El caso Galaga: las extrañas denuncias policiales del propietario de la empresa y la responsabilidad del funcionario de la ONPE

Los problemas presentados en la entrega del material para el desarrollo de las Elecciones Generales 2026 en Lima sur siguen trayendo consecuencias, sobre todo en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que es cuestionada por no tomar las previsiones necesarias para evitar que más de 50 mil personas no puedan sufragar en su momento debido a que no se instalaron las mesas de sufragio en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.

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Solo un día después de renunciar al cargo de gerente de Gestión Electoral de ONPE por la demora en la entrega del material electoral en Lima, José Samamé Blas fue detenido en flagrancia este lunes por agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía por el “presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”. Fue llevado a la sede del Instituto de Medicina Legal y luego fue trasladado al local de la Depincri de Lima para cumplir una serie de diligencias.

Fuentes de la PNP indicaron a El Comercio que Samamé permanecerá detenido 48 horas, tiempo de vigencia de la flagrancia, y que se trata de una acción propia de la Policía sin participación del Ministerio Público.

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José Samamé Blas fue detenido debido a que él fue quien solicitó el servicio de transporte del material electoral y estableció los términos del contrato que firmó, el pasado 9 de marzo, la ONPE con Galaga, empresa encargada de distribuir el material electoral.

Uno de los principales cuestionamientos a la ONPE es que firmó el contrato con Galaga pese a que, desde el 2020 hasta el 2023, le había impuesto tres penalidades, que suman más de 64 mil soles, por incumplimientos de contrato y que no haya tomado acciones ante las advertencias de la Contraloría.

La renuncia

En una carta dirigida a Piero Corvetto, jefe de la ONPE, Samamé asume la responsabilidad por las fallas logísticas presentadas durante la distribución electoral y se pone a disposición de las investigaciones.

“Ante los hechos acontecidos hoy (domingo) y fallas logísticas, que han afectado el normal despliegue del material electoral en diversos locales de votación de Lima, generando retrasos e inconvenientes en la instalación de mesas de sufragio, y estando a cargo de la gerencia encargada de dichas labores de distribución, reconozco la responsabilidad”, indica Samamé en su carta de renuncia.

Al respecto, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que el Ministerio Público investiga la posible comisión del delito de colusión entre funcionarios de la ONPE y la empresa Galaga. No obstante, remarcó que sí hubo una negligencia.

“Eso se determinará con la investigación (si hubo o no intención de afectar el proceso electoral), pero de plano ya se está investigando la presunta comisión del delito de colusión entre funcionarios de la ONPE y la empresa”, afirmó Gálvez con el podcast ‘Siempre a las 8′, que conduce la peridista Milagros Leiva.

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“Se presume la existencia de una concertación ilegal que puede dar origen a una posible colusión. No podemos afirmar ni negar, eso se está investigando. Ahora, de que ha habido una negligencia total, la ha habido”, afirmó.

Por su parte, el Jurado Nacional de Nacional interpuso este lunes ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de turno de Lima, a través de su Procuraduría Pública, una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, así como contra tres funcionarios de dicha entidad electoral y un representante de la empresa Galaga.

El gerente general de Galaga, Juan Charles Alvarado Pfuyo, ha estado implicado en varios hechos policiales. En algunos casos ha denunciado extrañas “pérdidas” de placa de rodaje, así como documentos de la Sunat y tarjetas de propiedad de vehículos. La mayoría de los casos ocurrieron en San Juan de Lurigancho.

Alvarado Pfuyo denunció en la comisaría de San Juan de Lurigancho, el 7 de marzo del 2014, la “pérdida” de la placa de rodaje de su vehículo en el momento que transitaba por la cuadra 6 de la avenida Gran Chimú.

Dos años después, dos trabajadores denunciaron que fueron asaltados por una banda de delincuentes cuando se desplazaban por la cuadra 7 de la Av. Canto Grande. Alvarado Pfuyo se vio implicado en el caso porque era el representante de la empresa en la que laboraban los denunciantes.

Juan Alvarado denunció, el 23 de noviembre de 2016, en la comisaría de San Juan de Lurigancho que se le extravió la placa de su vehículo cuando la retiró debido a que su parabrisas sufrió daño. Otro hecho extraño sucedió el 10 de diciembre de ese mismo año, ya que, según reportó, se le perdió una placa de rodaje de su camión cuando se dirigía de la zona de Puente Nuevo a la Av. Wiese.

En noviembre del 2020, Alvarado Pfuyo indicó en una dependencia policial del Cercado de Lima que al momento de ingresar a un restaurante, en el cruce de la Av. Nicolás de Piérola y jirón Ayacucho, se percató que no contaba con su billetera, en cuyo interior se encontraba la tarjeta de propiedad de un vehículo. Solo cuatro días después, él también denunció la pérdida de su billetera cuando transitaba por la zona de Mesa Redonda y que en el interior del accesorio había tarjetas de identificación vehicular de dos automóviles.

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El gerente general de la empresa Galaga no solo denunciaba la “pérdida” de placas de rodaje, pues también lo hacía por el extravío de una guía de la Sunat, lo cual ocurrió el 3 de marzo del 2023.

Además, Juan Charles Alvarado Pfuyo fue intervenido en la avenida San Martín (San Juan de Lurigancho), el 4 de julio del 2011, por conducir un vehículo que no contaba con el permiso para usar lunas oscurecidas. Asimismo, el 22 de julio de 2016 protagonizó un choque en la avenida Canto Grande, donde dos personas resultaron heridas.

También denunció que, el 15 octubre del 2019, uno de los camiones de su empresa sufrió una volcadura luego que otra unidad le cerrara el paso en la Línea Amarilla. Alvarado Pfuyo también fue denunciado por presuntamente golpear, el 29 de julio de 2023, a un mototaxista por impedir el ingreso de su vehículo a su domicilio, a la altura del paradero 14 de la avenida Canto Grande, en San Juan de Lurigancho.

La defensa de Galaga

A través de un comunicado, Galaga trató de defender de las imputaciones lanzadas por la ONPE. La empresa señaló que las demoras presentadas en la etapa final del proceso de distribución del material electoral “no responden a incumplimientos contractuales” de su parte, sino “a factores ajenos a nuestra responsabilidad operativa”.

En ese contexto, rechazó “cualquier afirmación que pretenda atribuirle de manera exclusiva las dificultades presentadas”, pues aseguró que responden a un “proceso logístico complejo que involucra a múltiples actores y responsabilidades compartidas”.

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“Nuestra empresa ha cumplido estrictamente con todas las obligaciones establecidas en los términos de referencia del servicio contratado, los cuales se encuentran debidamente sustentados y documentados”, indicó Galaga en su pronunciamiento.

“El servicio de transporte fue planificado y ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas proporcionados por la ONPE, dependiendo en todo momento de la coordinación, entrega oportuna y condiciones logísticas definidas por la propia entidad”, agregó.

Por ello, Galaga solicitó a la ONPE que emita “aclaraciones” y ofrezca disculpas públicas por los perjuicios ocasionados a su “imagen institucional”. Remarcó que entregó a la Policía en presencia del Ministerio Público toda la información referente al contrato con la entidad electoral.

Una posible afectación al traslado del material de las Elecciones Generales 2026 por ineficiencias de la empresa Galaga fue advertida por la Contraloría tras realizar una visita a un local de la ONPE el último viernes.

Guzmán Vera, funcionario de la Contraloría, explicó que se constató, durante la visita al local de la ONPE, que los vehículos de Galaga salían varias horas después del horario en que estaban programados, lo cual fue alertado a la entidad electoral, pero esta respondió que el tema se iba a regularizar.

“El último viernes (Contraloría) se constituyó a ver cómo se estaba distribuyendo el material electoral y ahí ya encontramos unos indicios, por ejemplo, en que los vehículos que deberían salir a las 10 de la noche terminaban saliendo a las 3 o 4 de la mañana (del sábado). Entonces, esas mismas actividades se repitieron al punto que el último vehículo que había salido de la sede de Lurín había sido a las 6 de la mañana (del domingo), cuando este debía salir a la medianoche del sábado”, expresó el funcionario.

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“La ONPE tenía pleno conocimiento del informe de control que emitió la Contraloría sobre las posibles contingencias que podría generar la ejecución contractual. Vemos en la actualidad que existió una indebida programación, una inadecuada ejecución de ese contrato que lamentablemente ha impactado en la distribución del material electoral”, agregó.

También recordó que se notificó a la ONPE en marzo pasado respecto a que, de acuerdo con el contrato con la empresa, la oferta que había presentado Galaga tenía “ciertas inconsistencias que podrían impactar en la ejecución del servicio”. En ese contexto, El Comercio accedió a un documento de la Contraloría, con feha del 24 de marzo, en el que alerta de que la empresa no había acreditado que los conductores cuentan con la experiencia mínima de un año para manejar camiones tipo furgón.