El área de un Estadio Nacional ha sido invadido por vecinos de Los Álamos de Monterrico en Surco: En total son 11 parques del distrito ocupados indebidamente

• Piscinas, zonas de parrillas, áreas de recreación y hasta “una nueva vivienda”. A esto se han destinado más de 40 mil metros cuadrados de áreas verdes en la urbanización Los Álamos de Monterrico, en Surco, luego de que vecinos de la zona anexaran ilegalmente espacios públicos a sus viviendas. Donde supuestamente deberían existir parques anchos y extensos, hoy solo existen trochas y senderos angostos que incluso han sido cercados con rejas y vallas en algunos casos.

El Comercio llegó hasta Los Álamos de Monterrico y pudo comprobar esta situación. Construcciones precarias y de material noble se han levantado en espacios donde originalmente habían parques. Estas edificaciones o extensiones, que por lo general se ubican en la parte posterior de los inmuebles, incluso han sido cercados.

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Uno de los espacios públicos afectados es el denominado Parque 21, ubicado a la altura de la cuadra 5 de la avenida Central. Este Diario recorrió el área verde y observó cómo los predios a cada lado han ido ganando terreno, volviendo más angosta el área de parque.

En tanto, otro espacio público afectado por esta invasión es el Parque 23, que vendría a ser la continuación del Parque 21, pues está separado de este solo por un pequeño pasaje para vehículos. Si en el primer parque ya se notaba una afectación, en el segundo el daño es prácticamente total.

Según los planos de dicho sector, el Parque 23 de Los Álamos debería tener una extensión de 7.968 metros cuadrados, sin embargo, actualmente es apenas una trocha de tierra que separa las construcciones irregulares a cada lado de la misma.

Uno de estos casos es el de la congresista María Acuña cuyo predio invade más de 100 metros cuadrados del parque 17.

Los argumentos son distintos. Por ejemplo, muchos vecinos argumentan haber comprado estas propiedades con los linderos ya establecidos, una adquisición al corpus, es decir, por un precio global, sin importar las medidas exactas o la cantidad de terreno que incluya.

Otros aducen el surgimiento de usos y costumbres, que tiene que ver con la practica reiterativa de ciertas acciones que se han establecido con el tiempo y se han visto “normalizadas” por la comunidad. En este caso, la ocupación de espacios públicos sin que la autoridad municipal alertara la situación oportunamente.

En tanto, hay otro grupo de vecinos que sí se han puesto a derecho y ya están coordinando con los equipos técnicos del municipio de Surco para ver específicamente cuales son los linderos que tendrían que retirar.

Por otro lado también hay inquilinos, que de buena fe, arrendaron las propiedades pagando por el total del área del inmueble y que hoy se dan con la sorpresa de que los linderos ocupan ilegalmente terreno público. Esto ocurre, por ejemplo, con unas personas que arrendan una casa que ocupa 280 metros cuadrados del Parque 23.

Así como este caso hay otros similares en los 22 y 16. En el primero hay una propietaria que según el municipio ocupa de forma irregular 605 metros cuadrados de área pública, lo que es casi la totalidad de extensión de su vivienda, mientras que en el segundo, un inmueble se habría apropiado de 351 metros cuadrados de área verde.

De acuerdo con la comuna, hay 210 casos similares en toda la urbanización. Entre los propietarios implicados figura una congresista, jueces, funcionarios públicos, empresarios y hasta un cómico conocido.

Enrique Novoa, quien reside en Los Álamos y es representante de una junta vecinal, dijo a El Comercio que fue en el año 2000 que se empezó a notar este problema de ocupación de áreas públicas en dicha urbanización de Surco. Señaló que en aquel momento muchos vecinos comenzaron a expandir sus propiedades hacia los parque, privando a las demás familias de áreas de recreación y esparcimiento.

Son más o menos 16 o 17 parques los que han sido ocupados, refirió. Precisó que se han construido piscinas, pequeños bungalows y hasta habitaciones para alquilar a estudiantes que llegan hasta esa zona de Surco (de ESAN, UPC, etc.). “Han hecho negocio privando a los demás vecinos, que somos la mayoría, de áreas de recreación“, lamentó Novoa.

Exhortó a la municipalidad distrital de realizar una acción judicial en contra de cada vecino que ha tomado áreas indebidamente, para que sea ya el Poder Judicial quien determine. "La muni tiene la obligación y también tiene los medios para asumir los costos, porque no es justo que nosotros mismos juntemos plata para enfrentar a los malos vecinos y recuperar las áreas“, sostuvo.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Surco indicó que ha logrado identificar 11 parques ocupados indebidamente por 213 lotes en la urbanización Los Álamos de Monterrico. Precisó que el área total invadida corresponde a 42 mil metros cuadrados.

“El equipo técnico de catastro ha estado realizando acciones en la urbanización Los Álamos y se ha dado con la sorpresa de hallar cerca de 11 parques que vienen siendo ocupados y la cantidad asciende a aproximadamente 40 mil m2, que es más o menos el tamaño del Estadio Nacional", señaló Raúl Ramos, subgerente de Fiscalización de Surco.

Asimismo, la comuna informó que ya inició el procedimiento de restitución de los espacios públicos, notificando a los propietarios de estos 213 lotes que deben demoler voluntariamente las estructuras levantadas ilegalmente en las áreas ocupadas. De no hacerlo en 45 días, dijo que están facultados a ejecutar la medida con el uso de maquinaria pesada y el apoyo de la fuerza pública.

“Les estamos dando un plazo de 30 días hábiles a fin de que estas personas que vienen ocupando este espacio público puedan restituir todo a su estado natural. Luego de esto, si no lo hacen, a través de nuestro ejecutor coactivo, en un plazo posterior de 15 días hábiles, se les notificará, sino lo haremos con la ayuda de la fuerza pública y recuperaremos estos espacios”, dijo Ramos.

La municipalidad agregó que desde el inicio de la actual gestión hasta la fecha, ha recuperado 18 espacios públicos (más de 4.600 m2) que estaban siendo ocupados de manera ilegal en zonas de distinto nivel socioeconómico del distrito.

Además, aseguró que “será contundente en la recuperación de todos los espacios públicos invadidos, sea en barrios adinerados o populares”.

Patricia Alata, vocera de ‘Lima Cómo Vamos’, indicó a El Comercio que el presente caso visibiliza cómo una situación que está muy normalizada en nuestras ciudades puede llegar a una escala tal donde desaparecen los espacios públicos y, a su vez, son privatizados a través de una apropiación irregular. Lamentó el hecho de que se haya vuelto común que los espacios públicos sean restringidos para un uso más exclusivo, dirigido a ciertos grupos.

Desde la colocación de tranqueras, de rejas en ciertas calles, que te pregunten si es que vives en cierto barrio cuando estás haciendo uso de una plaza de un parque, que calles se conviertan en chocheras privadas, que las veredas desaparezcan por ampliaciones de jardines, etc. Alata dijo que estas son practicas que al volverse muy comunes terminan consolidándose. “En el caso de Los Álamos de Monterrico, la apropiación del espacio público se ha convertido en casi un acuerdo social entre los vecinos“, señaló.

Alata precisó que existe una gran responsabilidad por parte de las municipalidades locales en lo que respecta a la recuperación de los espacios públicos. Sin embargo estas medidas muchas veces son impopulares y por eso es que no son tomadas como prioritarias. "La recuperación de estos espacios es un gran mensaje para la ciudadanía, tanto para poder identificar estas malas practicas que por la normalización no han sido denunciadas, pero también para cuestionarse por qué los espacios públicos son importantes“, expresó.

Una vez que se recuperen estas zonas, la municipalidad debe ir más allá, consideró la experta. Resaltó que el área de parque debe ser promovida como una zona de disfrute para todos los que deseen hacer uso de esta y no solo para los vecinos del barrio.

“Es una competencia municipal muy compleja e impopular la recuperación de espacios públicos, que muchas veces implica conflictos con los vecinos, pero que es muy importante para recuperar el valor de lo común en nuestra ciudad“, sostuvo Alata.

Por su parte, el urbanista y arquitecto Pablo Vega Centeno, docente de la PUCP, dijo que este problema de ocupación de espacios públicos no es nuevo, tanto en Surco como en otras partes de Lima. Detalló que esto se debe principalmente a que hay una forma de urbanización que no es óptima para la ciudad: crear miniparques y rodearlos exclusivamente de viviendas.

“Esa forma de organizar el espacio es una tentación a la voracidad privatizadora, pues estás rodeando el el parque. Entonces, surge una autopercepción de que es un patio trasero común y de que nadie más puede utilizarlo“, explicó.

Y si a eso se le añade que tal vez la municipalidad no tenga una presencia muy regular en la zona, la voracidad de ir apropiándose poco a poco del espacio va a va a terminar siendo una práctica común, comentó Vega Centeno.

“Estamos acostumbrados a hablar de la informalidad como si fuese un asunto exclusivamente de las poblaciones de bajos recursos, pero vemos que el problema de la informalidad y la ilegalidad atraviesa al conjunto de nuestra sociedad e incluso nuestros padres de la patria están involucrados”, indicó.

La vivienda de la congresista María Acuña Peralta fue señalada semanas atrás por invadir espacios públicos en la urbanización Los Álamos de Monterrico. Un documento oficial de la Municipalidad de Surco, al que accedió Cuarto Poder, indica que “se verificó que el predio ubicado en la Av. Central número 681/865 (...) se excede a su perímetro registral” y que se halló “un área aproximada de 118,13 metros cuadrados de invasión sobre el parque número 17”.

El área en cuestión fue cercada con mallas, estructuras de fierro y hasta una puerta. La vivienda fue adquirida en julio de 2023 por un valor de más de 530 mil dólares, cuando María Acuña ya era congresista en funciones. El pago se realizó mediante dos cheques de gerencia.

Durante la quincena de julio, mientras María Acuña presidía una sesión reservada de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el Congreso, personal de fiscalización de la Municipalidad de Surco acudió a su vivienda para notificarle que habían detectado dicha invasión.

La propiedad está a nombre de la inmobiliaria Los Alizos EIRL, empresa fundada en 2015 y de la cual la congresista Acuña es titular. Según el municipio, se emitió el acta de fiscalización número 003917-2025, por “construir y/o cercar áreas de uso público (jardín público o de asilamiento, pasajes públicos, parques, etc)”, infracción tipificada con el código C-115.