La ONPE estableció sus propios criterios para contratar a Galaga

El retraso en la entrega del material electoral en Lima sur, lo que afectó el desarrollo de las Elecciones Generales 2026, ha originado que las miradas se centren en el proceso que desarrolló la ONPE para seleccionar a la empresa Galaga como la encargada de distribuir dicho material.

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El Comercio accedió a documentos en los que se evidencia que Galaga fue elegida por la ONPE para trasladar el material electoral pese a que su propuesta económica, ascendente a S/ 6,368,332.75, era más alta en comparación a los otros dos competidores.

Durante el proceso convocado por la ONPE, el Consorcio AFE presentó una propuesta económica de S/ 5,898,928.66, mientras que Hermes Transportes Blindados hizo una propuesta de S/ 6,200,184.56. Dichos montos eran evidentemente menores a lo que propuso Galaga.

Otro punto para destacar del caso es que en los términos de referencia del contrato se establece que la empresa participante debe ser propietaria de 40 vehículos, pero en las últimas semanas se evidenció que Galaga hizo una convocatoria por redes sociales para el alquiler de 400 furgonetas.

Otra de las condiciones del proceso es que las empresas participantes debían presentar una póliza de 20 millones de soles para cubrir el material electoral ante eventuales robos, asaltos, accidentes o actos terroristas. También se les exigió adjuntar otra póliza de 29 millones de soles para cubrir posibles daños a los equipos informáticos de la ONPE.

El documento que contiene los términos de referencia del contrato fue firmado por dos funcionarios de la ONPE: Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral, y José Edilberto Samamé Blas, entonces gerente de Gestión Electoral y quien renunció a su cargo tras el escándalo por la demora en la entrega del material.

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Samamé Blas fue detenido el último lunes por agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía por un caso de flagrancia ante un presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. En el caso de Phang Sánchez, él tiene abierta una investigación por presuntamente ser integrante de una organización criminal que penetró la ONPE y el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para favorecer al partido de José Luna Gálvez. A él se le imputa haber presionado a otros funcionarios de la entidad electoral para acelerar la inscripción de Podemos Perú.

El concurso que llevó adelante la ONPE, el pasado 9 de marzo, para la adjudicación del servicio de transporte del material electoral habría tenido un cambio que favoreció a Galaga, según comentó a El Comercio una fuente cercana a dicho proceso.

De acuerdo con esa versión, la ONPE usó un “criterio” para la evaluación técnica de las propuestas que no se encontraba incluido en las bases, lo que sorprendió a Consorcio AFE y Hermes, ya que evidentemente eso favoreció a Galaga.

Ante ello, las dos empresas dejaron constancia en un documento notarial para cuestionar la decisión de la ONPE de usar dicho “criterio” para determinar la capacidad útil de cada vehículo que sería usado en el transporte del material electoral.

El consorcio AFE cuestionó que el comité de la ONPE haya decidido que para lograr hallar el metraje cúbico de cada vehículo se quitaría los dos metros de la cabina de la unidad. Por su parte, Hermes argumentó que “los términos de referencia del contrato establecen que el cálculo del metraje cúbico de cada vehículo se realiza en función o tomando como base las dimensiones de la tarjeta única de circulación y que no se especifica en los términos de referencia ningún otro criterio para poder establecer la carga útil de los vehículos”.

Los representantes de la entidad electoral explicaron que no se debía tomar en cuenta los dos metros de la cabina de los vehículos porque en ese espacio se encuentran el conductor, el copiloto y el comisionado de la ONPE, por lo que no debía ir el material electoral.

Este “criterio” usado por la ONPE permitió a Galaga obtener 100 puntos en el puntaje técnico, mientras que Hermes y Consorcio AFE consiguieron 80 y 70 puntos, respectivamente.

En un breve comunicado, el Consorcio AFE aclaró que no fue contratada para realizar el servicio de transporte y distribución del material electoral de la ONPE.

La respuesta de Galaga

Galaga señaló, a modo de defensa en un comunicado, que las demoras presentadas en la etapa final del proceso de distribución del material electoral “no responden a incumplimientos contractuales” de su parte, sino “a factores ajenos a nuestra responsabilidad operativa”.

Por ello, rechazó “cualquier afirmación que pretenda atribuirle de manera exclusiva las dificultades presentadas” en la entrega del material electoral. “Nuestra empresa ha cumplido estrictamente con todas las obligaciones establecidas en los términos de referencia del servicio contratado, los cuales se encuentran debidamente sustentados y documentados”, señaló Galaga en su comunicado.

“El servicio de transporte fue planificado y ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas proporcionados por la ONPE, dependiendo en todo momento de la coordinación, entrega oportuna y condiciones logísticas definidas por la propia entidad”, añadió.

Galaga pidió a la ONPE que emita “aclaraciones” y le ofrezca disculpas públicas por los perjuicios ocasionados a su “imagen institucional”. Remarcó que entregó a la Policía toda la información referente al contrato con la entidad electoral.

Otro hecho que ha llamado la atención es que Galaga, en mayo de 2025, aumentó su capital en 5 millones de soles, de acuerdo con un documento de la Sunarp.

Un hecho que sorprendió a muchas personas durante el proceso electoral fue ver a una furgoneta con el logo de la Municipalidad de Miraflores repartiendo material que le había entregado la ONPE a la empresa Galaga. Ese hecho fue confirmado por la Contraloría durante su inspección a la sede de la entidad electoral el pasado viernes.

Ante ello, la Municipalidad de Miraflores aclaró, en un comunicado enviado a El Comercio, que el camión de placa F4-1862 prestó servicio únicamente al municipio en septiembre de 2025 y que en la actualidad no mantiene ningún vínculo con el municipio.

Por ello, anunció que iniciará acciones para evitar que su logotipo institucional “tenga un uso ajeno a los servicios de la administración edil miraflorina”.