Deportación en aumento: el reto de acoger a los casi 4.000 peruanos que volverán cada año de EE.UU.

En este informe detallamos cómo sería el futuro del país ante una ola migratoria masiva de deportaciones de peruanos desde EE.UU.

Las políticas migratorias implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vienen causando preocupación principalmente en la comunidad latina asentada en dicho país. La falta de documentos o cualquier tipo de infracción puede desencadenar medidas drásticas como la deportación.

Muestra de ello es que hace unas semanas, un grupo de 34 ciudadanos peruanos deportados de Estados Unidos arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tras hacer escala en Honduras. De los 34 ciudadanos peruanos deportados, 23 son varones y 11 mujeres. El Ministerio de Relaciones Exteriores proporcionó furgonetas o vans para trasladar a 15 de ellos a albergues temporales, ya que no contaban con un domicilio al cual dirigirse o porque son del interior del país. Los demás fueron llevados a viviendas familiares.

También se informó que otros 40 permanecen en un centro de detención en San Diego, California, a la espera de una posible deportación.

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Estos ciudadanos peruanos permanecen detenidos en un centro migratorio en San Diego, California, mientras esperan la resolución de su situación legal en Estados Unidos. Ellos forman parte de los 500 connacionales retenidos desde el inicio del gobierno de Trump, según informa la Cancillería. Los demás peruanos se encuentran distribuidos en diferentes centros de detención gestionados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas a lo largo de la frontera sur.

“En Estados Unidos entendemos que son 40 el número de peruanos que están retenidos. Ellos serán deportados luego de haber terminado un proceso. Se está vigilando que se cumpla con todos los estándares de dignidad humana internacionales, pero también cumpliendo las leyes nacionales”, dijo.

Frente a esta crisis, el gobierno peruano ha instruido a sus cónsules en Estados Unidos a visitar los centros de detención y ofrecer asistencia consular a los detenidos. Además, se les ha pedido mantener la calma y evitar resistirse durante el proceso, especialmente a aquellos en situación migratoria irregular. Se les ha aconsejado no usar documentos falsos y, en caso sea necesario, buscar un abogado que defienda sus derechos.

Si bien no se ha confirmado una fecha exacta para la llegada de los eventuales vuelos con peruanos deportados, las autoridades peruanas han señalado que están coordinando los protocolos necesarios para la recepción y asistencia de los mismos.

Por otro lado, Schialer indicó que la reintegración será un trabajo conjunto con diversos ministerios, como el de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el de Desarrollo e Inclusión Social y el de Trabajo, con el objetivo de brindar apoyo social, psicológico y económico a los connacionales que retornen en condiciones vulnerables.

Ante la inminente deportación de peruanos desde Estados Unidos, el Gobierno peruano ha señalado que autorizaría la llegada de vuelos con connacionales repatriados. “Cualquier Estado tiene la potestad, incluido Estados Unidos y Perú, de no desear mantener en su país a personas que han infringido la ley, ya sea cometiendo una falta migratoria en el caso peruano o un delito en el caso de Estados Unidos”, manifestó el canciller Elmer Schialer.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, aseguró que su sector brindará respaldo a los peruanos deportados. Según explicó en una reciente entrevista con TV Perú, el Estado buscará facilitarles la integración al mercado laboral formal.

Maurate también destacó que la pericia adquirida en el extranjero puede ser aprovechada dentro del país. “Probablemente su experiencia en otro país les haya acrecentado competencias y habilidades blandas y duras, las cuales también necesitamos en el Perú”, agregó. En ese sentido, el Gobierno no descarta implementar programas de reinserción que permitan la integración de estas personas en sectores productivos o en emprendimientos.

El abogado laboralista Jorge Toyama, socio del Estudio Vinatea & Toyama, indicó a El Comercio que con miras a la eventual deportación de peruanos el gobierno de Dina Boluarte podría enfocarse en tres acciones. La primera es darles protección social a ellos y su familia, es decir, que sean afiliados a un seguro de salud como el SIS para que sean atendidos y puedan tener ese auxilio social. Esta ayuda puede brindarse durante 6 o 12 meses, luego de eso los trabajadores tendrían que valerse de por sus propios medios para seguir con el seguro.

“Un segundo punto es que el Estado podría ayudarlos a una reconversión laboral, aprovechar algunas ventajas que puedan tener al haber trabajado en Estados Unidos. Por ejemplo, reconvertirlos en guías turísticos, capacitarlos para que puedan trabajar en el sector turismo o todo lo que es entretenimiento y restaurantes. Darles capacitación en actividades donde puedan aprovechar sus conocimientos, el dominio del inglés, asumo”, señaló.

Asimismo, en tercer lugar, el experto dijo que el Estado podría darles por única vez o durante una periodicidad muy corta, no de forma permanente, una ayuda económica o un subsidio. Además, para los que requieren cuidados y atención, como niños y adultos mayores, se les debería dar facilidades también para que puedan inscribirse en el colegio o universidades.

En tanto, Toyama considera que no habría un impacto significativo en el desempleo o subempleo con la llegada de peruanos deportados de Estados Unidos. Precisó que para que se de ese escenario la cifra de retornantes tendría que llegar a seis dígitos. “Por ahora no se avizora esa cantidad de deportados. O sea, tendría que haber un impacto relevante, por lo menos 100.000 personas para que pueda incidir en una PEA de 17 millones de peruanos”, sostuvo.

Sobre el perfil laboral de quienes regresen al Perú, el laboralista detalló que lo más probable es que sean mano de obra no tan calificada, ya que por lo general la calificada encontró empleo formal y ha cumplido con obtener sus papeles de permanencia o al menos están en trámite. Tomando en cuenta la nacionalidad de los deportados hasta el momento (colombianos, mexicanos), se trata de personas de actividad no calificada.

“La deportación impacta en la remesa, sí, yo creo que de todas maneras, aunque también creo que no va a impactar de manera relevante en el mercado de trabajo. Me temo que la mano de obra deportada será no calificada, personas que les va a costar mucho reinsertarse en el mercado y que probablemente no tengan un plan B o C de ahorro”, dijo.

Por su parte, el economista Carlos Adrianzén criticó el mensaje del ministro de Trabajo y del canciller quienes aseguraron que el Estado brindará respaldo a los peruanos deportados y buscará facilitarles la integración al mercado laboral formal. Indicó que esto no será posible, pues ahora mismo hay 3 millones de “ninis” en el Perú, es decir, jóvenes que no tienen empleo ni estudian.

“O sea, creer que vas a poder darle a medio millón todos estos servicios que dice el ministro es pecar de buena fe, no es posible, tenemos un forado fiscal, un pésimo manejo del gasto, el gato peruano no puede ser más corrupto, más incumplidor de la ley, más ineficaz. Ojalá el señor ministro tenga razón, yo tengo serias dudas y los datos me dan la razón”, manifestó.

Mario Cépeda, docente de Antropología de la PUCP, refirió que lo que podría ocurrir es que al Perú lleguen personas que no necesariamente han desarrollado grandes habilidades y conocimientos técnicos o profesionales, sino que son personas que teniendo una profesión, la cual desarrollaron en el Perú, regresan 20 años después y se ven obligados a volver a un país que les es ajeno en todo término, incluido en términos laborales. Precisó que las autoridades deben hacer, en primer lugar, es identificar y construir cuál es este perfil y conocer a primera mano las personas que están llegando o que eventualmente llegarían y pensar cómo se puede procurar su reinserción laboral.

“Se debe priorizar a aquella población que es altamente vulnerable, que está muy próxima a jubilarse, por ejemplo, personas que tienes más de 70 años, que no tienen un plan pensionario en ninguna parte. Hay que repensar el diseño de la protección social en el Perú para estas personas. Puede ser que no calcen dentro del perfil de la pobreza que es el principal indicador para ser focalizado dentro del programa social en el Perú, pero desde una perspectiva más amplia de derechos, claramente requiere de algún tipo de protección social adicional que el Estado peruano debería ser capaz de entender y proporcionar”, sostuvo.

Cépeda añadió que casi el 80% del empleo en el Perú es informal, por lo que es muy probable que finalmente las personas que retornen terminen insertándose nuevamente en actividades laborales informales.

Cépeda señaló que de acuerdo a datos de la propia Cancillería, en Estados Unidos hay una comunidad peruana de entre 700 mil a 1′200.000 personas. De este total, aproximadamente unos 300 mil están en situación irregular, es decir, entre el 30% y 50%. En este punto vale decir que cuando se habla de condición irregular, hacemos alusión básicamente a la legislación de los Estados Unidos, la cual hace una distinción por la manera de ingreso a su territorio.

Cuando la forma de ingreso a los Estados Unidos ha sido por una zona no regulada, dentro de la legislación nacional del país norteamericano se considera eso como un delito menor. Por eso es que en el discurso político se habla de migrantes ilegales. Si por el contrario, tramitas una visa de turismo, con lo que solo puedes quedarte por 90 días, pero al final nunca más vuelves al Perú, ahí según la misma legislación eres simplemente una persona en situación irregular o indocumentado.

“Pero, en el plan de las normas internacionales, que son las que rigen la legislación peruana también, no importa cuál haya sido el método de ingreso a un territorio, quien lo hace no está cometiendo nunca un delito, porque migrar es un derecho humano reconocido desde la Declaración Universal hace ya 80 años atrás. Todos tenemos el derecho humano a migrar, a decidir el país de residencia y el retorno a otro país cuando mejor lo consideremos. Por supuesto, para ejercer nuestro derecho hay que hacer una serie de procedimientos administrativos. Tener un pasaporte, un permiso de residencia, una visa, etc”, explicó Cépeda.

Por eso es que en el plano del derecho internacional que rige además también el derecho nacional peruano, las personas indocumentados o irregulares, no son nunca ilegales. En ese sentido, en el Perú, se ha venido trabajando ya desde hace varios años una serie de mecanismos legales que por un lado permitan regularizar a las personas que viven de manera irregular dentro de nuestro territorio. También se ha trabajado un marco normativo que permita atender las necesidades de las personas de nacionalidad peruana que de manera forzada o voluntaria retornan al territorio nacional. Existe pues una ley del migrante retornante.

“Una ley que además tuvo una serie de modificatorias en el 2023 porque lo que establece es una serie de beneficios que en teoría le permitiría al retornante poder reinsertarse en el Perú, en la sociedad peruana, en el mercado laboral peruano, a pedir una serie de servicios básicos, salud, capacitación laboral, exoneración tributaria, focalización para programas sociales que están en situación de vulnerabilidad. La pregunta es realmente si el Estado peruano tiene la capacidad de poder brindar estos servicios de manera efectiva al número de peruanos que eventualmente sean deportados de los Estados Unidos”, explicó Cépeda.

En tanto, el experto dijo que en términos de números, el impacto sería muy pequeño. Sin embargo, este puede ser mucho más grave para la comunidad peruana en los Estados Unidos y por defecto en sus familiares que aún radican en el Perú o que dependen aún de las remesas que estas personas envían al Perú.

“Estamos hablando pues de un impacto a nivel comunitario y a nivel individual. Son vidas de personas que de buenas a primeras se cortan. Hemos visto ya en esta nueva administración de Trump casos de personas de otros países latinoamericanos cómo fueron retornados. En el caso de los primeros grupos brasileños volvieron enmarrocados. Colombia acusó de una situación similar para sus connacionales”, añadió.

Para Cépeda, si en verdad las autoridades en el Perú están preocupadas por el tema, como lo han venido anunciando, lo que tendrían que utilizar es el principal marco normativo que tiene el país, que es el la Ley de retorno. Esta es muy clara al señalar los beneficios al que tienen acceso los peruanos que retornan, independientemente de si lo hacen de manera voluntaria o no.

“La ley es muy clara. Si un peruano que residió en el extranjero por 3 años o más retorna, tiene una serie de beneficios tributarios, aduaneros, en salud, en trabajo, en focalización para programas sociales, etc. Pero la ley también te dice que si el retorno ha sido a causa de una expulsión o una deportación, el plazo se reduce a 2 años, o sea, si tuvo 2 años fuera y ahora es deportado, deberías poder acceder a los beneficios también”, dijo la especialista.

A su turno, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, subrayó que seguramente la persona que migró con la intención de generar remesas para su familia y ahora es deportada se va a sentir emocionalmente golpeada. Van a surgir una serie de impactos emocionales que tendrán que ser también de alguna forma manejados por las unidades de salud mental en el país, a fin de manejar el conflicto emocional que supone la frustración de no haber podido entrar a un país y a su vez generar dinero.

“Eso va a generar, obviamente, varios problemas de tipo psicológico que pueden ser atendidos también por las unidades de salud mental. Pero esa es la capa básica y universal de la cual disponemos los peruanos en este país”, acotó.

En materia de seguridad, Valdés precisó que la migración irregular no es un delito, sino una infracción administrativa. Cuando uno se enfrenta más bien a situaciones delictivas, criminales, es cuando este migrante irregular se convierte en ilegal, cuando comete un delito. En ese sentido, lo que se ha ordenado es la expulsión tanto de los migrantes irregulares como de los ilegales.

“Los migrantes irregulares es un grupo de personas que han infringido las normas migratorias del país de Estados Unidos que no han cumplido con todos los requerimientos para poder migrar formalmente a Estados Unidos y por lo tanto de ser detectados se encuentran dispuestos a a ser deportados o retornados a su país de origen. Si fuese un migrante peruano que ha cometido un delito en Estados Unidos no lo van a devolver. El delincuente peruano que ha sido condenado en Estados Unidos, va a cumplir condena en Estados Unidos”, detalló.

Lo otro que hay que tener en cuenta, mencionó Valdés, es que seguramente los detenidos por Estados Unidos que van a ser devueltos a nuestro país son migrantes que decidieron entrar al país norteamericano no por las vías formales, sino por las vías irregulares. Eso no está permitido en Estados Unidos y por lo tanto hay una sanción a esa irregularidad que es el retorno a su país de origen.

“El ilegal en esa circunstancia es el coyote, es el traficante, es el que vendió la idea, el que vendió la ruta, quien proporcionó las facilidades. Ese, el traficante ilegal de migrantes es el delincuente, de esos no hay capturados por Estados Unidos que sean peruanos y que los estén devolviendo. Porque al coyote, al traficante ilegal de inmigrantes lo capturan en Estados Unidos, lo sentencian en Estados Unidos y cumple condena en Estados Unidos. No nos lo van a devolver. Al que mata en Estados Unidos no lo van a devolver, al que roba tampoco. En resumen, al que comete delitos graves”, sostuvo.

El experto también dijo que hay que evaluar la lista de los que están retornando. Hay que ver si alguno tiene una requisitoria en el país o no. Si tiene una requisitoria va a tener que cumplir con lo que dispone el juez en la misma. Si no tiene una requisitoria, el que retorne es libre de irse a su casa, pues está retornando a su país, donde tiene sus derechos intactos, y a su familia.

Por su parte, el experto en seguridad, Frank Casas,

De acuerdo con su legislación, las autoridades migratorias de Estados Unidos tienen varias razones para ordenar la expulsión de extranjeros. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), una de las principales causas de deportación es el ingreso irregular. Si entras sin los documentos adecuados o evades los controles migratorios puedes ser expulsado de inmediato, ya que no puedes justificar tu presencia legal en el país.

Otro motivo común es permanecer sin autorización. Si entras con una visa temporal y no la renuevas o ajustas tu situación a tiempo las autoridades pueden iniciar un proceso de deportación. Además, violar las condiciones migratorias, como trabajar sin permiso o cambiar de estatus sin autorización, también puede llevar a sanciones severas, incluida la deportación.

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Los delitos graves son otro factor determinante. Aquellos condenados por crímenes como tráfico de drogas o violencia doméstica pueden ser expulsados, incluso si son residentes legales, pues se considera que representan una amenaza para la sociedad.

Y si usas documentos falsos en trámites migratorios, como solicitudes de asilo o permisos de trabajo, tu estatus migratorio quedará anulado, y podrías ser deportado. En casos extremos, aquellos considerados una amenaza para la seguridad nacional (como vinculados al terrorismo) pueden ser deportados sin derecho a apelación.