El millonario negocio de las grúas: grupo vinculado a Orlandini Racing facturó S/27 millones en Lima

En los dos últimos años, un grupo de empresas lideradas por Orlandini Racing S.A.C. y relacionadas entre sí —varias de estas recién constituidas y con conexiones familiares— ha logrado adjudicarse más de S/27 millones en contratos públicos con cuatro municipalidades de Lima, la mayoría vinculadas a alcaldes afiliados a Renovación Popular. El negocio millonario es por el servicio del alquiler de grúas para remolcar vehículos en operativos municipales que, según una sentencia reciente del Tribunal Constitucional (TC), excede las competencias legales de los gobiernos locales.

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El último contrato fue firmado el 4 de julio de 2025 por la Municipalidad de La Victoria, liderada por Rubén Cano (Renovación Popular), con el consorcio Grúas LAV. Este contrato supera los S/ 10 millones y contempla el alquiler de grúas vehiculares por un período de 912 días y establece una tarifa de S/ 294.88 por hora de servicio. El consorcio está representado por Héctor Piedra León e integrado por BNR32 S.A.C. y Orlandini Racing S.A.C. Esta última empresa es el hilo conductor de todas las licitaciones ganadas por el referido grupo.

Orlandini Racing S.A.C fue fundada por el conocido piloto Raúl Orlandini y su madre Kary Lynn Griswold Tweddle, quien ha estado vinculada al ámbito político al haber estado afiliada, entre 2010 y 2015, a Solidaridad Nacional, el partido que cambió de nombre a Renovación Popular, y al que pertenecen la mayoría de alcaldes distritales de Lima que hoy apuestan por los servicios de grúas de Orlandini Racing S.A.C.

Si no fuera porque en tres licitaciones participó como parte de consorcios, la empresa de Orlandini figuraría como el postor predilecto. Pero un patrón se repite en las 3 empresas consorciadas: fueron creadas en 2023, no tenían experiencia previa en licitaciones con el Estado y sostienen conexiones familiares.

La empresa BNR32 S.A.C., que integra el consorcio con Orlandini en La Victoria, fue fundada a finales de 2023 por Raúl Fernando Valle Velarde junto a su hijo Rodolfo Valle Luna (23 años). Mientras que en Independencia, Orlandini se consorció con la empresa RPS13 S.A.C., fundada por Ramiro Valle Luna (27 años), hermano de Rodolfo e hijo de Raúl Fernando, de la antes citada BNR32 S.A.C.

Los nombres de las empresas “BNR32” y “RPS13” parecen aludir a modelos Nissan, la marca de los autos que figura como propiedad de los hermanos Valle Luna. Las empresas de estos hermanos fueron registradas el mismo día y en la misma notaría, según consta en la escritura de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). El objeto de negocio consignado es también un calco.

En Barranco, la adjudicación se dio a través de un consorcio denominado Grúas Barranco 24, integrado por Orlandini Racing S.A.C y Grúas Plus S.A.C., con un contrato que bordea los S/ 4 millones y que estará vigente hasta 2026. Al igual que los casos de BNR32 y RPS13, esta empresa fue constituida en 2023, y también repite el mismo objeto de negocio en la partida registral que consta en Sunarp.

Otra coincidencia detectada por esta investigación se puede observar en la oferta de los consorcios liderados por Orlandini Racing S.A.C. En el consorcio con Grúas Plus S.A.C. en Barranco y en el consorcio con RPS13 S.A.C. en Independencia, se presentaron como oferta las mismas unidades de grúas. En la documentación se puede observar las mismas placas de dos grúas laterales y una misma plana de grúa de arrastre.

En el tipo de grúas ha existido quejas de los competidores debido a las especificaciones solicitadas. “No hay en el mercado automotor proveedor alguno que cuente con todas esas unidades a la vez. Solo el proveedor Orlandini Racing cuenta con grúas de carga lateral y no hay otro más”, se lee en una de las observaciones presentadas en la última licitación en Barranco. La queja fue desestimada.

En los tres procesos donde participaron los consorcios en cuestión se impusieron ante una misma empresa: Logistas Servicios S.A.C. Esta última fue socia de Orlandini Racing S.A.C. en licitaciones pasadas, también por el servicio de grúas, que datan de los años 2021 y 2022.

Sin descargos

El silencio de Orlandini y consorciados

A lo largo de tres semanas, El Comercio intentó contactarse con las empresas mencionadas en el reportaje, pero no obtuvimos respuesta. En una primera visita al taller de Orlandini Racing S.A.C.indicaron que Raúl Orlandini estaba de viaje y no accedieron a comunicarnos con otro representante. En la última visita, realizada el jueves 14 de agosto, tampoco se encontraba Orlandini y también se negaron a contactarnos con él. Al local llegó una camioneta que figura a nombre de su madre y fundadora de la empresa, Katy Griswold, pero el conductor negó conocer a ambos. De igual manera, intentamos contactarlas por llamadas, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos, pero todos sin respuesta.

En 2024, la empresa de Orlandini defendió su contrato en La Victoria indicando que “no existe ningún pronunciamiento del OCSE en el que se haya acreditado direccionamiento”.

A los representantes de las otras empresas los intentamos contactar a través de los números telefónicos y correos electrónicos que consignaron en los procesos de licitación. También optaron por el silencio.

Desde 2023, Orlandini Racing S.A.C encontró nuevos socios para consorciarse y postular a licitaciones públicas. Fue así que, en tan solo dos años, este nuevo grupo de empresas ganó cinco contratos por más de S/ 27 millones.

En 2024, El Comercio alertó del primer contrato de Orlandini Racing S.A.C en La Victoria donde se adjudicó S/ 1,9 millones y donde sustituyeron el término “vehículos” por “bienes inmuebles” para sortear la polémica respecto a la falta de competencia de las municipalidades para internar vehículos. La misma figura de cambio de términos se repitió en Independencia, donde ese mismo año logró la adjudicación de un contrato por dos años que superó los S/9 millones.

A diferencia de otros, el grupo de Orlandini ha conseguido, en la mayoría de licitaciones, contratos de amplia duración que le ha significado montos elevados.

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El último contrato en Jesús María fue, este año, con Orlandini Racing S.A.C. como único postor. En tres meses se recaudó más de S/ 1 millón en multas, según información proporcionada por la misma administración edil. “No se renovó porque se logró cumplir con el objetivo de la contratación: recuperar espacios público”, alegaron.

Cinco de los contratos adjudicados a Orlandini Racing desde 2021 han sido obtenidos mediante consorcios. En cuatro de ellos, el representante ha sido el mismo: Héctor Piedra León, una figura constante en este entramado de licitaciones municipales. Entre 2021 y 2022 también representó a grupos operadores de grúas ante la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de Miraflores.

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Entre marzo y abril de 2025, la Municipalidad de La Molina, también vinculada a Renovación Popular con Diego Uceda como alcalde, giró órdenes de servicios -diferente a los contratos por licitaciones- por S/15.000 y S/25.000 a raíz de un servicio de alquiler de grúas para el distrito a la empresa Orlandini Racing S.A.C.

Más allá de las grúas, Orlandini Racing S.A.C, en julio de 2024, también giró órdenes de servicios con la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. (Emape) por S/41.000 para el servicio de implementación de señalización horizontal en el circuito de playas de la Costa Verde y para el mantenimiento rutinario a la vía bajada Bertolotto en San Miguel.

En los últimos tres años, Orlandini Racing S.A.C. ha concentrado gran parte de los contratos más lucrativos por servicios de grúas en Lima. Ya sea como postor único o en consorcio con empresas recientemente creadas, ha obtenido adjudicaciones que superan con creces a las de otras compañías del sector.

En lo que respecta a licitaciones, mientras al menos siete empresas competidoras han acumulado contratos por poco más de S/ 7.7 millones, Orlandini y sus aliados han asegurado más de S/ 27.9 millones en tan solo cinco procesos con amplios contratos que promedian los dos años de vigencia.

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El gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de La Victoria, Juan José Roncagliolo, explicó que la sentencia del Tribunal Constitucional no prohíbe el uso de grúas. Indicó que su comuna modificó el término de “vehículos” a “bienes muebles” en la ordenanza N°435-2024/MLV debido a un concepto jurídico regulado y supervisado por el Código Civil porque “guarda relación con temas de vehículos, muebles de oficina o con todo lo que se pueda trasladar de un lugar a otro”.

Sobre el contrato firmado en julio, precisó que se firmó el día 4 de julio, mientras que la reciente sentencia Tribunal Constitucional “se publicó el 19”. Además, indicó que el distrito de La Victoria no está comprendido en el mandato. Si bien esto último es correcto, la sentencia se emitió el 10 de julio.

En cuanto a la contratación directa del año 2024, indicó que el Tribunal Constitucional no declara inconstitucional todo el contenido de la ordenanza previa, sino que declara inconstitucional cuatro de las sanciones que guardaban relación con el Reglamento Nacional de Tránsito. Explicó que la nueva ordenanza está enmarcada dentro de la ley 31199, la Ley de Gestión y Protección de los espacios Públicos que faculta a las municipalidades a poder decomisar o retener los bienes muebles que están alterando la naturaleza de un espacio público.

El vocero sostuvo que no existe un direccionamiento o favorecimiento para la empresa Orlandini Racing S.A.C en los procesos del municipio. “Yo no encontraría una solución más perfecta que poder entrar a ese portal de la entidad que regula todo el tema de los procedimientos de contratación con el Estado, descargar esa información y verificar”, dijo Roncagliolo.

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Para la especialista en contrataciones del Estado Mónica Yaya Luyo, en las licitaciones públicas de Barranco, La Victoria, Jesús María e Independencia, se observaría un patrón que podría sugerir un favorecimiento hacia la empresa de Orlandini, sola o en consorcio. La especialista señala que las bases de los concursos habrían sido elaboradas con requisitos que limitarían la participación de competidores, lo que en varios casos derivó en que la firma quedar como postor único.

De acuerdo con Mónica, este posible direccionamiento se iniciaría desde los estudios de mercado, donde se incluirían condiciones técnicas que solo determinados proveedores podrían cumplir. También comenta que, en algunos procesos, se habría declarado la existencia de pluralidad de postores, pero finalmente solo uno sería considerado “válido”. Además, menciona que el uso de la figura de “desabastecimiento inminente” podría servir para adjudicar contratos sin mayor competencia.

“Los actos de corrupción se fabrican precisamente desde el momento en el que se elaboran los estudios de mercado, porque ahí es donde ponen las condiciones que van a dar lugar a la elaboración de las bases, de tal manera que muchas veces quien gana la buena pro ya sabía, desde antes que se publicaran las bases, cuáles iban a ser las condiciones”, explicó la experta en contrataciones del Estado.

Por su parte, Eduardo Herrera, abogado y exdirector del Consejo Privado Anticorrupción, explicó que las coincidencias del caso deberán ser investigadas para poder determinar la trayectoria de los consorcios, los vínculos, entre otros detalles que puedan demostrar si es que se ha cometido algún delito.

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“La corrupción hoy ya no es un video de Montesinos, sino una historia de hechos concatenados que se traducen en un perjuicio en agravio del estado, que se encuadran en un delito de esa naturaleza”, dijo Herrera.

Respecto a las acciones de las grúas, según Martín D’Azevedo, presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal, las municipalidades no tienen la potestad de crear nuevas infracciones de tránsito, ya que esta facultad corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Reglamento Nacional de Tránsito. Sin embargo, señala que varios municipios han emitido ordenanzas para sancionar supuestos estacionamientos indebidos con fines que, a su juicio, serían principalmente recaudatorios, pese a reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional que precisan los límites de sus competencias.

D’Azevedo explica que, aunque los gobiernos locales sí pueden contratar empresas para prestar servicios públicos como el uso de grúas —ya sea de forma directa o concesionada—, persiste la duda sobre la legalidad de dichas contrataciones cuando están vinculadas a infracciones creadas por las propias municipalidades. Advierte que algunas administraciones habrían intentado “darle la vuelta” a la normativa, argumentando que se trata de bienes muebles para justificar incautaciones, lo que a su entender colisionaría con el derecho constitucional al libre tránsito.

En tanto, la Municipalidad de Jesús María respondió a El Comercio que para garantizar la pluralidad de los postores y evitar el direccionamiento de la adjudicación del contrato de servicio de grúas, se estableció requisitos técnicos objetivos y verificables. Asimismo, negó conocer vínculos políticos o con funcionarios y afirmó que el proceso fue imparcial y transparente.

El municipio de Barranco informó que el contrato de S/4.8 millones fue adjudicado al consorcio Grúas Barranco 24 por requisitos de experiencia, como acreditar S/3 millones facturados en servicios similares en los últimos 8 años. Añadió que durante el proceso se garantizo la igualdad de trato y la libertad de ocurrencia.