Según la USMP, la única forma que se gradúe es terminar el curso cuya nota cambiaron, pero Rafael dice que no hay garantías para  una calificación justa. (Juan Ponce)
Según la USMP, la única forma que se gradúe es terminar el curso cuya nota cambiaron, pero Rafael dice que no hay garantías para una calificación justa. (Juan Ponce)
Fernando Alayo Orbegozo

Periodista de la sección Nacional

fernando.alayo@comercio.com.pe

George Rafael conoce tanto los pasillos de la Facultad de Derecho de la como los del Poder Judicial e Indecopi. Cuando inició su carrera en el 2010, dice, nunca imaginó que años más tarde estaría aplicando lo aprendido para defenderse de su propia casa de estudios.

Casi una década después de haber llegado a Lima desde Ayacucho para convertirse en abogado, aún no puede graduarse como bachiller ni optar por su título profesional. Como narró a El Comercio hace unos meses, la USMP lo desaprobó en el único curso que le faltaba para terminar su carrera, luego de una cuestionable recalificación que lo llevó a litigar su caso.

Recalificación que, además, él considera es “la represalia final de la universidad” por haber sido dirigente estudiantil y cuestionar, entre otras autoridades, al decano Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional. Ahora, su historia sumó un nuevo capítulo.

—El caso en Indecopi—

En junio del 2018, George llevaba el curso de Análisis de Jurisprudencia Constitucional Administrativa, a cargo del profesor Pedro Hernández. Para aprobarlo, requería de un 08 como nota mínima en el examen final, y así egresar de la carrera.

Luego de dar esa última evaluación, fue a recogerla corregida. Al recibirla, notó que le habían puesto un 07 al lado de una calificación borroneada, con lo cual desaprobaba el curso. Para tener evidencias del documento, le tomó fotografías con su celular, ya que nunca se lo entregaron. Exigió una explicación.

Un notario certificó que la calificación inicial y luego borrada de Rafael era 17. El profesor del curso dijo que no recuerda la nota.
Un notario certificó que la calificación inicial y luego borrada de Rafael era 17. El profesor del curso dijo que no recuerda la nota.

Según Rafael, Hernández argumentó que la nota modificada se debía a que la profesora que tomó el examen en su reemplazo permitió que lo dieran con materiales, lo que estaba prohibido. De este modo, volvió a calificar en base a 15 (cuando El Comercio le preguntó al profesor cuál era la nota inicial del estudiante, que luego fue tachada, respondió que “no recordaba”).

George presentó un reclamo ante la USMP, que tuvo respuesta desfavorable. Por ello, acudió a una notaría para que certificara la nota inicial de su examen a través de las fotografías que tomó. De acuerdo con el notario César Bazán, la calificación borroneada fue de 17.

Con el acta notarial, en abril pasado solicitó a Indecopi que ampliara los cargos de un proceso iniciado previamente contra la USMP (en el 2017, como dirigente puso una denuncia por posibles actos discriminatorios contra los alumnos que no estaban al día en sus pagos). En la ampliación, pidió que se considerara como presunta infracción el indebido cambio de su nota en el curso de 17 a 07. Indecopi admitió la solicitud de Rafael, y exigió a la USMP que presentara el examen original y sustentara el cambio de nota. La casa de estudios no cumplió.

En noviembre, Indecopi anuló la resolución que revocó la medida cautelar otorgada a Rafael porque los dos vocales no se abstuvieron.
En noviembre, Indecopi anuló la resolución que revocó la medida cautelar otorgada a Rafael porque los dos vocales no se abstuvieron.

Así, en mayo la entidad estatal concedió a George una medida cautelar que obligó a la USMP a consignar en su registro la calificación de 17 (con la cual aprobaba y se graduaba). Pero la universidad no promedió la nueva nota, ya que –según dijo en su momento el abogado de la San Martín, Víctor Bolaños– “no se nos ordena eso”.

Pero, en octubre, luego de que la USMP apelara la medida cautelar, la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi la revocó y declaró que carecía de competencia para analizar la calificación debido a la autonomía universitaria.

—¿Irregularidad?—

Esta sala –que a través de la Resolución 2870-2019/SPC revocó la cautelar que favorecía a Rafael– estaba conformada en ese momento por Javier Villa García, Juan Espinoza Espinoza, Oswaldo Hundskopf y Julio César Molleda.

El 21 de noviembre, George presentó un escrito a Indecopi para exigir que se declarara la nulidad de la Resolución 2870, aduciendo que dos de los cuatro vocales –Hundskopf y Molleda– eran profesores con contrato vigente en la misma Facultad de Derecho de la USMP desde el 2019, tal como actualmente se consigna en su sitio web institucional.

Seis días después, el Indecopi declaró “de oficio” la nulidad del fallo, “toda vez que dicho pronunciamiento fue emitido sin observar el procedimiento regular para su validez”. “Esta sala advierte que los señores vocales Hundskopf y Molleda mantenían una relación laboral con la universidad, lo cual se configuraba como una causal de abstención”, se lee en un documento. Por ello, se deberá emitir un nuevo pronunciamiento sobre la medida cautelar.

Rafael explica que, al tomar esa decisión, Indecopi está admitiendo que hubo una irregularidad por parte de los dos vocales implicados; y que al recuperar su vigencia la cautelar, la USMP debería colocar la nota de 17 en su registro y permitirle graduarse como bachiller.

Además, él ya solicitó a la entidad que inicie un procedimiento administrativo sancionador contra Hundskopf –quien también es presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral– y Molleda. Pidió en un escrito la recomposición total de la sala, a lo que Indecopi respondió en diciembre último que “será evaluado oportunamente”.

El Comercio buscó a Hundskopf para obtener su descargo y preguntarle por qué no se abstuvo si tenía contrato con la USMP. Sin embargo, a través de su secretaria informó que Indecopi debía responder sobre el asunto. Se hizo lo propio con Molleda, pero no pudo ser ubicado.

Consultado por este caso, el Indecopi envió a este Diario una ayuda memoria donde se consignaba el siguiente punto: “El 23 de diciembre del 2019, mediante Memorándum 5094-2019/SPC, la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Protección al Consumidor remitió el escrito del 17 de diciembre de 2019 presentado por el señor Rafael al Órgano Instructor del Procedimiento Administrativo Disciplinario (OIPAD), a fin de que este lo evalúe en el ámbito de su competencia”. Sin embargo, no confirmaron en qué plazo se determinará si se inicia o no un proceso sancionador contra los dos vocales implicados.

Víctor Bolaños –abogado de la USMP– dijo que la universidad no tiene ninguna injerencia en la decisión de los vocales, pese a que dos de ellos tenían contrato con su institución: “No sabemos qué vocales van a intervenir en el proceso. Habría que preguntarle a ellos [Hundskopf y Molleda] por qué no se abstuvieron, quizás no advirtieron el asunto. Pero remarco que como universidad no tenemos nada que ver”. 

Hundskopf es uno de los vocales de la sala que revocó la medida cautelar.
Hundskopf es uno de los vocales de la sala que revocó la medida cautelar.

USMP ya fue multada con 2 UIT por este caso

Mientras se espera un nuevo pronunciamiento sobre la medida cautelar, el proceso central sigue su curso. En setiembre, el Indecopi falló en primera instancia a favor de George Rafael.

La entidad multó a la USMP con un total de 16 UIT (S/67.200, según el valor del 2019); de esa sanción, 2 UIT (S/8.400) fueron por haber “variado la nota obtenida” en el curso, de 17 a 07.

Bolaños no descartó judicializar el caso si el Indecopi no le da la razón a la USMP en segunda instancia. “Es cuestión de principios”, dijo.

En su momento, el abogado de la universidad refirió que la única forma de que Rafael se gradúe es volviendo a llevar el curso. Sin embargo, el alumno sostiene que no existen garantías para una calificación justa.