Estado de emergencia 2025: el balance de la primera semana y las acciones pendientes

Tras la primera semana del estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí, el balance de inicio es positivo: presencia policial, militares en las calles, operativos en penales, liderazgo presidencial claro y un discurso firme contra la delincuencia que viene marcando la hoja de ruta del gobierno en materia de lucha contra la criminalidad.

Para ello se requiere pasar del control reactivo a la inteligencia estratégica. En esa línea, sería clave crear una unidad especial contra la extorsión y el sicariato, cuyos agentes pasen poligrafías periódicas y reciban bonos de riesgo, garantizando su probidad. Además, urge implementar un sistema seguro y anónimo de denuncias para proteger a las víctimas y fomentar la colaboración ciudadana.

El Gobierno debería solicitar cooperación internacional de países con experiencias exitosas en combate al crimen organizado, así como instaurar un programa de recompensas que incentive información confiable, resguardando la identidad de los informantes. Finalmente, se necesita levantar el secreto financiero de las cuentas bancarias relacionadas con estos delitos e invertir en inteligencia tecnológica: interceptación y geolocalización para anticiparse al crimen.

La emergencia mostró decisión, pero la seguridad real se construye con estrategia, transparencia y resultados. 

Es indiscutible que el presidente de la República, José Jerí, ha impuesto un nuevo dinamismo a la lucha contra la delincuencia desde el Gobierno Central. El estado de emergencia, sin ser una medida nueva, ha logrado tener un cierto impacto con un enfoque inicial con una serie de operativos en los principales centros penitenciarios del país y en lugares donde se ha detenido a personas en situación migratoria irregular.

El presidente Jerí también ha sabido liderar los operativos en distintos distritos de Lima durante la primera semana del estado de emergencia. Ahora toca esperar que, durante las próximas semanas, continúe recorriendo otros distritos con altos índices de inseguridad. La lucha contra la delincuencia no debe tener criterios políticos partidarios. 

También ha sido una acertada decisión no implementar un toque de queda que pueda terminar afectando la economía, especialmente en zonas de bastante comercio como Lima norte. 

Lo que toca en el corto plazo es brindar todos los recursos posibles a nuestra Policía Nacional y a las municipalidades con corroborada capacidad de ejecución, para realizar compras destinadas a un mayor apoyo logístico en el patrullaje y en la prevención. La mayor guerra contra la criminalidad requiere la mayor inversión de recursos.

Desde la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), consideramos que las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana son un paso necesario, aunque aún es pronto para observar resultados concretos. El canal tradicional viene siendo uno de los sectores más afectados: en nuestra última Audiencia Bodeguera, ocho de cada diez bodegas reportaron que han sido víctimas o conocen casos de extorsión, y el 90% de los socios indicó que la seguridad es su principal preocupación.

Valoramos la decisión del Ejecutivo de actuar frente a esta problemática, pero insistimos en que las acciones deben ser sostenidas y llegar realmente a los barrios donde operan miles de microempresas y pequeñas empresas. La seguridad no se logra solo con presencia policial, sino con políticas integrales que incluyan prevención, formalización y apoyo a los emprendedores.

Desde la Asociación de Bodegueros del Perú, reafirmamos nuestra disposición a trabajar en conjunto con el Gobierno, solicitando una reunión con el presidente José Jerí, para aportar propuestas concretas de la situación actual del sector, y construir, juntos, un entorno más seguro y equitativo para todos los bodegueros del país.

No hay un cambio significativo, pero se ha visto la voluntad del Poder Ejecutivo en tratar de liderar las acciones contra la delincuencia. Pese a ello, continúan los asesinatos y extorsiones en el sector transporte. El problema de fondo es más grave, y no es un asunto policial propiamente. Para enfrentar la delincuencia también necesitamos políticas de formalidad para el sector transporte.

En el transporte, mientras no exista un sistema integrado, nada va a cambiar. Ni el mal servicio ni el caos ni la inseguridad. Las empresas son vulnerables porque están identificados todos sus actores. Si existiera un sistema integrado, a la forma del Metropolitano, se desconocería, por ejemplo, el destino del dinero. Actualmente, las bandas tienen identificado el movimiento de dinero de ingresos de los transportistas y pueden extorsionarlos. En el sector formal como el Metropolitano, el dinero termina bancarizado. 

Se ha centrado el debate en propuestas sin sentido como la de implementar cámaras en los buses. Son 24 mil combis y buses, y ofrecieron 16 mil cámaras. ¿Quién monitoreará todas esas cámaras? Las bandas se las llevarán o las destruirán.

Necesitamos avanzar para concretar el plan con el fin de que los buses sean propiedad de empresas, que estas tengan vínculo laboral con los choferes, recaudos con tarjetas y control GPS.