Más de 300 líderes de comunidades de las 25 regiones del país participaron en la Audiencia Nacional “La Ruta de los Pueblos”, espacio que reunió las principales demandas y propuestas ciudadanas frente a la crisis climática y ambiental que atraviesa el Perú, y que será llevada a la COP30, el encuentro mundial sobre cambio climático a realizarse en noviembre en Brasil.
El evento, realizado el 23 de octubre en el Colegio de Abogados de Lima (CAL), marcó un hito importante en el proceso de 4 audiencias macrorregionales desarrolladas durante todo el año, y que fue recogiendo las voces de los voceros y voceras de comunidades campesinas, pueblos indígenas, activistas ambientales, pescadores artesanales, ronderos, entre otros sectores que defienden sus territorios frente al avance de actividades extractivas.
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Desde abril, La Ruta de los Pueblos recorrió el país a través de encuentros en Huancayo (Macrocentro), Chiclayo (Macronorte), Cusco (Macrosur) y Tarapoto (Macroamazonía), donde líderes y lideresas locales identificaron problemáticas comunes -como la contaminación minera, la escasez de agua, la deforestación y la inseguridad alimentaria-, y consensuaron propuestas que apuntan a una agenda ambiental y climática nacional.
Kevin Inuma, joven dirigente de la Federación Fepikecha de San Martín, enfatizó el compromiso de las nuevas generaciones. “Nosotros, como jóvenes, tenemos la responsabilidad de comprometernos a defender esta causa. La crisis ambiental ya la estamos viviendo; se trata de velar por el bien colectivo del país y del mundo”, afirmó.
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Desde La Libertad, Melissa Rodríguez, integrante de la Asociación de Monitores Ambientales de Huamachuco, alertó sobre el impacto de las concesiones mineras y la privatización del agua en el norte del país.
“En nombre del desarrollo se han abierto brechas enormes. No estamos en contra del progreso, pero el Estado debe definir dónde pueden operar las actividades extractivas. En la Macronorte, casi la mitad del territorio está concesionado. Además, el agua se está prácticamente privatizando para minería y agroindustria, dejando sin acceso a la agricultura familiar”, manifestó.
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Por su parte, Elsa Benavente, representante de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos de Huancavelica, denunció que en el agua de consumo humano en la Macrocentro se supera en más de 2,000% los límites máximos permisibles de arsénico, generando un incremento del 30% en casos de cáncer en la zona.
“Estamos bebiendo agua contaminada. Exigimos la implementación urgente del Plan Especial Multisectorial (PEM) para atender a las personas afectadas por metales pesados, y pedimos al Ministerio de Energía y Minas que transparente la información sobre los pasivos ambientales que ponen en riesgo la vida y la salud”, acotó.
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Desde el sur, Lucio Flores, presidente de la Federación Agraria y Ambiental de Moquegua, señaló que en la Macrosur -que agrupa a Tacna, Arequipa, Puno, Apurímac, Cusco y Madre de Dios-, más de 1 millón 500 mil personas entre niños y adultos están expuestas a metales pesados.
“Ya se están consumiendo productos agrícolas contaminados. Hemos presentado 12 propuestas concretas, entre ellas la implementación del Plan Especial Multisectorial y la vigilancia comunitaria de la calidad del agua”, aseguró.
Se espera que a partir de la Agenda Ambiental y Climática Nacional se apunte a que el debate ambiental sea parte prioritaria del proceso electoral de 2026.
El encuentro fue impulsado por una plataforma amplia de instituciones como el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Red Muqui, CAAAP, FOVIDA, CEAS, Forum Solidaridad Perú, CooperAcción, la Red de Centros Sociales Jesuitas, entre otras más de 150 organizaciones sociales.
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