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¿Por qué el Gobierno observó ley que crea registro de agresores sexuales? [ANÁLISIS]

El presidente Martín Vizcarra envió al Congreso varias observaciones sobre esta propuesta y desató la polémica. 

César Alva Mendoza: así fue el traslado del asesino de niña  [FOTOS]

César Alva Mendoza fue llevado esta tarde al penal de Ancón donde cumplirá nueve meses en prisión hasta recibir condena. (Foto: Jessica Vicente / El Comercio)

César Alva Mendoza violó y mató a una niña de 11 años en San Juan de Lurigancho. De aprobarse la norma, sus antecedentes figurarían en el registro propuesto.  (Foto: Jessica Vicente / El Comercio)

El Congreso de República aprobó hace menos de un mes la ley que crea el Registro de Condenados por Delitos Sexuales y Delitos Violentos contra las Mujeres y Menores de Edad, conocido también como registro nacional de agresores sexuales. 

Sin embargo, el último viernes, el Gobierno envió al Parlamento un documento firmado por el presidente Martín Vizcarra con varias observaciones a esta autógrafa. ¿Cuáles son las principales objeciones?

1.- No existe proporcionalidad entre las medidas restrictivas y la finalidad de la norma

El Ejecutivo asegura que esta autógrafa no señala cuál es su finalidad y, sin embargo, "establece una serie de afectaciones a derechos constitucionales". El Gobierno sostiene que esta propuesta de ley no ha pasado por un debido test de proporcionalidad. 

2.- Afectación a la protección de datos personales

El documento señala que "el registro no solo es público sino que contiene información altamente sensible, como la dirección actualizada de la persona condenada y su fotografía, lo que no solo afectaría a él o a ella sino también a su entorno familiar". 

En otro párrafo se señala que este registro, al hacer público los antecedentes de los sentenciados por violencia sexual, pornografía infantil u otros delitos, contradice las limitaciones y restricciones sobre acceso a la información previstas en la Constitución. 

3.- Afectación al derecho a la resocialización

El Ejecutivo asegura que “la autógrafa representa una vulneración grave respecto a la garantía que tiene toda persona condenada a que, una vez cumplida su pena, puede ser reinsertada a la sociedad”. 

El gobierno propone que el registro no sea público, y que a este solo accedan entidades públicas y privadas interesadas en que violadores sexuales no ingresen a trabajar con  menores. 

-Posiciones-
El presidente Martín Vizcarra explicó que se observó la ley porque, además de publicar la información del agresor (Identidad, foto, dirección actualizada, antecedentes, etc.), esta prevé difundir la sentencia, lo que podría afectar a las víctimas, testigos o terceros. 

“Si bien estamos de acuerdo en que la sociedad conozca quiénes son los agresores de niños y de mujeres, no queremos exponer a la víctima”, dijo el mandatario. La viceministra de la Mujer, Silvia Loli, se pronunció en el mismo sentido. Sin embargo, como se ha señalado al principio, las observaciones también se refieren a los derechos del condenado. 

La congresista Indira Huilca opinó que es "absurdo" que el Ejecutivo observe la norma por considerar que el registro vulnerará los derechos a la intimidad y resocialización del agresor. 

"Este registro permitirá, por ejemplo, que un padre sepa si el profesor que le enseña a su hijo tiene sentencia por violación, pornografía infantil o delitos afines. Esto ya existe para condenados por terrorismo", explica la parlamentaria. 

Este registro es una medida urgente y necesaria para proteger a niños y mujeres, sostiene Gina Yañez, del Movimiento Manuela Ramos

"Llama la atención que el presidente Vizcarra manifieste su compromiso para luchar contra la violencia hacia la mujer, pero cuando tiene en sus manos la posibilidad de contar con los instrumentos legales que se necesitan los observa", dijo Yañez. 

Por su parte, el penalista Iván Meini señaló que si existiesen alternativas menos lesivas a la intimidad y reinserción social del condenado podría optarse por estas. “La medida debe garantizar que los sentenciados no pongan en riesgo a más niños u otras personas vulnerables”, puntualizó. 

Ante las observaciones del Ejecutivo, varios parlamentarios han solicitado que el Congreso apruebe la norma por insistencia. Eso podría ocurrir recién dentro de dos meses.

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