Lima Reporta: El futuro de las 34 mil papeletas impuestas en San Miguel tras el reclamo ante la MML

Un grupo de conductores había realizado, semanas atrás, una protesta en los exteriores de la sede de la Municipalidad de San Miguel. Tras ello, dicha comuna informó de la instalación de una mesa técnica con la MML para establecer la suspensión temporal del registro de nuevas infracciones a través del aplicativo Lima Reporta, así como evaluar los procedimientos para anular las sanciones impuestas.

Jorge Román, gerente municipal de San Miguel, indicó a El Comercio que se ha establecido, tras diversas reuniones con representantes de la MML, que son 34 mil papeletas impuestas por intermedio de Lima Reporta, pero que la gran mayoría no cumplen los “criterios técnicos” para haber sido aplicadas.

“A lo que hemos llegado con Lima Metropolitana en esta fase es ver dónde se habían colocado las multas, si guardaban los criterios técnicos o no. Es decir, una vez que se ha tomado conocimiento por medio de la queja de los vecinos, el subgerente de Tránsito (de San Miguel) verificó si estas multas han sido o no impuestas de manera correcta. Ha ido al campo y ha determinado que en la mayor parte de los casos las multas no tenían que haberse colocado”, afirmó el funcionario.

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“En todo en ese lapso (desde que se iniciaron los reclamos) se ha estado en conversaciones con Lima Metropolitana para que se anulen estas multas impuestas, ya que se ha establecido que no había los criterios técnicos, no había un sistema de retorno (de información) y había un sistema de acumulación (de papeletas sin notificar)”, refirió.

“Si hay una multa o evidencia que es contraria a la norma, se tiene que declarar la nulidad, tal como sucedió con Magdalena, que se anularon las fotopapeletas mal impuestas, y acá (en San Miguel) también se anularán las papeletas mal impuestas”, puntualizó.

Román explicó que uno de los cuestionamientos al mecanismo de fiscalización a través de Lima Reporta es que solo tiene “un sistema de ida”, pues indicó que, una vez que los inspectores de tránsito envían la información a la MML, no hay un retorno a la Subgerencia de Tránsito de San Miguel para conocer qué se está haciendo con lo reportado.

“El sistema de ida y vuelta es importante porque al subgerente (de Tránsito de San Miguel) le hubiera permitido realizar una evaluación técnica sobre las evidencias que estaban enviando los diversos inspectores”, aseveró.

Por ello, el funcionario anunció que ya se envió un informe a la Municipalidad de Lima para que, a su vez, lo traslade al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima y determine qué cantidad de las 34 mil papeletas serán anuladas. La próxima semana la entidad de la MML se pronunciaría sobre el tema, según indicó.

No obstante, aclaró que se mantienen suspendidas todas las multas que se han colocado a través Lima Reporta hasta que se llegue a una solución con la MML. “Para levantar esa suspensión se tiene que reevaluar todos los mecanismos y estar las dos partes de acuerdo si sigue continuar con el convenio”, aseguró.

El gerente municipal de San Miguel explicó que los reclamos contra las papeletas de Lima Reporta se fundamentan en que los lugares donde fueron impuestas no cumplían con lo que establece la norma, ya que la zona estaba mal señalizada, el ancho de la berma no era el correcto, la señalización reglamentaria no era visible, no había señalización horizontal o no había delimitación clara de la calzada.

Remarcó que un ejemplo de dicha situación es lo ocurrido en la novena etapa de la urbanización Pando, donde se ha constatado que existen deficiencias en la señalización, por lo que, según consideró, todas las multas impuestas en esa zona deben ser anuladas.

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Explicó que las infracciones que más fueron reportadas en Lima Reporta son la G11, G40 y la G47, que están referidas al “estacionamiento indebido en una zona prohibida”. “Ese tipo de infracción tiene determinadas características para ser impuesta, como buena señalización, que pueda acreditarse fehacientemente que esa zona está delimitada como una zona prohibida. En el levantamiento (revisión) que se ha realizado no se ha verificado que sea fehaciente la conducta (del infractor), por eso no se puede imponer ese tipo de sanciones cuando la conducta no es fehaciente”, precisó.

También cuestionó que la Municipalidad de Lima se haya demorado entre seis y ocho meses en enviar las notificaciones de las papeletas, lo que ha originado que muchos ciudadanos acumulen varias sanciones sin estar debidamente informados, lo cual, según dijo, afecta el desarrollo del debido proceso administrativo y el derecho a defensa.

“Lima lo que hacía era acumular las evidencias, no reportaba al supuesto infractor y él no tenía conocimiento y solo se enteraba cuando le venían en paquete todas las evidencias que supuestamente se habían recolectado”, anotó.

“Lo correcto hubiera sido que, una vez enviada la evidencia, Lima Metropolitana nos remita para corroborar si esa denuncia técnicamente era correcta o no y enviar un informe a la distrital para ratificar la conducta. No se hizo y lo que se hizo fue generar una multa por cada una de las infracciones que se estaba dando y se acumuló estas en un lapso de seis meses en algunos casos, y en otros casos de hasta ocho meses. Eso generó una superposición muy grande de sanciones a personas que ni siquiera estaban enteradas que estaban cometiendo las mismas (infracciones), eso afectaba el debido proceso administrativo, afectaba el principio de razonabilidad y proporcionalidad, entre otro tipo de afectaciones”, añadió.

El funcionario edil explicó a este Diario que el convenio con la Municipalidad de Lima para la fiscalización del tránsito a través de Lima Reporta se firmó en 2024 y que su aplicación se realizó con “normalidad” hasta junio del 2025, cuando concluyó la fase de implementación. Sin embargo, a partir de esa fecha en adelante empezaron los problemas.

Afirmó que la implementación de dicho programa tiene “muchas deficiencias”, por lo que consideró que se deben aplicar “los correctivos necesarios”. “Nosotros estamos en desacuerdo con el modelo actual de Lima Reporta porque no hay un sistema de retorno a nuestra municipalidad actualmente, es decir, el inspector capta una evidencia, la envía a Lima y el subgerente (de San Miguel) no puede tomar conocimiento si no le pregunta a Lima de modo oficial, es decir, no hay un sistema en el cual nosotros, que supuestamente somos los que evidenciamos una conducta, tengamos conocimiento de la misma que estamos reportando”, aseguró.

Precisó que la Municipalidad de San Miguel no está interesada en seguir con la aplicación de Lima Reporta para fiscalizar el tránsito “si no se hacen los correctivos necesarios”.

Roberto Vélez, gerente general de la asociación A Movernos, cuestionó la decisión de la Municipalidad de Lima de anular las fotopapeletas que se habían impuesto en la jurisdicción de Magdalena y la posición de San Miguel de pedir que se deje sin efecto las papeletas aplicadas a través de Lima Reporta, pues consideró que “afecta” la fiscalización al tránsito.

En diálogo con El Comercio, el especialista remarcó que, en el caso de Lima Reporta en la jurisdicción de San Miguel, se evidencia que hay una falta de educación vial en el país y que, ante situación, se debería realizar una adecuada marcha blanca en cada distrito antes que se implemente dicho mecanismo de fiscalización.

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Vélez también criticó las recientes medidas adoptadas por los municipios, pues consideró que privilegian más a los vehículos antes que a los peatones.

“Se debe priorizar la seguridad de los peatones antes que al automóvil. Hay una pirámide en la cual los peatones, como son el grupo más vulnerable, deben ser los principales exponentes, luego vienen los ciclistas, el transporte público -porque mueven a muchas personas-, el transporte de carga y en último lugar el automóvil privado”, refirió.

Recordó que muchos conductores no respetan los límites de velocidad en la ciudad, incluso en zonas sensibles como los alrededores de los colegios, por lo que consideró que la fiscalización atenúa este tipo de conductas. “No puede ser posible que vayan a la velocidad que ellos consideren pertinente cuando hay determinados límites en la norma”, afirmó.

Además, remarcó que estos casos generan un mal precedente, ya que cualquier conductor que haya sido sancionado puede acudir a reclamar ante un municipio distrital y que el alcalde, en un contexto electoral, puede actuar de manera demagógica y pedir la anulación de la papeleta. También advirtió que se puede afectar las inversiones que pretendan realizar las empresas en materia de fiscalización de tránsito.

Ante el reclamo de muchos conductores, la Municipalidad de Lima anuló 56,040 fotopapeletas que se habían impuesto en la jurisdicción de Magdalena debido a que dichas sanciones se habían impuesto de manera irregular. La comuna capitalina indicó que las evidencias sobre presuntas infracciones de tránsito enviadas por la Municipalidad de Magdalena “no tomaron en cuenta las condiciones técnicas y procedimentales correspondientes”, por lo que responsabilizó a Magdalena por lo ocurrido.

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, había cuestionado que la empresa que colocó las cámaras de control de velocidad remitía la información a la MML si el conocimiento de la comuna distrital, además se notificó de la multa a los ciudadanos a través de medios no autorizados, como el WhatsApp o correo electrónico. También indicó que diversas multas que habían sido impuestas en el 2025 fueron calculadas con la UIT del 2026.

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En medio de esto surgieron cuestionamientos de especialistas respecto a que el objetivo de la Municipalidad de Lima, al usar la fiscalización electrónica, es solo recaudar y no prevenir. Percy Castillo, abogado experto en derechos humanos, explicó que las papeletas de tránsito deben tener un fin reeducador y de “corregir conductas”, pero no un propósito de recaudar dinero para financiar a las municipios.

Por su parte, Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, advirtió que los inspectores municipales no tienen la adecuada formación para que se le encargue una labor tan especializada, como es la de fiscalizar el tránsito. Franklin Barreto, especialista en temas de tránsito, transporte y seguridad vial, remarcó que las comunas tratan de aplicar las sanciones en un contexto en el que no se ha implantado en la sociedad un sistema de educación vial.