Pleno del Congreso virtual. (Foto: Congreso)
Pleno del Congreso virtual. (Foto: Congreso)
Pedro Ortiz Bisso

Tres días después de la aprobación por insistencia en el Parlamento de la ley que formaliza a los taxi colectivos, una miniván se volteó en una carretera en Puno, muriendo 11 de sus 18 pasajeros.

De esto, los 81 congresistas que votaron a favor no dirán una sola palabra, tampoco los 10 que prefirieron abstenerse y no dar combate a esta norma que le abre las puertas al caos. Las consecuencias de sus estropicios legales no forman parte del ámbito de sus pensamientos. Una vez que dijeron “A favor”, lo que pase después les importa poco o nada, así el Tribunal Constitucional les enmiende la plana u 11 familias deban guardar luto.

La historia del vehículo siniestrado el 14 de diciembre no termina ahí. Como señala el periodista Juan Pablo León en un , la camioneta pertenecía a la empresa Rimay Tikray Perú SAC, cuya gerenta general, Noelia Japura Cruz, es conocida como la ‘reina del sur’. ¿Y a qué viene este telenovelesco apelativo? Resulta que doña Noelia fue detenida en enero de este año acusada de liderar una red de extorsionadores de empresarios de transportes.

La furgoneta, además, solo tenía capacidad para llevar 16 pasajeros, y el día del accidente transportaba a 18. Una revisión de sus antecedentes señala que arrastraba papeletas y problemas técnicos.

Esta es solo una muestra del enorme poder adquirido por quienes son, sin lugar a dudas, los verdaderos dueños de las carreteras del país. En lugar de procurar el establecimiento de un servicio con altos niveles de profesionalismo, que vele por la seguridad de pasajeros y conductores, cuente con vehículos adecuados y cumpla de manera exhaustiva con las normas que regulan el transporte de personas, el Congreso prefirió formalizar la barbarie.

Hay 11 familias que preguntan por qué.

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