La Sunedu sufre dos golpes desde el Congreso: ¿qué se aprobó y por qué atenta contra la reforma universitaria?

Desde las 3 p.m. de ayer, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República debatió y aprobó dos dictámenes que, según expertos en temas educativos, afectan directamente a la reforma universitaria encabezada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

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El primero de ellos, aprobado con ocho votos de las bancadas de Perú Libre (4), Fuerza Popular (2), Acción Popular (1) y Renovación Popular (1), apunta a que los centros de educación superior que no lograron obtener la licencia institucional por parte de la Sunedu vuelvan a abrir sus puertas.

Para ello, proponen otorgarles un plazo de 730 días (dos años) para que subsanen las deficiencias que puedan presentar y así ofrecer otra vez la enseñanza universitaria. “La presente ley es de aplicación a aquellas universidades privadas asociativas con licencia denegada”, se lee en el texto sustitutorio de la normativa presentada por el parlamentario Esdras Medina de Renovación Popular (RP), quien también es presidente de la Comisión de Educación.

Vale indicar que durante la votación, Flor Pablo, del Partido Morado, presentó una reconsideración a la votación de este dictamen que en los próximos días pasará al pleno del Congreso.

EDITORIAL: En la contrarreforma, hermanos

Consultado por este Diario, Idel Vexler, especialista en temas educativos y exministro de Educación, considera que la situación de las universidades con licencia denegada debería mantenerse puesto que, en su momento, no cumplieron con las condiciones básicas de calidad (CBC). Añadió que dejar sin efecto el proceso de licenciamiento podría poner en peligro “el aseguramiento de la calidad universitaria”.

“En este proceso donde ya su licenciatura ha sido denegada, dar marcha atrás o dar facilidades a ciertas universidades sería contraproducente y se arriesgaría la calidad educativa. Todo esto se puede considerar como un atentado contra la reforma universitaria”, enfatizó Vexler.

Asimismo, criticó que la Comisión de Educación haya incluido en el predictamen la opinión de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la misma a la que se le denegó el licenciamiento en el 2018 por no cumplir con los CBC establecidas en la normativa y carecer de sostenibilidad financiera.

“Ellos son parte del problema sobre el cual la Comisión de Educación y el Congreso de la República se tienen que pronunciar. Pedir opinión a una universidad que no cumplió con mantener sus estándares de calidad está fuera de lugar”, resaltó el educador.

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El otro golpe

Entre las órdenes del día también se aprobó la iniciativa presentada, nuevamente por Renovación Popular, que plantea cambiar la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu.

Aquí el proyecto impulsado por el congresista Jorge Montoya y suscrito también por las bancadas de Acción Popular, Fuerza Popular y Perú Libre señala que se debe modificar el artículo 17 de la Ley 30220 (Ley Universitaria), e indica que el Consejo Directivo de la Sunedu debe “estar conformado por dos representantes de las universidades públicas, un representante de las universidades privadas, un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), un representante del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), un representante del Minedu y un representante del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú”.

Según expertos, hacer esto representaría un retroceso al esquema en el que funcionaba la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

Actualmente el Consejo Directivo de la Sunedu está conformado por siete personas, de las cuales cinco son elegidas por concurso público y ratificadas por el Consejo Nacional de Educación con el objetivo de asegurar la conformación de un “colegiado eminentemente técnico”. Mientras que el Minedu es el único ente encargado en ratificar al superintendente.

Anteriormente, el Consejo Nacional de Educación se pronunció para “defender y avanzar en las reformas de la educación superior” y expresó su rechazo rotundo a “los intentos de retroceso de las reformas emprendidas a lo largo de varias gestiones en materia de educación superior”.

El organismo resaltó la importancia de avanzar con firmeza para conseguir un sistema que asegure la calidad de la educación universitaria desde el licenciamiento, verificación de estándares de calidad, desarrollo de sistemas de información, etc.

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Pronunciamiento

Durante la tarde de ayer también se pudo conocer que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y el superintendente de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, sostuvieron una reunión en la que conversaron sobre los avances de la reforma universitaria. Allí la PCM expresó su respaldo a la Sunedu, ante la necesidad de afianzar la autonomía de la entidad.

Luego, la superintendencia emitió un pronunciamiento en donde detalló que en ninguno de los dos dictámenes aprobados se tomaron en cuenta las opiniones técnico-jurídicas de la Sunedu. Respecto de las propuestas legislativas, aseveró que “los textos sustitutorios de los proyectos de ley adolecen de numerosos errores, omisiones y ambigüedades”. “Invocamos a contemplar un debate abierto, que incluya las opiniones de todos los actores involucrados”, resaltó.

Bajos estándares

En el 2019, la Sunedu denegó el licenciamiento a Telesup debido a que no cumplió con ninguna de las ocho CBC establecidas en la Ley Universitaria. En la sede de SJL se halló una estructura de tipo cascarón. Desde afuera parecía un edificio de siete pisos, pero solo tres estaban construidos. El edificio se convirtió en un símbolo de las universidades con licencia denegada. La construcción además era precaria y peligrosa.

Los puntos claves

De acuerdo con los datos recopilados por el Archivo de El Comercio, estos son algunos de los enfrentamientos y disputas que se han registrado entre el Congreso de la República y la Sunedu.

(9/7/ 2014): Se aprobó la Ley Universitaria. Tras ello, 45 personas, entre congresistas, ciudadanos y miembros del Colegio de Abogados de Lima, presentaron demandas de inconstitucionalidad en su contra.

(21/10/2014): Congresistas del APRA presentaron un proyecto de ley que proponía que los rectores elegidos antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria siguieran en sus cargos hasta la culminación de su mandato. Fue la llamada “Ley Cotillo” en referencia a Pedro Cotillo, rector de San Marcos, quien fue el que la propuso.

(9/1/2018): El pleno del Congreso votó en contra del proyecto de Ley 2073-2017, que ampliaba por tres años el impedimento para abrir nuevas universidades. Ante ello, Lorena Masías, entonces jefa de la Sunedu, expresó vía Twitter: “Pedimos al Congreso de la República que vote nuevamente la ley de moratoria. No es el momento de crear nuevas universidades. La reforma universitaria no puede parar”. Minutos después, se aprobó por mayoría una reconsideración de esa votación.

(29/5/2020): La Sunedu informó que el plazo establecido para el cese de universidades con licencia denegada se ampliaría hasta por cinco años por la pandemia.

(12/6/2020): Comisión de Educación elabora predictamen que permite a universidades sin licencia participar en nuevos licenciamientos.

(18/11/21): Esdras Medina (RP) presenta un proyecto de ley que busca que las universidades sin licencia institucional vuelvan a funcionar.

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