Ante la denuncia de “Cuarto Poder” por la contratación de más asesores para la Mesa Directiva, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, defendió dichas vinculaciones y lanzó un temerario contraataque.
Ha dicho que el Legislativo es víctima de una campaña de desprestigio que estaría impulsada por intereses políticos o de grupos de poder, preocupados por el ánimo fiscalizador que ha mostrado desde el inicio de sus funciones.
“¿Estos golpes serán por algún interés de grupo de poder? Posiblemente. ¿Por un tema evidentemente político de alguno de los sectores? Evidentemente. ¿Por la propia situación de haber tenido un Gobierno de 6 meses dando decretos de urgencia de una manera independiente y retomar nuevamente al cauce de la democracia donde el Congreso empieza a hacer su función fiscalizadora? De repente y posiblemente”, dijo ayer en conferencia de prensa.
El señor Merino de Lama parece no haberse dado cuenta que el único grupo conocido interesado en desprestigiar al Congreso es… ¡el propio Congreso! Desde que asumió sus funciones, prácticamente no ha habido día en que no haya incurrido en alguna decisión desatinada o impulsado un proyecto disparatado, bajo el disfraz de defender los intereses de las grandes mayorías.
En nuestra edición de hoy damos cuenta que para aprobar la ley contra el acaparamiento y el control de precios, acumularon nada menos que 18 proyectos que versaban sobre lo mismo, sin mayor análisis. Y como estas perlas, hay muchas. Ahí están las iniciativas para expulsar a los migrantes venezolanos, formalizar las invasiones, favorecer los ‘taxi-colectivos’, reducir las pensiones escolares, aprobar la condonación de intereses y otros más. Añádanle a ello el manejo desprolijo de las sesiones, sin cumplir las medidas sanitarias que el control de la pandemia exige.
Para detener esta campaña de desprestigio, el Congreso no necesita de fórmulas mágicas. Solo necesita ponerse a trabajar.