Elmer Cáceres Llica, gobernador regional de Arequipa.
Elmer Cáceres Llica, gobernador regional de Arequipa.
Pedro Ortiz Bisso

A estas alturas resulta ocioso preguntarse por qué Arequipa eligió a Elmer Cáceres Llica como gobernador o por qué el Gobierno recién se animó a intervenir en esa región, cuando las evidencias del colapso de los servicios de salud eran evidentes hace semanas.

Lo importante es que el control de la pandemia en esa parte del país no estará más en manos del señor Cáceres Llica, un individuo que no está capacitado para dirigir nada como demostró ayer por enésima vez. En una penosa conferencia de prensa, tuvo la desfachatez de pedir que el Congreso apruebe una ley que permita el uso de dióxido de cloro para combatir el COVID-19.

“Me gustaría repartir dióxido de cloro, pero seguro mañana me van a hacer una denuncia como ha hecho el Colegio de Médicos. […] Le pido al Congreso que pueda sacar una ley como ha hecho Bolivia y que no les tengan miedo a esas transnacionales, a esas farmacias que lucran con la vida del ser humano”.

Una autoridad que pretende promover como medicina un desinfectante, cuya ingesta puede provocar intoxicación e insuficiencia renal –entre otros males-, es un peligro para la sociedad. No puede ser responsable de una región.

Cáceres Llica se atrevió a decir también que la intervención del Gobierno en Arequipa solo será de “acompañamiento” y que el manejo de los servicios de salud seguirá a cargo de su región. Imaginamos que hoy, muy tempranito, la doctora Mazzetti debe haberle dado las buenas nuevas.

Existe, sin embargo, otro peligro: que alguno de nuestros iluminados congresistas tome en serio el pedido del gobernador de Arequipa. Hace apenas dos días, el principal promotor del uso de dióxido de cloro estuvo a punto de participar en una sesión de la Comisión de Salud. Aunque el escándalo provocó la cancelación de la cita, con este Congreso nunca se sabe. Su afinidad por el papelón lo hace capaz de cualquier cosa.