Foto referencial (Alonso Chero / Archivo El Comercio)
Foto referencial (Alonso Chero / Archivo El Comercio)
Pedro Ortiz Bisso

No es noticia nueva que las carreteras del país sean tan peligrosas como las calles de Lima, riesgo que se ha acrecentado en estos tiempos de pandemia por los taxi colectivos, que cubren rutas interprovinciales con la bendición de nuestro inefable Congreso.

Tampoco resulta extraño que se multe a unos 40 buses formales cada día por las infracciones que cometen. Pese a que en los últimos años se ha dictado una serie de medidas para controlar la velocidad de los vehículos y mejorar la seguridad en los viajes, el “así nomás hermanito” se resiste a desaparecer y continúa siendo el acicate perfecto para la irresponsabilidad de empresas y choferes.

Lo que más llama la atención de la nueva entrega de #notepases que trae El Comercio, es que las empresas terminen pagando las multas que les imponen, a diferencia de quienes se dedican al transporte público, que se valen de malos abogados para iniciar apelaciones eternas con el fin de que las papeletas prescriban.

¿Es malo que las empresas de transporte interprovincial paguen sus multas? Por supuesto que no. Lo terrible es que sus choferes sigan cometiendo infracciones, la mayoría por exceso de velocidad, poniendo en riesgo su vida y la de sus pasajeros. Al año, no lo olvidemos, alrededor de 2.800 viajeros mueren en las carreteras del país.

El propósito de las sanciones es que el infractor no vuelva a vulnerar las normas. Pero si este sigue en lo mismo y su empleador asume las multas como parte de los costos por prestar el servicio, el sistema se pervierte y pierde su sentido original. Y mientras el Estado mira de costado, confundiendo fiscalización con recaudación, miles de personas coquetean con la muerte en cada viaje.

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