Ley seca podría dejar de ser obligatoria y pasar a ser excepcional: ¿cuál sería el impacto en las elecciones?

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La iniciativa de Málaga pretende modificar el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece que la restricción sobre la venta de bebidas alcohólicas se inicia a las 8 a.m. del día anterior a las elecciones y dura hasta las 8 a.m. del siguiente día, es decir, tiene una vigencia de 48 horas. Usualmente en nuestro país las votaciones se realizan los domingos, por lo que la medida se aplica de sábado a lunes.

Roberto Burneo, presidente del JNE, consideró que “debería reforzarse la seguridad” al ser consultado si se debería derogar la Ley seca. “¿De qué vale si se restringen un montón de medidas si no son medidas efectivas?”, preguntó el funcionario.

Por su parte, el legislador Alejandro Soto Reyes también había presentado un proyecto para modificar el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, pero su iniciativa busca reducir de 48 a 28 horas el plazo de restricción para la venta de bebidas alcohólicas durante los procesos electorales.

En diálogo con El Comercio, Edward Málaga precisó que no se trata de eliminación de la ley seca, sino solo de su obligatoriedad, ya que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tendrá la facultad de establecer si en una determinada zona se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en el contexto de una votación electoral. Es decir, propone que la restricción se aplique solo de manera excepcional, mediante resolución justificada del órgano electoral y con posibilidad de regulación complementaria por los gobiernos locales.

“Hay que dejar muy claro en que no estamos eliminando la ley seca, estamos eliminando la obligatoriedad, lo que significa que va a ser una medida facultativa. No se elimina, sino que ahora el JNE puede decidir si en una coyuntura particular que estemos pasando es importante que todo el país mantenga la Ley seca o solo en ciertas circunscripciones”, manifestó el parlamentario.

Málaga Trillo explicó que su proyecto se fundamenta en la libertad que deben tener los ciudadanos para “votar responsablemente y no ser coaccionados por una ley”, así como el aspecto económico, ya que, según dijo, la Ley seca “le resta posibilidades a muchas bodegas, empresarios pequeños y locales comerciales innecesariamente”.

Por ello, remarcó que debe primar la “libertad de comercio” de las personas que tienen sus negocios y la libertad del ciudadano de decidir cuándo y cómo consume y la responsabilidad de hacerlo de una manera adecuada.

“Se trata de la evolución de la ciudadanía, de su nivel educativo, de su responsabilidad ciudadana, no estamos hablando de hace 100 o 200 años cuando, quizás, nuestros niveles de pobreza y educación hacían sospechar que los ciudadanos no eran capaces de tomar decisiones responsables. Es importante darles esa responsabilidad y libertad a los ciudadanos actualmente”, indicó Málaga-Trillo.

El legislador indicó que su iniciativa, en caso se apruebe en la Comisión de Constitución y en el pleno, podría ser aplicada en las elecciones del 2026. “No altera las normas propias vinculadas al proceso electoral, el proceso electoral se desarrolla de la misma manera; entonces, no tendríamos problemas con el plazo”, refirió.

José Manuel Villalobos, experto en temas electorales, consideró a la Ley seca como “anacrónica y desfasada en el tiempo”, y recordó que se implementó en una época en que los candidatos compraban los votos de los ciudadanos mediante la entrega de licor, por lo que advirtió que una restricción extensa perjudica a la economía, los negocios y a los trabajadores, y también incentiva el mercado negro de licor.

Precisó que una opción es que se recorte el horario de vigencia de la Ley seca y comience a las 10 p.m. del día anterior a la votación y dure hasta las 8 a.m. del día siguiente. Recordó que, en el 2026, se desarrollarán dos procesos electorales, los cuales podrían tener segunda vuelta, por lo que los comerciantes no tendrían que vender alcohol ocho días.

“Es saludable que se reflexione sobre esta medida que no afecta al proceso electoral porque el día del proceso electoral sí está prohibido la venta de licor, por lo tanto, en el día anterior, hasta una hora prudente, podrían seguir los establecimientos con el expendio de bebidas alcohólicas”, manifestó.

“La prohibición debería regir desde las 10 p.m. del día anterior a las elecciones, por lo que todo el sábado los comercios puedan seguir con su actividad económica y no se vean perjudicados. Esto va a permitir incentivar la economía y evitar que estos negocios que expenden licor se vean afectados en un año en que los electores irían a votar cuatro veces, por lo que la prohibición a los comerciantes sería de ocho días”, agregó.

Además, remarcó que la verificación del cumplimiento de la ley seca “distrae” a los policías y a los fiscalizadores del JNE de sus labores de supervisión y seguridad del proceso electoral.

José Tello, exministro de Justicia y Derechos Humanos y asociado a Aklla Perú, señaló que el actual periodo de duración de la ley seca es el adecuado, pues recordó que ya se flexibilizó en el 2014, se redujo de 72 a 48 horas, la vigencia de la norma para no afectar a los negocios.

“La ley seca funciona bien en el actual mecanismo que se ha establecido en el lapso de las 8 a.m. del sábado y las 8 a.m. del lunes. El hecho de cambiar esto no viene mucho al caso, ya que realmente lo que se restringe es el expendio de bebidas alcohólicas, no está prohibido libar, uno puede tomar en su casa y comprar antes lo que va a consumir ese fin de semana”, explicó.

Tello enfatizó que cualquier modificación a la ley seca podría generar un mayor gasto en el tema de fiscalización. “Cuando se focalizan algunas medidas se pueden generar mayores costos en lo que es la fiscalización electoral”, aseveró.

Además, afirmó que las normas impulsadas en el Congreso no se aplicarían en las elecciones generales del 2026, sino en las próximas elecciones regionales y municipales. “Hay una intangibilidad normativa, yo no puedo modificar normas electorales, estas regirían para el siguiente proceso electoral. Este tipo de cambios normativos serían para las elecciones regionales y municipales 2026”, explicó Tello.

José Naupari, abogado especialista en Derecho Electoral y Constitucional, indicó a El Comercio que la ley seca “no es muy útil” si se pretende que las personas dejen de tomar licor para que acudan a votar, pues solo se restringe la venta y no el consumo.

“Si la finalidad objetiva de la ley seca es evitar que le gente se embriague y, a consecuencia de que se embriague, cause desmanes, pero en realidad no es muy útil porque una persona se puede abastecer de licor antes e igual consumir un día antes o el mismo día de las elecciones. Por eso, no es inusual, sobre todo en provincias, que veas a gente pretendiendo votar en estado de ebriedad. Entonces, a lo que apuntaría el proyecto es a derogar una ley que, a la luz de los hechos, termina siendo inidónea precisamente porque la prohibición del comercio no es suficiente para cumplir la finalidad de que la gente pare y no tome en esos días”, manifestó.

Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la ONPE y expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, contó a El Comercio que la ley seca se implementó debido a que entre fines del siglo 19 e inicios del siglo 20 ocurrían disturbios generados por el consumo de alcohol durante las votaciones.

Explicó que la vigencia de la ley seca por 72 horas se debía a que las elecciones se ampliaban por tres días y que los actos de violencia ocurrían en las plazas de las ciudades, donde las personas se concentraban a la espera de los resultados bebiendo algún tipo de licor.

“La ley seca nace a fines del siglo 19 e inicios del siglo 20 porque había vandalismo y violencia en donde existía el voto público y no había voto secreto. Además, las elecciones se ampliaban a dos o tres días y las mesas estaban en las plazas, esto originaba que mucha gente se concentre y algunos, para aplacar el frío, tomaban aguardiente y eso producía violencia”, indicó Tuesta.

El especialista recordó que La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, la cual presidió, propuso al Ejecutivo en el 2019 la eliminación de la ley seca. En el documento se advierte que, en cuanto a la regulación de la región, “la legislación peruana es bastante restrictiva” al respecto, sobre todo en términos de duración, ya que la mayoría de países solo establece un periodo de restricción de 12 horas, y que “existe una tendencia en la región a eliminar dicha restricción de manera general y solo habilitar a que la impongan determinados municipios o gobiernos de la región, en función del tipo de proceso electoral o del tipo de establecimiento donde se expende el alcohol”.

Tuesta afirmó que la ley seca representa un costo innecesario para el Estado, ya que los municipios deben desplegar personal para trarar de hacer cumplir una disposición que no se acata. “Para qué tener una ley que lo que hace es una restricción a la libertad de comercio y un gasto para el Estado por intentar impedir aquello que no se puede impedir”, expresó.

Milagros Chojeda, vocera de la Asociación de Gremios de Mujeres Bodegueras, advirtió que los ocho días del 2026 en que los desarrollarán las elecciones generales y los comicios regionales y municipales, que incluyen posibles segundas vueltas, representarán una pérdida de 320 millones de soles para los dueños de las pequeñas tiendas de todo el país, ya que no podrán vender bebidas alcohólicas.

Chojeda explicó que las ventas de licor representan el 55% de las ganancias durante los fines de semana. Recordó que, en periodos de vigencia de la Ley seca, los consumidores se abastecen de bebidas alcohólicas en supemercados y tiendas de conveniencia, pero no en tiendas de subsistencia, las cuales están ubicadas al sur y al norte de la capital.

“A pesar de todo lo que estamos pasando con la inseguridad, ya el otro año que se vienen las elecciones se generan pérdidas económicas porque los fines de semana es cuando nosotros más tenemos utilidades con la venta de esos productos. Entonces, son ocho fechas que nos perjudican grandemente, ya que estamos hablando de 320 millones de soles a nivel nacional”, manifestó

“Los consumidores se pueden abastecer en las tiendas grandes, en las tiendas de conveniencia, pero no en las bodegas de subsistencia que están en Lima norte o Lima sur, entonces, nos prohíben a nosotros la venta”, agregó.

“En una zona donde no hay esas tiendas de conveniencia o esos market grandes las personas no se van a abastecer y eso implica que haya venta informal y hasta quizás licor adulterado”, enfatizó.

Por su parte, Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, refirió que una eventual modificación de la ley seca no afecta ni beneficia a sus agremiados, ya que se han adecuado a las restricciones que se imponen un día antes de las elecciones. Remarcó que esa situación sí impacta en los bares, cantinas y restaurantes.

“Para nosotros la ley seca ha sido un tema normal, no nos afecta ni beneficia en nada. Nosotros vendemos antes (a los ciudadanos) y no nos afecta. La gente ya sabe que habrá ley seca y compra antes”, afirmó.