleno del Congreso en medio de la crisis de seguridad

En medio de un avance galopante de la criminalidad en el país, pese al estado de emergencia que rige en Lima y Callao, el Pleno del Congreso pondrá en debate, este jueves 10 de abril, diversos dictámenes y proyectos de ley referidos a la seguridad ciudadana. Así lo informó el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, durante la sesión de Junta de Portavoces que se llevó a cabo el último lunes. Todo esto se da en medio de un paro de transporte, acatado casi en su totalidad por las empresas del sector.

Para tal efecto, dicho órgano parlamentario acordó la ampliación de la agenda, así como la exoneración del plazo de publicación de algunas propuestas legislativas con el fin de que sean analizadas por el Legislativo en su conjunto.

Cabe mencionar que en razón de la creciente ola de extorsiones y asesinatos, el pasado 7 de abril, se vivió una jornada de paro y protestas por parte de un sector de transportistas que exigió al Gobierno medidas efectivas contra estos delitos. El sector, uno de los más golpeados por este flagelo, también ha paralizado sus actividades, dejando a miles de usuarios sin poder movilizarse.

Dictámenes

• Proyectos de ley 6093, 6257, 6305, 6549, 7011, 7873, 8553, 8828, 8961, 9425, 10109 y 10305: Se propone crear el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva e implementar las unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional.
• Proyecto de Ley 6758: Se propone modificar el Código Penal para tipificar el delito de amenaza.
• Proyectos de ley 7874 y 10075: Se propone modificar la Ley 31297 (Ley del Servicio de Serenazgo Municipal) a fin de incorporar las armas de electrochoque como medio de defensa.
• Proyectos de ley 621, 1554, 2782, 2811, 4264, 4376, 4600, 4810, 4919 y 4959: Se propone modificar el Código Penal, el Código de Ejecución Penal, y el Decreto Legislativo de Migraciones para facilitar la expulsión de extranjeros y fortalecer la seguridad ciudadana.

Proyectos de ley

• Proyecto de Ley 10189: Se propone declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú y disponer medidas que aseguren su efectividad en la lucha contra la criminalidad.
• Proyecto de Ley 10488: Ley que dispone la implementación de la plataforma “Denuncia Digital” para la presentación de denuncias digitales por delitos contra el patrimonio.

Reforma constitucional

• Proyectos de ley 4090, 5577, 5764, 5766, 5782, 5947, 6033, 6249 y 6462: Se propone la ley de reforma constitucional del artículo 2 de la Constitución Política del Perú para ampliar el plazo máximo de detención en caso de flagrante delito.

El experto en seguridad y crimen organizado, Frank Casas, dijo a El Comercio que, en línea general se observa que las normas aprobadas, así como aquellas que se van a discutir, o a insistir, no responden a la crisis que hoy vive el país, la cual está relacionada con el sostenido incremento de la extorsión en microemprendimientos.

“Si la urgencia es la extorsión y el sicariato, las medidas del Ejecutivo y del Congreso deberían centrarse en ello. Es lo que deberían hacer en el tiempo que les queda para que culmine su periodo representativo”, indicó.

Una segunda apreciación de Casas tiene que ver con el tipo de enfoque hacia donde se orientan las medidas legislativas en general. Detalló que la gran mayoría de estas normas o propuestas están relacionadas con facilitar el trabajo de detención de policías o serenazgo, así como de agravar penas. Si bien no le parece mal, criticó que el foco vaya al accionar reactivo y no al preventivo.

“Eso no está mal, pero estas normas van a operar cuando el delito ya se materializó, y no están pensadas en prevenir el delito, es decir que evite que una persona sea extorsionada o asesinada”, señaló.

Asimismo, el experto precisó que dentro de las propuestas a debatir, le ha llamado la atención dos que están referidas al control de los teléfonos celulares y chips para fines ilegales. Explicó que no es que sean malas normas, sino que el problema es que todavía no se está trabajando en el tema de fondo: el mercado ilegal de celulares responde a una demanda y oferta.

“El mercado ilegal de teléfonos celulares y chips que muchas veces se utilizan para extorsionar. La fuente de dicha oferta de celulares no es ilegal, sino legal. Son las propias operadoras de telefonía que continúan ofertando estos chips. Sobre ello se requiere mejores normativas que permitan la aplicación de medidas administrativas y penales, según corresponde”, sostuvo.

En tanto, Casas agregó que una propuesta que le ha llamado la atención es que los serenos municipales utilicen armas de electrochoque. La pregunta es si todo el cuerpo de serenazgo tiene la suficiente capacidad para monitorear el uso de estas herramientas y que no sea contraproducente para el mismo serenazgo y algún otro ciudadano. “Olvidamos que, salvo en algunos distritos, los municipios tienen muchos problemas en la gestión del serenazgo: mal entrenados, incumplen los procedimientos y muchos realizan huelgas por deudas”, comentó .

Noam López, experto en Ciencia Política y Gobierno de la PUCP, señaló a El Comercio que respecto a crear el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva e implementar unidades de flagrancia, en términos generales, es “saludable, necesario, y muy positivo”. Explicó que se busca crear tribunales o fiscalías especializados para resolver rápido delitos flagrantes como robos, hurtos, violencia callejera, de tal manera que se aceleren sentencias para reducir la impunidad.

“Sin embargo, la eficacia depende de asignar recursos adecuados y que realmente haya una articulación bajo un liderazgo, una visión, que ayude a los agentes y operadores de justicia a trabajar de la mejor manera y no se vulneren los derechos procesales. La limitación sería que estaría dirigido sobre todo para delitos visibles, en el espacio público, y no tanto para extorsión y demás“, sostuvo.

Respecto a modificar el Código Penal para tipificar el delito de amenaza, López detalló que la idea es incluir las amenazas graves, amenazas de muerte, daño físico, con penas de hasta 4 años si son agravadas. “También me parece positivo. Creo que todo lo que tenga que ver con anticiparse a que la violencia ocurra está perfecto. Y creo que la extorsión empieza así“, consideró.

En tanto, resaltó que lo que sí es criticable, debido a la forma, es la expulsión rápida de extranjeros delincuentes. Opinó que el hecho de modificar el Código Penal y la Ley de migraciones para que, ante delitos leves, incluso sean expulsados inmediatamente me parece políticamente vendedor.

“Como una herramienta disuasiva podría servir para reducir el hacimiento carcelario, pero la aplicación tiene que ser bien cuidadosa. Mucha gente inocente podría ser, por un tema discriminatorio, víctima de la expulsión”, comentó López.

Por otro lado, sobre el uso de armas de electrochoque por parte de personal de serenazgo, López manifestó no estar de acuerdo ya que además de ser un gasto fuerte, se desnaturaliza el verdadero rol de este servidor público municipal otorgándole funciones para las cuales no está preparado.

“El sereno es un policía comunitario, preventivo, y en lugar que le estén dando elementos para que haga tareas operativas, se le podría dar mayores capacitaciones en temas preventivos. Toda arma puede ser letal. En realidad, siento que no hay una claridad sobre qué hacer con el cuerpo de serenazgo“, precisó.

El último lunes, la Defensoría del Pueblo propuso al Gobierno que, en ciudades declaradas en estado de emergencia, solo se permita la circulación de motocicletas con una persona abordo y se prohíba su desplazamiento entre las 6 p.m. y 6 a.m. del día siguiente, como una medida para enfrentar la ola criminal que afecta al Perú.

“Prohibir, sin excepción, que las motocicletas lineales transporten a más de una persona dentro del marco temporal establecido para su circulación. Estas acciones extraordinarias tienen por finalidad dificultar el accionar de las bandas criminales que operan bajo esta modalidad”, señaló la entidad.

En medio del revuelo por la propuesta, este martes, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, aseguró que la iniciativa se basa en que los delitos de sicariato, extorsión y robo agravado se cometen con el uso de este tipo de vehículo.

En tanto, el abogado Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, sostuvo que dicha medida, en caso se apruebe, podría ser declarada inconstitucional por el TC al vulnerar varios derechos. Explicó que para limitar la circulación y el número de ocupantes de una motocicleta, la propuesta no superaría el tema de proporcionalidad y racionalidad, necesario para validarla.

Por su parte, Juan Carlos Sotil, experto en temas de seguridad ciudadana, dijo a El Comercio que las iniciativas que limiten actividades de las personas deben nacer de un estudio de inteligencia policial o estadístico, por lo que consideró que tal propuesta debió ser formulada por la PNP o el Ministerio del Interior. “Tiene que ser una propuesta técnica que responda a un informe o un estudio extremadamente técnico, en este caso de criminalidad”, precisó.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue interpelado ayer miércoles, en el Parlamento. El primer ministro contestó un pliego de 43 preguntas sobre el desborde de la criminalidad organizada y el impacto de los estados de emergencia, entre otros temas de interés nacional.

Su intervención ante la representación parlamentaria duró más de cinco horas, luego de lo cual se inició el debate entre los congresistas.