(Foto: El Comercio)
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Angus Laurie

El espacio público es de todos. En su mejor momento, este puede funcionar como un lugar para entrar en contacto con una diversidad de personas. A través de este contacto, aceptamos y toleramos a los que son diferentes a uno, es el lugar donde lo normal es una posición relativa. Pero para que el espacio público tenga este rol, tiene que ser abierto y democrático, invitando a la participación e intercambio de todos.

El espacio público en Lima es excluyente por varios motivos. La falta de bancas reduce la movilidad de las personas de la tercera edad que necesitan tener un lugar para descansar por intervalos cortos. La falta de rampas en las esquinas hace que las personas discapacitadas no puedan acceder a una gran parte de la ciudad. Los niños han sido excluidos del espacio público por varios motivos relacionados con el diseño de nuestras calles y parques. A veces hasta las mismas políticas urbanas excluyen abiertamente la participación de ciertos grupos relacionados a una determinada orientación sexual.

En el distrito de La Victoria, según El Comercio, entre el 2014 y el 2016 hubo 2.637 infracciones para la “erradicación de homosexuales”. Allí, las acciones de las autoridades abiertamente buscan convertir el espacio público en un lugar exclusivo, un lugar donde no todas las parejas tienen la misma libertad para abrazarse, caminar de la mano o besarse.

Según un reportaje de El Comercio del 13 de setiembre, por lo menos 11 distritos en Lima contienen dentro de sus planes de seguridad estrategias para la “erradicación de homosexuales”. En el distrito de San Martín de Porres, también la municipalidad ha reportado 33 casos de “erradicaciones” de homosexuales realizadas por el serenazgo en el 2016, una cifra que ha recibido atención en las redes sociales después de ser compartida en la cuenta de Twitter del regidor Augusto Rey.

En su defensa, la municipalidad explicó que fue un “error de redacción”. Que en vez de “erradicación de homosexuales”, en el plan debió escribirse “erradicación de prostitución de homosexuales en la vía pública”.

Esta explicación es igualmente discriminatoria a la política original. Una cosa es ejercer la prostitución en la vía pública, y otra es ser homosexual. Imponer una infracción por la prostitución homosexual es equivalente a aplicar una infracción por ser comerciante informal homosexual. Una infracción por informalidad no tiene nada que ver con la orientación sexual.

Al defender el plan de seguridad como un “error de redacción”, la Municipalidad de San Martín de Porres está reforzando que existe una discriminación flagrante y endémica contra las personas LGBT de Lima, una que no permite que nuestras calles y espacios públicos tengan un rol para fomentar una ciudad abierta y tolerante.

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