Más de la mitad de taxis del nuevo Jorge Chávez figuran como no autorizados por la ATU

El Comercio realizó un recorrido el pasado 23 de junio, entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m., en las zonas de estacionamiento para vehículos particulares y en los espacios utilizados por taxis ubicados en la salida de llegadas nacionales e internacionales del terminal aéreo Jorge Chávez. Durante ese periodo se fotografiaron 42 placas de vehículos que ofrecían el servicio de transporte de pasajeros.

Posteriormente, cada una de esas placas fue consultada en el portal de la ATU para verificar si contaba con autorización para operar como taxi.

Los resultados muestran que 21 de las 42 unidades observadas no aparecerían habilitadas para prestar el servicio. De ellas, ocho figuran con el estado de “No habilitado”, mientras que trece aparecen como “No registrado” en la plataforma de consulta de la entidad.

Registro de vehículos sin el permiso de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para brindar el servicio de taxi:

Los otros 21 vehículos sí registraban una habilitación vigente para operar como taxi, según la información disponible en la ATU.

Antes de revisar los antecedentes de los vehículos, El Comercio observó cómo se ofrece el servicio de taxi en los exteriores del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Durante el recorrido realizado el 23 de junio se constató que, al igual que ocurría en el antiguo terminal aéreo, un grupo de personas aborda a los pasajeros apenas salen por las puertas de llegadas nacionales e internacionales para ofrecerles transporte.

Estos hombres permanecen en una zona cercana a los puntos de pago del estacionamiento de corta estancia, por donde necesariamente transitan quienes abandonan el aeropuerto.

A diferencia de la imagen tradicional de un captador de pasajeros, visten ropa formal y entablan conversaciones con los viajeros con un trato cordial para ofrecerles un taxi. Frases como “¿A dónde va, amigo?” o “Tengo un vehículo disponible” forman parte de los primeros acercamientos.

Durante las cuatro horas de observación realizadas, se advirtió que varios pasajeros eran abordados por tres o más personas en pocos metros de recorrido. Si aceptaban el servicio, uno de estos intermediarios tomaba el equipaje y acompañaba al usuario hasta el vehículo asignado.

En distintos momentos se observó la presencia de efectivos policiales y personal de seguridad, quienes recorrían la zona, aunque los ofrecimientos de transporte continuaban una vez que estos se retiraban.

El Comercio siguió a varios de los vehículos contratados mediante esta modalidad para registrar sus placas. En todos los casos observados, las unidades se encontraban estacionadas en la zona B E1 del estacionamiento de corta estancia del aeropuerto, espacio destinado a vehículos particulares. Desde allí iniciaban el servicio una vez concretado el acuerdo con el pasajero.

Fue precisamente a partir de estas unidades que se elaboró la muestra de 42 placas analizadas posteriormente en los portales de consulta de la ATU y del SAT para verificar su habilitación como taxis y sus antecedentes por infracciones de tránsito.

La revisión también incluyó el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para verificar si los vehículos acumulaban infracciones de tránsito.

El análisis encontró que siete unidades registran papeletas vigentes. Sin embargo, un aspecto llama la atención es que ninguna de estas sanciones figura a nombre del propietario registrado del vehículo, sino de otros conductores identificados en las resoluciones.

Los casos identificados son los siguientes:

1. Placa Z7B091. Registra una papeleta por la infracción M20a, correspondiente a exceso de velocidad. En el expediente no figura el DNI del conductor sancionado. Al consultar la placa en el portal de la ATU, el vehículo aparece habilitado para brindar el servicio de taxi hasta el 2 de octubre de 2026 y le pertenece a la empresa BIANCA MOLDURAS Y DIPLOMAS EIRL.

2. Placa D9O233. Acumula dos infracciones: una G10, por circular por vías restringidas, y otra G47, por estacionar en un lugar no permitido. Esta última fue impuesta al conductor cuya licencia de conducir figura vencida desde el 30 de abril de 2022. Además, el vehículo aparece como “No habilitado” en el portal de la ATU.

3. Placa CHF284. Registra una papeleta por la infracción L01, correspondiente a dejar el vehículo mal estacionado en lugares permitidos.

4. Placa B4Z040. Registra dos papeletas, una por la infracción L01, por dejar el vehículo mal estacionado en lugares permitidos, y otra por la infracción R01, impuesta por prestar el servicio de taxi sin contar con autorización de la ATU. Al consultar la placa en el portal de la entidad, el vehículo figura como “No registrado” para brindar este servicio.

5. Placa AWK643. Presenta dos infracciones, L05, por utilizar el carril de giro para continuar la marcha en una dirección distinta a la permitida, y L04, por abrir o dejar abierta la puerta de un vehículo estacionado, dificultando la circulación vehicular. Ambas sanciones fueron impuestas al conductor identificado cuya licencia de conducir aparece vencida desde el 27 de octubre de 2025.

6. Placa AVJ526. Registra una papeleta M40, por manejar con la licencia de conducir vencida, impuesta al conductor cuya licencia figura expirada desde el 31 de mayo de 2022. Asimismo, presenta una infracción G40, por estacionar en una zona rígida o prohibida. El vehículo aparece como “No registrado” en el portal de la ATU.

7. Placa CEX517. Registra una papeleta por la infracción G57, correspondiente a no respetar las señales de tránsito. Al consultar la placa en el portal de la ATU, el vehículo figura como “No registrado” para brindar el servicio de taxi.

Ello evidencia que las infracciones fueron cometidas mientras los vehículos eran conducidos por terceros, pues el SAT identifica al conductor responsable cuando la papeleta se impone de manera directa. En consecuencia, las sanciones no recaen sobre el propietario del vehículo, sino sobre quien manejaba la unidad al momento de cometer la infracción.

Esta situación suele ser recurrente en unidades destinadas al servicio de taxi, donde un mismo automóvil puede ser utilizado por distintos choferes.

La constatación de este diario también permitió identificar que, de los siete vehículos con papeletas registradas, tres de las infracciones fueron cometidas por conductores cuya licencia de conducir figuraba vencida al momento de la sanción.

Los casos identificados por El Comercio son los siguientes:

1. Placa D9O233. El vehículo registra una infracción G10, por circular por vías restringidas, y una G47, por estacionar en un lugar no permitido. Esta última fue impuesta a Jennifer Paola Yuyes Hamann, cuya licencia de conducir de categoría AI figura vencida desde el 30 de abril de 2022, según la consulta realizada en los registros oficiales. Además, la unidad aparece como “No habilitado” en el portal de la ATU.

2. Placa AWK643. Esta unidad registra las infracciones L05, por utilizar el carril de giro para continuar la marcha en una dirección distinta a la permitida, y L04, por abrir o dejar abierta la puerta de un vehículo estacionado dificultando la circulación vehicular. Ambas sanciones fueron impuestas a Hugo Adolfo Barrera Obregón, cuya licencia de conducir de categoría AIIb figura vencida desde el 27 de octubre de 2025. Pese a ello, el vehículo aparece habilitado por la ATU para brindar el servicio de taxi hasta el 18 de junio de 2027.

3. Placa AVJ526. El vehículo registra una infracción M40, precisamente por conducir con la licencia de conducir vencida, además de una G40, por estacionar en una zona prohibida o rígida. La sanción fue impuesta a Adolfo Quiñones Rodríguez, cuya licencia de categoría AIIa figura vencida desde el 31 de mayo de 2022. Asimismo, la unidad aparece como “No registrado” en el portal de la ATU.

Los tres casos fueron corroborados mediante la consulta de los expedientes del SAT y del estado de las licencias de conducir consignado en los registros oficiales, lo que permitió verificar que los conductores mantenían sus brevetes vencidos al momento de cometer las infracciones.

Para Roberto Vélez Salinas, abogado especializado en regulación de servicios públicos, infraestructura y transporte y gerente general de la Asociación A Movernos, los hallazgos de esta investigación evidencian una deficiente supervisión del servicio de taxi en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

"No existe una supervisión real por parte de la ATU y ofrecen un servicio realmente deficiente. A pesar de que existen módulos autorizados para atender a los pasajeros, en la parte exterior continúan ofreciendo el servicio personas que abordan a los usuarios de manera informal“, señaló.

Respecto a los vehículos que figuran como “No habilitado” o “No registrado” en el portal de consulta de la ATU, el especialista explicó que la primera condición correspondería a unidades que no reúnen los requisitos para obtener la autorización, mientras que la segunda evidenciaría que ni siquiera forman parte del registro de la autoridad. “En ambas situaciones lo que demuestra es que hay una total falta de fiscalización y regulación”, sostuvo.

Vélez indicó que la facultad para fiscalizar el servicio corresponde a la ATU. Sin embargo, consideró que Lima Airport Partners (LAP) también debe asumir un rol activo para garantizar la seguridad de los pasajeros. “LAP no puede hacerse de la vista gorda. Tiene que ejercer presión para que la ATU, con apoyo de la Policía, ponga orden porque ahí se ve una ausencia de la autoridad”, afirmó.

Sobre los tres casos detectados por El Comercio en los que los conductores sancionados tenían la licencia vencida al momento de la infracción, el especialista advirtió que se trata de un hallazgo el cual debería ser imposible que pase como desapercibido. “Es muy grave porque implica que, al no haber regulación ni fiscalización, cualquier delincuente podría hacerse pasar por un chofer de taxi y cometer cualquier delito”, manifestó.

Como medidas para reducir la informalidad, Vélez propuso mantener presencia permanente de fiscalizadores de la ATU con apoyo de la Policía Nacional, instalar señalización visible para orientar a los pasajeros hacia los servicios autorizados y restringir la captación de usuarios fuera de los módulos habilitados. “No puede ser que cualquier persona que salga del aeropuerto sea inmediatamente abordada. Es muy peligroso y muy riesgoso para los pasajeros”, concluyó.

Consultada por El Comercio, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) señaló que mantiene un convenio de cooperación interinstitucional con Lima Airport Partners (LAP) para realizar labores de control, verificación y fiscalización en la vía libre del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. No obstante, precisó que la zona donde este Diario identificó a los vehículos que ofrecían el servicio de taxi —el primer nivel y el estacionamiento de corta estancia— corresponde a un área particular administrada por LAP, por lo que no forma parte del ámbito de control establecido en dicho convenio. Por lo tanto, no establece sanciones ni fiscalización en el área de estacionamiento.

La entidad indicó que la fiscalización de taxis se realiza de manera permanente en las zonas bajo su competencia, tanto mediante intervenciones presenciales como a través de un sistema de monitoreo con cámaras compartidas por LAP. Asimismo, sostuvo que todos los vehículos que prestan el servicio de taxi en el aeropuerto, sean ejecutivos o independientes, deben contar con autorización vigente de la ATU y que, cuando detectan una unidad informal durante sus operativos, esta es sancionada con la infracción T1, trasladada al depósito y el conductor puede recibir una multa de S/5.500, mientras que el propietario afronta una sanción de S/11.000, de corresponder.

Por su parte, Lima Airport Partners (LAP) señaló que mantiene una coordinación permanente con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Policía Nacional del Perú (PNP) para contribuir a que las operaciones del aeropuerto se desarrollen de forma segura y ordenada. Según indicó, este trabajo conjunto permite la realización continua de operativos de fiscalización y ordenamiento en distintas zonas del terminal aéreo, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las normas, fortalecer la seguridad y mejorar la experiencia de los usuarios.

Asimismo, la concesionaria informó que viene implementando herramientas orientadas a fortalecer el ordenamiento y la fiscalización de los vehículos que ingresan al aeropuerto, las cuales —precisó— facilitarán las labores de control a cargo de las autoridades competentes. Sin embargo, en su pronunciamiento no se refirió específicamente a los hallazgos de esta investigación relacionados con los vehículos que ofrecían el servicio de taxi sin figurar habilitados o registrados en el portal de la ATU ni a la captación de pasajeros en el estacionamiento de corta estancia.

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