En 10 años Perú pasó del puesto 40 al 10 de países con peor índice de criminalidad, según encuesta internacional

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La lista incluye a 147 países, cuyos datos fueron previamente analizados por el mencionado sitio web. La información también fue compartida por el ingeniero Juan Carbajal, experto en análisis de datos, en su cuenta de X. En la tabla, el Perú ocupa el puesto 10, con un índice de criminalidad de 67,12, mientras que el primer lugar es de Venezuela, con 80,70.

Asimismo, a nivel continental, el Perú se sitúa en la casilla número 6. Los primeros 5 puestos de América son: Venezuela, Haití, Hondura, Trinidad y Tobago, Jamaica. En tanto, tomando en cuenta solo a los países sudamericanos, nuestro país pasa a estar en el segundo lugar. Los últimos de esta última lista son Paraguay y Uruguay.

Estos resultados se tornan aun más preocupantes si es que se comparan con los de hace 10 años. La tabla correspondiente al 2015, muestra que el Perú ocupaba el puesto 40 a nivel mundial, con un índice de criminalidad de 57,63. A nivel de América se encontraba en la casilla número 17 y en Sudamérica en la 6.

Pero eso no es todo. En el ranking de ciudades, Lima ocupa el puesto 23 en todo el mundo como con un índice de criminalidad de 70,66. En el 2015, se situaba en el 50 (66,96).

Cabe mencionar que estas listas de Numbeo, como advierte en su propia página, han sido elaboradas en base a formularios introducidos por visitantes, cuyas preguntas son muy parecidas a las de la mayoría de estudios científicos y gubernamentales. Señala también que se existen filtros para eliminar posibles intentos de spam, por ejemplo, gente introduciendo una gran cantidad de datos muy diferentes al valor medio.

Además, subraya que estos informes son especialmente eficaces al comparar la criminalidad entre dos ciudades de un mismo país, pero que no dan tan buenos resultados al comparar varios países entre sí, ya que la probabilidad o la capacidad de denunciar un crimen varía mucho entre países.

Noam López, experto en Ciencia Política y Gobierno de la PUCP, indicó a El Comercio que si uno retrocede a los años 80 y 90 puede notar inmediatamente la existencia de una violencia propia del terrorismo, así como una que era propalada principalmente por los estados represivos y dictaduras militares que venían de cinco o seis décadas atrás. No obstante, ahora, tenemos una delincuencia organizada que desafía los actores estatales, redes criminales que se han infiltrado en algunos territorios latinoamericanos, como el Perú, generando entornos crónicos de inseguridad.

“La criminalidad organizada han generado también que algunas poblaciones consideren migrar. Según diversos estudios, la población ha considerado dejar su lugar de residencia debido a la inseguridad y otros factores fuertes, como un desastre natural o un problema grave económico”, comentó.

López señaló también que en estos tiempos se observa en varios lugares de América Latina una población más decidida en respaldar medidas drásticas, incluso autoritarias, por ejemplo, que la Policía Nacional pueda torturar a los detenidos, que se desplieguen operaciones tipo de “limpieza social”, entre otras. En el caso del Perú, lo que hay es una relación estadísticamente significativa entre la víctima de un delito y su bajo nivel de apoyo a la democracia. Por el contrario, aumenta su aprobación al autoritarismo y a estrategias policiales represivas.

“Esto se generaliza más en algunas ciudades del país donde hay mayor concentración criminal. Está muy vinculado a la confianza en las instituciones también. En lugares donde hay una fuerte victimización hay una poca confianza en las instituciones. Entonces, la salida del ciudadano es pedir medidas más prácticas y punitivas. Por ello, creo que sí hemos tenido un cambio en los últimos años. El problema es exacerbado por la corrupción, la impunidad y la fragilidad institucional, es decir, instituciones que no cumplen sus objetivos por los cuales fueron diseñadas”, detalló.

Por su parte, Frank Casas, experto en seguridad, sostuvo que es necesario ver dos ámbitos de la criminalidad en el país. El primero tiene un alto nivel de ocurrencia desde hace más 20 años, según investigadores y algunos estudios del INEI. Se trata de las violaciones sexuales y/o violencia intrafamiliar. Lo segundo tiene que ver con la criminalidad más predatoria, lo que se está viviendo en el país actualmente.

“Cada día hay mujeres, niños, niñas, adolescentes victimizadas o agredidas de diferente manera y eso lamentablemente no ha bajado. Por otro lado, en los últimos años, en nuestro país hemos tenido innumerables mercados ilegales (drogas, minería, tala, entre otros). Sin embargo, a pesar de que estos mercados han existido, los asesinatos asociados a estos no necesariamente habían representado un repunte. Sin embargo, desde el 2022, empieza a darse mayor fuerza de violencia asociada a estas organizaciones criminales, al uso de armas para asesinar a unas personas, especialmente a través de la extorsión”, describió.

Casas explicó que este repunte tiene que ver en parte con la gran disponibilidad o acceso a las herramientas que los extorsionadores utilizan, como armas, munición, celulares, chips telefónicos. Pero además a un comportamiento de la economía informal que se ha visto afectada entre otras causas por desaceleraciones económicas. Esto ha hecho que mucha gente, por ejemplo, trate de defenderse y no ceder a las extorsiones, lo que genera un entorno de violencia muy sistemática.

“Y por último, acciones sobre todo de los políticos que en el marco de tratar de defenderse para evitar ser involucrados, sancionados o judicializados por presuntos actos de corrupción, básicamente destruyen los mecanismos legales que se utilizaban para la investigación policial, para generar los insumos que requieren las fiscalías para poder investigar el delito en general. Esos tres factores están condicionados precisamente al problema que tenemos hoy, no solamente de convivencia con los mercados ilegales, sino del aumento de homicidios. Todo ello nos hace que poco a poco estemos dentro de los países más violentos del mundo”, sostuvo.

López precisó que las distintas sedes policiales y fiscales tienen problemas logísticos, su personal carece de formación idónea y llegan a cumplir del todo su objetivo. Por tal motivo, dijo que es importante trabajar en formación, manejo de datos, transformación digital, gestión de recursos, entre otros puntos. Solo mejorando todos estos aspectos se va a poder identificar o verificar que realmente las estrategias diseñadas sirven, ya que no se puede comprobar debido a la pésima la gestión.

“Hay que trabajar sin duda a largo y mediano plazo. Pensemos en que los niños, niñas o adolescentes de ahora, que de aquí a 10 o 15 años van a ser jóvenes, usualmente es la población más vulnerable, de mayor victimización o que pasará a ser parte de la población penitenciaria. Esto conlleva a evaluar qué cosa hace la policía en materia de prevención, qué hace el Ministerio de la Mujer, qué hace el sistema educativo”, manifestó.

López agregó que en las municipalidades o gobiernos locales han mostrado algún interés en invertir en la policía, pero que continuamente es para adquirir patrulleros y cámaras. En ese sentido, el experto indicó que si bien dichas compras sirven para medidas reactivas o situacionales, se necesita invertir más en prevención, en ocupar el tiempo de los niños, en buscar entornos libres de violencia, trabajar en base al diálogo, en resolver conflictos sin usar la violencia, en fomentar el liderazgo en espacios de riesgo.

“O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero quizás por desconocimiento o interés político, la autoridades terminan haciendo otras cosas. Y claro, esa es una línea de acción que hay que trabajarla continuamente y con buena cantidad de inversión”, expresó.

En tanto, el especialista de la PUCP destacó el hecho de que la criminalidad organizada está más resiliente y se ha adaptado mucho a las medidas de mano dura, como los estados de emergencia. Consideró que estos grupos ya saben cómo es que los ministros, los comandantes generales, deciden, ya conocen. Entonces, sugirió que se debe apostar por obtener información de inteligencia para utilizarla a nuestro favor, a favor de la investigación criminal.

“La dupla inteligencia - pesquisa se tiene que institucionalizar, no puede ser que trabajemos en compartimentos estancos. La DIVIAC era un buen intento, pero ya sabemos cómo ha terminado. Se necesita apostar por eso, en escoger policías bien formados, de élite, con buena trayectoria, y organizarlos en modelos o procesos de trabajo rápidos. Identificar causas del problema, no estar atacando denuncia por denuncia. También hay que apostar por adquirir softwares, sistemas de información para que se puedan obtener datos con mayor rapidez”, acotó.

Por otro lado, Casas dijo que sin hacer mucho diagnóstico, ya sabemos algunas acciones que se tienen que realizar y no se hacen a la fecha. Una de estas es el fortalecimiento o el el cierre de brechas de capacidad logística y tecnológica de recursos humanos de la policía. En ese punto, resaltó que se debe hacer una verdadera reforma policial, entre mucha razones, porque dicha institución ya lleva muchos años manteniéndose en crisis a nivel logístico.

“Y por otro lado el tema que también está destruido es el de la coordinación o el trabajo conjunto con la fiscalía, en el marco de esta confrontación, más de naturaleza política, entre las dos instituciones que en realidad deberían estar cercanas. Pero yo voy a hacer incidencia a un elemento que sí requiere de mayor seriedad y no se le da. Y es que existe una serie de iniciativas que muchas veces se hacen sin ningún tipo de sustento y pueden ser muy contraproducentes, como los estados de emergencia y sacar a los militares a la calle”, expresó.

Por último, comentó que muchas veces se toman decisiones no basadas en pruebas, en pilotos, en evidencias, sino simplemente en emociones, y “con emociones no se resuelven los problemas críticos”.