Inseguridad obliga a cerrar negocios: 45% de peruanos conoce comercios que cerraron o restringieron actividades por temor al crimen

La inseguridad ciudadana ya no solo se traduce en robos, extorsiones o asesinatos. También está modificando la dinámica económica de miles de barrios del país, afectando la salud mental de la población, transformando el transporte público y trasladando nuevas amenazas a internet.

Así lo concluye el Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, elaborado por el Banco de Ideas Credicorp, el BCP y CHS Alternativo, cuyos resultados fueron presentados este martes por Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, y Carlos Basombrío, investigador en temas de seguridad y exministro del Interior.

El informe, basado en una encuesta nacional elaborada por Ipsos y en el análisis de sus registros, busca ofrecer una radiografía más amplia sobre cómo opera actualmente la criminalidad en el Perú y cuáles son sus consecuencias más allá de las estadísticas tradicionales.

Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio revela que el 45% de los peruanos afirma conocer negocios de su entorno —como bodegas, peluquerías, restaurantes, farmacias u otros pequeños comercios— que han tenido que cerrar o restringir sus actividades debido a la delincuencia. En mayo del 2025, esa cifra alcanzaba el 32%.

El estudio estima que este fenómeno afecta indirectamente a aproximadamente 11,4 millones de personas, es decir, más de 3,2 millones adicionales respecto al año anterior. Lima aparece como la zona más golpeada, el 59% de ciudadanos asegura conocer establecimientos perjudicados por la inseguridad.

El incremento fue generalizado en todas las regiones y niveles socioeconómicos. El norte del país registró un aumento de 19 puntos porcentuales; el centro, de 18; la zona urbana, de 16; y Oriente, de 21 puntos.

“Si ya el año pasado el resultado era bastante fuerte, hoy involucra a más de 11 millones de personas. No hay lugar del Perú que no haya sufrido este impacto”, advirtió Ricardo Valdés.

El especialista recordó además que recientes investigaciones han estimado que el costo económico de la delincuencia equivale al 3,1% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que supondría pérdidas cercanas a los 11.800 millones de dólares.

“La inseguridad no se limita al temor por la integridad física, está cerrando negocios, retrayendo ingresos familiares y deteriorando la salud mental de millones de peruanos. No estamos frente a un problema puntual, sino frente a un fenómeno que está erosionando las bases mismas de la vida económica y social del país”, añadió.

El informe también pone bajo cuestionamiento una de las principales herramientas utilizadas por el Estado para enfrentar la delincuencia, los estados de emergencia.

Según los resultados presentados, cerca de 8,9 millones de personas viven en localidades sometidas a este régimen excepcional. Sin embargo, la evaluación ciudadana continúa siendo predominantemente negativa y prácticamente no registra mejoras respecto al año anterior.

Los resultados favorables apenas pasaron del 9% al 10%, mientras que las opiniones desfavorables siguen concentrando alrededor de la mitad de las respuestas. En el norte del país, la proporción de ciudadanos alcanzados por estas medidas pasó del 28% al 37%.

Para los autores del reporte, ello evidencia que la suspensión temporal de algunos derechos no se ha traducido en mejoras perceptibles para la ciudadanía.

“Hay una tarea dura para quienes asumirán el Ejecutivo. La percepción ciudadana demuestra que estas medidas no están generando los resultados esperados”, sostuvo Valdés.

Las consecuencias del crimen también se reflejan en la salud mental.

El porcentaje de adultos que considera que la inseguridad incrementó sus niveles de ansiedad y estrés pasó del 29% en el 2025 al 36% en el 2026. En términos absolutos, ello representa más de siete millones de personas que aseguran experimentar afectaciones emocionales vinculadas a la delincuencia.

El fenómeno resulta particularmente intenso en la zona norte del país y en las áreas urbanas del interior.

“Los niveles de estrés han crecido. Si relacionamos esto con el impacto en la vida económica, vemos también un correlato en la salud mental”, explicó Valdés.

El Sexto Reporte incorporó una nueva herramienta denominada Índice del Crimen Violento (IDCV), que suma homicidios consumados, feminicidios e intentos de homicidio con el objetivo de medir con mayor precisión la violencia que enfrenta la población.

Entre enero y mayo del 2026, este indicador registró 1.054 casos a nivel nacional. Según Basombrío, el incremento responde principalmente al aumento de homicidios fallidos más que a un crecimiento de los homicidios consumados.

“Solo el homicidio no expresa el nivel de violencia que está sufriendo la gente. Si excluimos los intentos frustrados, tenemos una visión distorsionada de lo que realmente está ocurriendo”, señaló.

Durante la exposición también se advirtió que el 94% de los homicidios e intentos de homicidio registrados involucran armas de fuego, principalmente en contextos asociados al sicariato.

El análisis territorial mostró cambios importantes en la distribución de la violencia.

En números absolutos, La Libertad continúa registrando la mayor cantidad de casos. Sin embargo, Ica aparece cada vez más cerca de esos niveles, consolidándose como una de las regiones más afectadas durante los primeros cinco meses del año.

Cuando el análisis se ajusta por población, regiones vinculadas a economías ilegales, como Madre de Dios y Puno, pasan a ocupar los primeros lugares. La provincia puneña de San Antonio registró una tasa de 92,89 casos por cada 100.000 habitantes.

“Lo que tienen en común muchas de las zonas más violentas es la presencia de actividades vinculadas a la minería ilegal”, explicó Basombrío.

El especialista advirtió que el homicidio consumado por sí solo ya no permite dimensionar adecuadamente la violencia actual, caracterizada por el aumento de ataques fallidos asociados principalmente al sicariato.

El informe también mostró profundas diferencias dentro de Lima Metropolitana.

En términos absolutos, San Juan de Lurigancho concentra la mayor cantidad de hechos violentos. Sin embargo, al ajustar los resultados según el tamaño de la población, Independencia aparece como el distrito más afectado de la capital.

“Lima está partida en dos. Hay distritos donde ocurre casi toda la violencia y otros donde prácticamente no sucede nada”, sostuvo Basombrío.

El investigador cuestionó además la distribución de recursos policiales y municipales, al señalar que muchos distritos con menores índices delictivos cuentan con mayor presencia de efectivos y serenos que aquellos donde la criminalidad golpea con más intensidad.

Uno de los capítulos más críticos del reporte cuestiona la capacidad del Estado para sancionar a quienes extorsionan.

Según cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) recogidas, en enero del 2018 existían 1.328 internos por este delito. Ocho años después, pese al crecimiento exponencial de las denuncias y al incremento de la población penitenciaria total —que pasó de 85.727 a 108.372 personas—, la cifra apenas ascendió a 1.498.

Para Basombrío, esta situación refleja un fracaso institucional.

“El Estado peruano no ha sido capaz de tener presos a los extorsionadores”, afirmó.

El exministro añadió que actualmente existen más personas encarceladas por incumplimiento de obligación alimentaria que por extorsión, pese a que este último delito figura entre las principales preocupaciones de la ciudadanía.

“No podemos seguir registrando cada tres meses que la situación permanece igual. Se tienen que cambiar las políticas”, agregó.

Entre enero y mayo del 2026 se documentaron 131 homicidios e intentos de homicidio contra conductores, cobradores y pasajeros. La mayoría de los casos se concentró en Lima (83) y Callao (16), seguidos por Piura(8), La Libertad (6) e Ica (6).

Valdés sostuvo que estos atentados no responden a hechos aislados.

“Hemos encontrado una dinámica criminal sistemática y sistémica contra los transportistas”, afirmó.

Comas aparece como el distrito con más hechos registrados, mientras que los investigadores identificaron patrones territoriales específicos en Callao, Comas, San Juan de Lurigancho y Sullana.

El análisis detectó nuevas modalidades delictivas, como atentados con explosivos e incendios de depósitos, además de empresarios que reportan amenazas simultáneas de dos, tres o hasta cuatro grupos criminales.

Los investigadores concluyeron que la violencia se concentra principalmente durante horarios nocturnos, en corredores extensos y en zonas cercanas a terminales o puntos finales de las rutas, donde existe menor capacidad de respuesta.

A partir de estos hallazgos, los especialistas insistieron en la necesidad de utilizar la información que ya posee el Estado para anticipar y prevenir hechos violentos.

Valdés sostuvo que las denuncias policiales contienen datos sobre horarios, ubicaciones y modalidades que deberían procesarse mediante herramientas de Big Data e inteligencia artificial.

“No es que falte información; el problema es que está dispersa”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó que propuestas como asignar un policía a cada unidad de transporte o implementar botones de pánico resulten inviables si no existen centros de comando capaces de coordinar respuestas rápidas.

Asimismo, advirtió que la implementación de un sistema de control inteligente requeriría inversiones millonarias y largos plazos de ejecución, por lo que consideró indispensable aprovechar los recursos de información disponibles en la actualidad.

La presentación también abordó riesgos emergentes asociados a internet.

Una investigación desarrollada por CHS Alternativo entre adolescentes de 11 a 17 años reveló que el 49,4% interactuó con personas desconocidas a través de plataformas digitales, mientras que el 18,2% sostuvo encuentros presenciales con personas conocidas en línea.

Además, el 15,7% recibió solicitudes de contenido íntimo y el 21% —equivalente a más de 800.000 menores— recibió material sexual explícito no solicitado.

El estudio advierte que videojuegos y redes sociales pueden convertirse en espacios utilizados para manipulación, chantaje y explotación sexual de menores. Los especialistas alertaron particularmente sobre plataformas de juego que incorporan chats y mecanismos de interacción entre desconocidos.

Ambos especialistas coinciden en que la información disponible permite identificar con precisión dónde, cuándo y bajo qué modalidades opera el crimen. Sin embargo, advirtieron que mientras esos datos no se conviertan en inteligencia para focalizar intervenciones y prevenir delitos, la inseguridad continuará afectando la vida cotidiana, la economía y la confianza de millones de peruanos.