Familiares Joseph Huashuayo -una de las víctimas del fatal accidente- exigen justicia. (Fotos: Alessandro Currarino / GEC)
Familiares Joseph Huashuayo -una de las víctimas del fatal accidente- exigen justicia. (Fotos: Alessandro Currarino / GEC)
Redacción EC

Joseph Huashuayo y Christian Buitrón Aguirre eran los dos jóvenes que murieron en la Av. Javier Prado luego de ser atropellados por la camioneta que manejaba , el 11 de octubre pasado. Dos meses después, la inminente liberación de la conductora ha significado un duro golpe para sus familias, que insiste en que la reclusión es importante para garantizar el desarrollo del proceso por homicidio culposo.

El último martes, la Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima reformuló el fallo que ordenaba prisión preventiva en su contra y dictó en su lugar comparecencia restringida. Asimismo, ordenó impedimento de salida del país por el plazo de cuatro meses y la obligación de cancelar S/30 mil de caución antes de ser liberada.

“Sentimos indignación porque no se están cumpliendo los cuatro meses de prisión preventiva. Los jueces [anularon el fallo] argumentando que tiene arraigo y eso no es valedero para nosotros”, dijo Fortunato Huashuayo, padre de uno de los fallecidos.

En diálogo con El Comercio, agregó que les llama la atención que en casos menos graves se mantenga la medida coercitiva. Puso como ejemplo lo ocurrido con Leonor Soledad Velásquez Gonzales (51), la profesora que en junio pasado hirió a a seis menores de edad luego de atropellarlos cuando conducía por el distrito de Miraflores. A ella se le dictó siete meses de prisión preventiva, de los cuales ha cumplido seis a la fecha.

“Sin haber matado a nadie igual hasta ahora sigue con prisión preventiva. Entonces, la justicia no es igual para todos”, enfatizó.

Por ello, Fortunato Huashuay agregó que buscarán algún mecanismo legal para evitar que salga de prisión antes de que termine el proceso. Sin embargo, al tratarse de una medida cautelar, no hay posibilidad de que la defensa de los agraviados pueda apelar la resolución de segunda instancia.

Para la abogada penalista Romy Chang los familiares podrían interponer un recurso de casación y plantear que hubo una incorrecta aplicación de alguna norma. Sin embargo, la letrada considera poco probable que pueda ser admitido debido a que Corte Superior de Justicia recoge los argumentos del Acuerdo Plenario que estableció nuevos criterios sobre la prisión preventiva.

Para Chang, el tema de fondo en el caso Melisa González Gagliuffi es que el proceso judicial se inicie lo antes posible para que se pueda establecer si la conductora es culpable o inocente del delito de homicidio calificado. “Se debe insistir al Ministerio Público para que rápidamente se formalice la acusación a fin de que haya una sentencia”, enfatizó a este Diario.

Contenido sugerido

Contenido GEC