Juan José Santiváñez: los controversiales anuncios del ministro del Interior que luego han sido desmentidos

Este episodio se suma a otros anuncios fallidos u otras circunstancias en los que ha prometido medidas contundentes para devolver la seguridad a la ciudadanía, pero sin resultados tangibles, generando una creciente desconfianza en su liderazgo y en la capacidad del Ministerio del Interior para hacer frente a la crisis de inseguridad.

Además de la ineficacia en la lucha contra la criminalidad, Santiváñez enfrenta investigaciones que cuestionan su gestión y credibilidad. Sus declaraciones sobre operativos exitosos han sido desmentidas en varias oportunidades, como cuando aseguró la desarticulación de una peligrosa banda criminal, pero luego se confirmó que los detenidos no guardaban relación con la organización señalada.

Lo cierto es que a lo largo de 9 meses, desde que asumió la cartera del Interior (16 de mayo de 2024), Santiváñez ha tenido varios desaciertos en su manera de comunicar, otorgando información y cifras inexactas, a la vez que ha dejado varias frases polémicas y brindado anuncios que no fueron del todo ciertos. A continuación, algunos de estos episodios.

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El empresario y contador trujillano Guillermo Ruiz Carbajal negó ser integrante de la peligrosa banda criminal Los Pulpos, que opera en La Libertad. “He sido víctima de extorsión y de amenazas de esta organización criminal. No tengo ningún vínculo, en absoluto, con Los Pulpos”, declaró a El Comercio. Previamente, el Mininter y el ministro Santivañez los vincularon a la organización criminal a través de un comunicado en X.

Ruiz hizo la aclaración por la fotografía –que primero RPP y luego otras medios de comunicación difundieron– en la que aparece con tres suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) y tres civiles en la piscina de Onsen Spa, un sauna de Trujillo.

Ruiz es propietario y gerente general de GARC Asesoría Empresarial S.A.C. y GRAND Security Services S.A.C., firmas que dan servicios de asesoría contable y tributaria y de vigilancia privada, respectivamente. El empresario señaló a este Diario que los civiles de la imagen trabajan en sus firmas.

“En la foto aparece el señor Frank Tirado Estrella, contador en GARC Asesoría Empresarial; Joan Rivasplata [Huamán], supervisor de seguridad de vigilancia privada en GRAND Security Services, que también es mi empresa; y José Camus [Briones], supervisor de seguridad en eventos de GRAND Security Services”.

Este Diario pudo corroborar que Tirado, Rivasplata y Camus fueron contratados por ambas compañías, las cuales le pagaron salarios, por lo menos hasta el 2024.

Ruiz sostuvo que ni él ni sus trabajadores tienen antecedentes penales o policiales, y que pasaron filtros antes de laborar en sus firmas.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron a El Comercio que ni el empresario ni los trabajadores mencionados son investigados por el Caso Los Pulpos.

Semanas atrás, Santiváñez había sumado una nueva controversia a su gestión tras acusar públicamente al sereno de la Municipalidad de Lima, Carlos Lunavictoria Santillán, de ser uno de “los extorsionadores más peligrosos del Perú”. La denuncia, realizada en televisión nacional, generó indignación y preocupación, ya que expuso al ciudadano al escarnio público y a posibles represalias. Pese a que Lunavictoria exigió una rectificación oficial, hasta la fecha no ha recibido disculpas ni aclaraciones por parte del ministro.

En declaraciones a Cuarto Poder, el sereno manifestó su temor de ser víctima de una “siembra” de pruebas falsas en su contra, una práctica recurrente en algunos sectores de las fuerzas del orden para justificar acusaciones infundadas.

“El ministro ha manchado mi uniforme con la deshonra. Mi temor es que la Policía, por orden del ministro, me siembre droga o armamento y me presente como un delincuente para justificar la mentira. Hoy responsabilizo al ministro Santiváñez y al general Conde si algo así sucede”, afirmó.

El mediodía del 16 de octubre del 2024, a través de TV Perú, Santiváñez anunció la captura de Iván Quispe Palomino, alegando que tal persona era buscada por ser el segundo al mando de Sendero Luminoso. Detalló que la detención se realizó alrededor de las 9 a.m., en la estación Los Jardines de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho, cuando se llevaba a cabo controles de identidad como parte del operativo Génesis, dispuesto por el Gobierno para luchar contra la criminalidad organizada y la delincuencia común.

“Es para mí sumamente importante informarle a todo el Perú que la Policía Nacional acaba de capturar a Iván Quispe Palomino, segundo al mando del Partido Comunista del Perú, antes llamado Sendero Luminoso. Gracias al operativo Genesis, que ha instaurado el Mininter para la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia común. Este plan sí funciona y esta es una demostración clara”, informó.

Sin embargo, de acuerdo con información de El Comercio, y notas antes publicadas, Iván es el hermano menor del clan Quispe Palomino. El mayor de todos, Víctor (alias ‘José’), es el cabecilla del denominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), compuesto por remanentes de Sendero Luminoso.

Iván purgó condena durante 10 años por delitos de terrorismo. Salió libre en el 2005, y a partir de ese momento ha vivido en Lima junto a otros familiares. Durante los años 2012 y 2013 se desligó totalmente de la agrupación terrorista. Se dedica a la albañilería y normalmente transita por la zona de San Juan de Lurigancho, justamente donde se produjo su detención.

Iván Quispe Palomino nunca fue ningún mando de Sendero Luminoso. Caso contrario al de sus otros hermanos como ‘José’ (mando uno o cabecilla) y ‘Raúl’ o Jorge Quispe Palomino (mando dos). Un tercer mando era ‘Gabriel’ (Marco Antonio Quispe Palomino), pero murió hace más de 10 años. Desde la muerte de ‘Raúl’ en el 2021, no hay un segundo mando en la organización.

La información dada por Santiváñez, además, fue desmentida por varios expertos y exmiembros de la policía. Pese a las evidencias que lo contradicen, el ministro volvió a pronunciarse horas después, ratificándose en que Iván Quispe Palomino era el mando número dos de Sendero Luminoso. También alegó que sobre él pesaban tres requisitorias vigentes por terrorismo (una de ellas agravado), dictadas por el Poder Judicial.

En tanto, tras permanecen dos días recluido, Iván Quispe Palomino recuperó su libertad a través de una orden judicial. Calificó lo sucedido como un show y pidió que los responsables del daño provocado a él y su familia se retracten. A tres meses de este hecho, parce ser que la rectificación por parte del sector Interior nunca llegará.

Un reportaje de Cuarto Poder reveló audios comprometedores de Santiváñez en conversaciones con el capitán PNP Junior Izquierdo. En ellos, el ministro confesaba sus ambiciones políticas con frases como “Yo quiero ser presidente”. Los audios también revelaron presuntas órdenes de Boluarte para desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y neutralizar al coronel Harvey Colchado.

Colchado, quien lideró investigaciones críticas contra Boluarte, incluyendo allanamientos y la detención de su hermano Nicanor, fue pasado al retiro en medio de cuestionamientos sobre la motivación política detrás de estas decisiones.

Desde su llegada al Mininter, Santiváñez habría orquestado la desactivación de la Diviac. Según una hipótesis fiscal respaldada por chats extraídos del celular de Izquierdo, el ministro buscó información sobre el allanamiento a la casa de Boluarte y el caso ‘Rolex’, donde relojes de lujo habrían sido entregados como soborno.

El 29 de marzo, agentes liderados por Colchado allanaron la vivienda de Boluarte para buscar pruebas. Días después, Colchado fue apartado de su cargo y enfrentó procesos administrativos. Finalmente, fue retirado de la PNP bajo el argumento de “renovación de cuadros”, medida que su abogado calificó como “una represalia directa”.

En noviembre de 2024, el Ministerio Público acudió al despacho ministerial para que Santiváñez firmará el documento que autoriza el levantamiento del secreto voluntario de sus comunicaciones, en el marco de la investigación en su contra por presunto abuso de autoridad, por mandar a “reglar” al periodista Marco Sifuentes y por las supuestas represalias contra el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlaqué, más conocido como ‘Culebra’.

En este acuerdo, el ministro se comprometía a entregar su celular para corroborar las conversaciones que sostuvo con el capitán Izquierdo. La investigación contra el ministro se originó a partir de las conversaciones que mantuvo con el capitán de la PNP Junior Izquierdo, con quien tenía una relación de amistad. Sin embargo, llegado el momento, el ministro entregó un móvil formateado al Ministerio Público y cuando le pidieron los accesos a sus cuentas de iCloud, se negó tajantemente. Incluso, retó a la Fiscalía: “Si la fiscal quiere saber de mi vida mejor que me cite y me pregunte, pero nunca a través de una solicitud de usuario y contraseña de iCloud”, declaró.

En los chats entregados por Izquierdo al Ministerio Público, Santiváñez expresó su ambición de ocupar el cargo de ministro del Interior y, de manera indirecta, reveló la estrategia que habría empleado para lograrlo: filtrar información a la presidenta Dina Boluarte sobre las investigaciones que involucraban a su hermano, Nicanor Boluarte.

En otro intercambio de mensajes, Santiváñez criticó duramente el trabajo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional. Incluso llegó a advertir a los agentes sobre su eventual salida de la institución. Meses más tarde, esta unidad de la PNP fue desactivada, y varios de sus integrantes más destacados fueron pasados a retiro.

Aunque el ministro ha negado en reiteradas ocasiones la veracidad de estas conversaciones, su comportamiento ante el Ministerio Público ha generado serias dudas sobre su disposición a colaborar con las investigaciones.

El 10 de octubre del año pasado, durante una conferencia, el cuestionado ministro del Interior cometió un error significativo al informar sobre la reducción de sicariato y extorsión durante el estado de emergencia en Lima y Callao. Inicialmente, afirmó que estos delitos habían disminuido en un 72%, algo que llamó la atención debido a la alta sensación de inseguridad en las calles. La cifra correcta era 7,2%.

“Efectivamente, de repente porque lo leí o lo referí muy rápido, es 7,2%. No recuerdo haber dicho 72%, (...) pero reitero que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo medido regularmente”, sostuvo.

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Asimismo, se mostró hostil y reprochó a un periodista que le hizo ver el error. El ministro incluso mencionó que le podía prestar las cifras que tiene para que formule mejor sus preguntas.

“Usted no tiene información, porque en realidad la reducción que hemos tenido con respecto a sicariato y extorsión es de casi un 72%. Yo creo que debería tener esa información para hacer su interrogante. Para que tenga una idea, se han hecho más de 162 intervenciones a sicariatos o personas vinculadas, versus a las que se hacían antes del estado de emergencia (...). Le puedo prestar [el papel con los datos] si quiere para que luego pueda hacer su pregunta”, sostuvo el titular del Mininter.

En setiembre pasado, el ministro del Interior anunció denuncias contra periodistas y medios de comunicación que difundieron audios en los que se le atribuye una de las voces. En estos se habla de una supuesta ayuda del gobierno de Dina Boluarte a Vladimir Cerrón para que este se mantenga prófugo de la justicia. Como respuesta, gremios periodísticos y reporteros rechazaron las declaraciones de Santiváñez.

“He interpuesto una denuncia penal por organización criminal contra quien ha facilitado estos presuntos audios adulterados y adicionalmente contra algunos periodistas, que más parecen activistas. Es más, la voy a ampliar el día de mañana, como referí a algunos medios de comunicación, si es que utilizaban mi imagen de manera indebida”, dijo.

Esa no fue la primera vez que el ministro protagonizaba un choque con la prensa. Meses antes, en junio, el podcast La Encerrona difundió un audio que le atribuyeron al ministro en el que se pedía “controlar” a un periodista de este medio. En ese caso, Santiváñez también negó que sea su voz, pero la Fiscalía de la Nación le abrió una investigación preliminar por presunto abuso de autoridad.

En julio pasado, Santiváñez anunció una querella en contra del reportero Ricardo Velazco y el director del semanario Hildebrandt en sus Trece, César Hildebrandt, por un reportaje de ese medio que lo vinculó con un presunto esquema de lavado de dinero. Luego, envió cartas notariales a ambos periodistas.

“Este miserable, y me refiero al periodista, publica este tipo de infamia, yo lo que voy a hacer es actuar dentro del campo que la ley me otorga, porque no voy a permitir que nadie, que absolutamente nadie, se tome la atribución de dañar mi honra”, expresó.

Ese mismo mes, criticó que los medios de comunicación entrevisten a exministros que “no tienen historia en el sector”. “Entrevistan a los fugaces, a los que tienen problemas porque están involucrados en todo este tema. A ellos sí los entrevistan, pero no les dan pie a los que realmente tienen historia en el Ministerio del Interior”, declaró.

Asimismo, durante una conferencia de prensa en Jaén, Santiváñez se incomodó ante la pregunta de una periodista de Radio Marañón sobre el aumento en la percepción de inseguridad ciudadana y sobre los audios que se le atribuyen. “Si me va a preguntar infórmese usted, para que sepa cuál va a ser mi respuesta y me pueda entender. Se lo acabo de explicar con manzanitas para que usted pueda entenderlo: una cosa es la cifra de victimización y otra cosa es el cuadro estadístico, que sí ha reducido”, dijo.

Durante su gestión al mando del Mininter, Santiváñez ha lanzado reiteradas críticas contra el Ministerio Público. Lo ha cuestionado por acciones que van, según su opinión, en contra de la Policía Nacional. Asimismo, manifestó que existe poco apoyo por parte de dicho organismo hacia el trabajo de los efectivos, incluso, catalogándolo como “enemigo” de la policía.

“Muchas veces nos preocupa la actuación del Ministerio Público en determinadas actividades porque, y he sido muy crítico en este tema, resulta ser en algunas oportunidades, o pareciera ser, enemigo de la Policía o de la población”, expresó.

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Así, repitió que la Fiscalía es una institución que no “suma” ni “apoya” a la Policía Nacional, en referencia a los casos en que los fiscales dejan libres a los delincuentes. “Yo me ratifico en que es una institución que no suma, no apoya a la Policía, pareciera ver no solamente a la Policía, [sino hasta a] la sociedad como un enemigo, ¿por qué? Eso se ve en los grandes porcentajes de liberación de delincuentes”, apuntó.

El ministro del Interior también ha señalado que el Ministerio Público es una entidad que se encuentra “podrida”, señalando que los fiscales se dedican a investigar políticos, pero no a los grandes laboratorios que operan en el Perú. Para justificar su crítica, Santiváñez puso como ejemplo el rescate de un empresario en el distrito limeño de Los Olivos. Sostuvo que en el lugar de los hechos no se hicieron presentes los fiscales, quienes argumentaron que no correspondía a su jurisdicción y decidieron no participar.