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Elecciones 2018: Desafíos para evitar mafias en los municipios [ANÁLISIS] 

Las propuestas contra la corrupción escasean en la mayoría de candidatos a las comunas intervenidas por la Policía Nacional por la presencia de agrupaciones delictivas. La contraloría refuerza acciones de control.

#Elecciones2018: Desafíos para evitar mafias en los municipios

Alcaldes de distritos afectados por la corrupción. (Foto: El Comercio)

En los últimos dos años, la policía detuvo en todo el país a nueve alcaldes que ni bien asumieron sus cargos decidieron encarpetar sus promesas electoreras y se convirtieron –de acuerdo con las investigaciones– en cabecillas de organizaciones criminales.

Para esas autoridades edilicias, los municipios habrían sido sus centros de operaciones para saquearlos a sus anchas o, desde ahí, expedir oficios “legales” en beneficio de la mafia que encabezaban, como lo evidenció el trabajo de la División de Investigación de Alta Complejidad de la Policía Nacional.

De esos nueve burgomaestres, cinco ocuparon las alcaldías de La Victoria, Villa María del Triunfo, Santa Rosa, Ricardo Palma (Huarochirí) y Chilca (Cañete). Todos están encarcelados de manera preventiva, mientras el Ministerio Público recaba mayores pruebas para acusarlos ante el Poder Judicial y empezar los juicios orales.

Julio Corcuera, abogado especializado en criminología, sostiene que antes de que estos alcaldes asumieran sus cargos, la criminalidad organizada, el desorden y la informalidad caracterizaban a estos distritos, cuyos índices de victimización también son altos.

“En ese contexto surgen agrupaciones que miran a los municipios como si fuesen botines con el fin de extender sus redes hasta ahí. Es difícil creer que estos alcaldes llegaron con buenas intenciones a sus puestos y que se corrompieron en el camino”, resalta.

Para Johnny Zas Friz, doctor en Derecho Público, se trata de municipalidades débiles institucionalmente en las que ha primado el interés particular y no hay mecanismos eficaces de control. A eso se suma un círculo vicioso: “Las organizaciones políticas no respondieron a los intereses de su comunidad y esta, a su vez, se desvinculó de las autoridades”. En los cinco distritos, los vecinos estuvieron al tanto de las fechorías de los ex alcaldes, pero no lograron articularse para evitar que continuaran delinquiendo. “En los 90, se destruyó el tejido social en el Perú. Existieron, más bien, medidas populistas, clientelistas y no se generaron vínculos de ciudadanía. La organización social está debilitada”, sostiene el especialista.

—¿Cómo evitarlo?—
A la Alcaldía de La Victoria postulan 19 candidatos; para Villa María del Triunfo, 16; Santa Rosa, 12; Chilca, 16. Casi ninguno propone acciones contra la corrupción en sus planes de gobierno y si lo hacen, es de manera muy general, como “fortalecer las acciones de control contra la corrupción” o “trabajar sobre una base ética donde no se permita espacio a actos corruptos”.

Vínculos políticos

Elías Cuba (La Victoria), Carlos Arce (Santa Rosa) y Ángel Chilingano (VTM) fueron elegidos por Solidaridad Nacional. A ellos se suma Jorge Luis Barthelmess, ex alcalde de San Bartolo, de la misma agrupación, quien está prófugo por corrupción. Richard Ramos (Chilca) e Ismael Fernández (Ricardo Palma) ganaron las alcaldías con el movimiento regional Concertación para el Desarrollo Regional - Lima.

Percy Medina, del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), dice que los ciudadanos deben poner más atención a las hojas de vida de los candidatos y sus propuestas.
La solución para el abogado Luis Purizaga no pasaría por dictar más normas contra la corrupción. “Hay una disposición que prohíbe la reelección, pero vemos cómo se violenta: hijos y esposas de alcaldes que están postulando”, apunta.

—Acciones de control—
Hasta agosto, 185 municipalidades provinciales, de las 196 existentes, contaban con órganos de control institucional (OCI) de la contraloría. El objetivo es fiscalizar el uso de los recursos públicos. Antes, estos órganos dependían de los municipios provinciales, lo que dificultaba su labor autónoma.

Este sistema aún persiste en las municipalidades distritales. Según fuentes de la contraloría, los OCI se refuerzan con abogados, ingenieros y auditores. Sus informes son remitidos a la fiscalía. La contraloría prevé audiencias en los distritos para orientar a los ciudadanos sobre cómo denunciar malos manejos de fondos.

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